Adolfo Pérez Esquivel

Mañana se conmemoran en Argentina los 200 años de la declaración de su Independencia del imperio español. En el tiempo transcurrido hubo muchas luces y sombras en el caminar de nuestros pueblos, en sus luchas y esperanzas por mantener y reforzar la independencia y la soberanía.

El Siglo XXI enfrenta a la humanidad con grandes desafíos de defender y resguardar la Vida, amenazada por los grandes intereses económicos y políticos, donde una minoría poderosa privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos.

Una vez más la justicia formoseña y el gobierno de la provincia se unen para descalificar y acusar a Felix Díaz y a los integrantes de la Comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) como los responsables de delitos que no cometieron. Si alguien es responsable de la violencia es el gobierno provincial y la total indiferencia del gobierno nacional.

En una nota de opinión firmada por Roberto Kozulj, en Página/12 del 6 de agosto, se cuestiona una nota de mi página web, donde señalo objeciones al acuerdo entre YPF y Chevron. Centralmente llama falaces a mis argumentos que, según su opinión, no aportan a “ningún debate fundado siquiera sobre temas calientes como soberanía, medio ambiente o desarrollo”. No obstante, sus críticas no responden a temas clave como los que planteo en mi nota.

"Cuando el gobierno argentino expropió el 51 % de la empresa Repsol de España habló de la nacionalización del petróleo y la recuperación de la soberanía, sin embargo ahora firmó un contrato con la empresa estadounidense Chevrón brindándoles ventajas inéditas. ¿Qué significa esto para nuestra soberanía nacional?"

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo, basado en el dictamen que elaboró la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para levantarle un embargo por US$ 19.000 millones a la Chevrón Corporation, otorgándole impunidad a una de las petroleras más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.

Las consecuencias que producen las fumigaciones sobre la salud y la vida de las personas expuestas involuntariamente a estas prácticas poseen la suficiente entidad como para ser calificadas como crímenes de lesa humanidad.

La Fundación Servicio Paz y Justicia hace conocer las cartas que ha enviado a la Ministra De Seguridad Nilda Garre y a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación por los violentos hechos ocurridos en San Isidro en la zona denominada Bosque Alegre un espacio natural recuperado en la ribera del río de amplia concurrencia pública.