Luego del desplazamiento de 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003 y ahora en 2011, por la violencia paramilitar los afrodescendientes de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica en Colombia, han desarrollado múltiples formas de promoción de la vida campesina y la salvaguarda de sus usos y costumbres.

12 días, en medio de amenazas de operaciones de las “Aguilas Negras”, en medio de amenazas de muerte a los afrocolombianos y a los gringos, en medio de la intensificación de las actuaciones empresariales con la extracción del fruto los afrocolombianos y mestizos, iniciaron la preparación de la tierra para la siembra, aunque aún esperan la restitución de la propiedad individual y colectiva de las tierras que han habitado ancestralmente desde hace más de 120 años. Y que desde hace 10 en desarrollo de operaciones paramilitares, les fueron usurpadas y ocupadas ilegalmente para ser sembradas en palma de aceite

Diagnósticos, Análisis, Propuestas Alternativas. Bogotá DC, 6, 7, 8 de agosto: "De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo se proyecta el destino de más de 3 millones de hectáreas para la siembra de palma. Al tiempo, el Documento de Política Social, y otras disposiciones, como la ley forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural proyectan la flexibilización de la titularidad colectiva, propician el desarrollo de mecanismos para legalizar la apropiación de tierras de los paramilitares, así como, la definición del destino de los suelos, de los bosques para responder a la demanda mundial de agrocombustibles"

Impactos ambientales socioeconómicos y efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas

El tiempo todo lo dejar ver a la luz, el sentido de la fuerte promoción que Uribe a la palma de aceite, allí donde tiene ocasión, empiezan a aflorar con toda nitidez de su propia boca. Desde ahí también se comprende la razón de ser de una ley como la 30 de Desarrollo Rural que flexibiliza, que niega los derechos territoriales conquistados, afirmados por pueblos y comunidades afrocolombianos y mestizos

En Colombia no se ha hecho una reforma agraria. No ha pasado de formalidades o de propuestas retóricas de la distribución de la propiedad de la tierra. La estructura agraria se mantiene desde comienzos de siglo pasado, ella expresa las relaciones de poder económico y político hegemónico

Desde el Curvaradó ante la ocupación ilegal de la propiedad de la familia PETRO por parte de URAPALMA, un texto hablado colectivo, un escrito de impresiones, desde esa región que quiere recuperar su biodiversidad, su dignidad, la justicia

La actuación del ejecutivo en la preservación, en la restitución y en las decisiones político administrativas para los Derechos de las comunidades y poblaciones que desde hace 10 años se encuentran afectadas profundamente por la práctica sistemática de la violencia socio política contra ellas evidencia una ausencia para enfrentar estructuralmente los problemas de fondo. La coincidencia de las violaciones de derechos humanos con el desalojo, la siembra de palma, la destrucción ambiental, y la negación de los Derechos a la supervivencia de pueblos afrocolombianos, indígenas y mestizos es evidente

Jiguamiandó y el Curvaradó son los nombres de Territorios que han salido de su anonimato y relativo ostracismo por las construcciones de afirmación integral de sus derechos que han hecho quiénes allí habitan: comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas ante sistemáticas violaciones de derechos humanos y la siembra de palma aceitera que ha sido posibilitada por la destrucción de vidas humanas. Las tierras invadidas con palma corresponden proporcionalmente a la extensión de Bogotá, con las que se ha exterminado centenares de especies y de sistemas de vida natural

Se trata no sólo de una flexibilización de los Derechos sobre la tierra reconocida a los pueblos afrodescendientes e indígenas si no de una negación profunda de sus derechos ancestrales, su identidad socio cultural, el desconocimiento de la igualdad y de la biodiversidad cultural que consagra la Constitución. La derogación sutil –pues se disfraza en discursos de participación y calidad de vida, conservación y desarrollo sustentable- de los derechos de los pueblos étnicos coincide con el proceso de institucionalización paramilitar a través de la cual se instaura un nuevo mecanismo de impunidad a través de la ley 975 de “Justicia y Paz” y las lógicas del mercado global excluyente antes incluso que se apruebe el Tratado de Libre Comercio

Operaciones militares y paramilitares de protección o de avanzada del proyecto agroindustrial han incursionado en territorios colectivos, han construido carreteras, talado bosques, excavado canales artificiales