"El Gobierno vuelve a defender los intereses de las empresas de la industria extractora de recursos naturales, desprotegiendo, criminalizando y judicializando a quienes luchan por la protección de su territorio en legítima defensa y ejercicio de derechos, contradiciendo el discurso oficial del Segundo Informe de Gobierno que muestra procesos de diálogo que no son tales sino meras imposiciones injustas para las comunidades y sus representantes y líderes comunitarios."
