Tres meses después de que la Asamblea Nacional concediera las amnistías, los procesos se entrampan en trámites burocráticos y alimentan nuevos casos de persecución. La crisis institucional del poder Legislativo impide la cristalización de los beneficios que deberían obtener las personas a las que se les concedió la amnistía el pasado 10 de marzo. La intención del gobierno de Guillermo Lasso, de impulsar actividades extractivas en todo el país, propicia la persecución y criminalización de líderes indígenas, abogados y organizaciones de la sociedad civil.
