El informe describe tres conflictos originados por la acción de varias empresas españolas: Repsol, ACS, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. En todos los casos analizados se han detectado patrones comunes en los impactos socioecológicos provocados y en la violación de derechos humanos cometidos. El documento muestra cómo la irrupción de las transnacionales en comunidades indígenas y campesinas ha supuesto una reconfiguración de las relaciones de género.
