Freddy Pacheco

Participarán unos 30.000 INVITADOS (técnicos, políticos, académicos, ninis, abogados, periodistas, etc.) que se reunirán del 12 al 17 de abril en dos ciudades de Corea del Sur, en el llamado “7º Foro Mundial del Agua”, convocado por los comerciantes internacionales del agua para, obviamente, fortalecer sus influencias en países como Costa Rica, donde algunos, al regresar, continúen haciendo lo posible por declarar el agua como un BIEN ECONÓMICO, más que como un bien social.

Por muchos años, y a partir de influencias políticas que ahora se quieren disimular, grupos creados a nivel nacional y centroamericano han podido invadir el campo de acción del manejo de los recursos hídricos, con el cuento de las asesorías.

"La construcción de una represa de 400 metros de cresta en la región del río cercana al Lago, con la que se espera detener totalmente su flujo hacia el Caribe, tendría indescriptibles consecuencias e impactos ambientales predecibles."

Con el cuento de la tal “Gestión integrada del recurso hídrico” que sirve de mampara al Banco Mundial y la GWP (Asociación Mundial del Agua) para sus procesos de privatización del recurso hídrico, los promotores del agua como bien económico, introducen en legislaciones nacionales esa turbia terminología para abrir camino a los intereses supremos de las transnacionales del agua.

El Código de Minería (1982) emitido cuando en Costa Rica y en el mundo muy pocos le prestaban atención al concepto de “desarrollo sostenible”, y mucho menos a lo que hoy conocemos como “estudios de impacto ambiental”, pone la carreta delante de los bueyes

Cuando en 1986 se aprobó el Código de Minería en la Asamblea Legislativa, Costa Rica vivía momentos especiales en cuanto a amenazas sobre los recursos naturales. Como solución a superar la "crisis" financiera que afectaba a la comunidad internacional y que muchos "enfrentaron" acogiendo las recetas privatizadoras del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica buscaba respuestas donde la ecología siempre se colocaba bajo la avasalladora economía. Y el Código de Minería es un ejemplo de esa tendencia utilitaria y antiambientalista.

En momentos en que el Estado costarricense acusa un déficit inmanejable para la atención de las necesidades sociales y económicas de los habitantes y la urgencia por una mejor infraestructura ejerce fuerte presión sobre la hacienda pública, somos testigos de extrañas propuestas nacidas del seno de organismos foráneos hasta ahora acostumbrados a imponer criterios pseudoconservacionistas, muchas veces sin sentido

Unos, los nuestros, pasan hambre, mientras otros, los de por allá, se hacen cada vez más ricos con recursos marinos pertenecientes al pueblo costarricense. ¡Y el Incopesca feliz regalando licencias a los socios de la cuestionada Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)!