Por muchos años, y a partir de influencias políticas que ahora se quieren disimular, grupos creados a nivel nacional y centroamericano han podido invadir el campo de acción del manejo de los recursos hídricos, con el cuento de las asesorías.

"La construcción de una represa de 400 metros de cresta en la región del río cercana al Lago, con la que se espera detener totalmente su flujo hacia el Caribe, tendría indescriptibles consecuencias e impactos ambientales predecibles."

Con el cuento de la tal “Gestión integrada del recurso hídrico” que sirve de mampara al Banco Mundial y la GWP (Asociación Mundial del Agua) para sus procesos de privatización del recurso hídrico, los promotores del agua como bien económico, introducen en legislaciones nacionales esa turbia terminología para abrir camino a los intereses supremos de las transnacionales del agua.

El Código de Minería (1982) emitido cuando en Costa Rica y en el mundo muy pocos le prestaban atención al concepto de “desarrollo sostenible”, y mucho menos a lo que hoy conocemos como “estudios de impacto ambiental”, pone la carreta delante de los bueyes

Cuando en 1986 se aprobó el Código de Minería en la Asamblea Legislativa, Costa Rica vivía momentos especiales en cuanto a amenazas sobre los recursos naturales. Como solución a superar la "crisis" financiera que afectaba a la comunidad internacional y que muchos "enfrentaron" acogiendo las recetas privatizadoras del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Costa Rica buscaba respuestas donde la ecología siempre se colocaba bajo la avasalladora economía. Y el Código de Minería es un ejemplo de esa tendencia utilitaria y antiambientalista.

En momentos en que el Estado costarricense acusa un déficit inmanejable para la atención de las necesidades sociales y económicas de los habitantes y la urgencia por una mejor infraestructura ejerce fuerte presión sobre la hacienda pública, somos testigos de extrañas propuestas nacidas del seno de organismos foráneos hasta ahora acostumbrados a imponer criterios pseudoconservacionistas, muchas veces sin sentido

Unos, los nuestros, pasan hambre, mientras otros, los de por allá, se hacen cada vez más ricos con recursos marinos pertenecientes al pueblo costarricense. ¡Y el Incopesca feliz regalando licencias a los socios de la cuestionada Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)!

"La organización estadounidense The Leatherback Trust, vinculada a “Conservación Internacional” y presidida por un ex-asesor del Pentágono, mientras admite que esa franja de 125m no corre tierra adentro por otro lado justifica e impulsa la expropiación forzosa de todos los bienes muebles e inmuebles que colindan con el límite de los 50m de playa... ¡Excluyendo eso sí!, el inmueble con nombre de “laboratorio” pero con patente turística, que el mismo “Trust” posee en esa franja de terreno…"

Financia decenas de proyectos en Costa Rica, canaliza sus poderosos recursos directamente o por medio de otros entes, trabaja de la mano de corporaciones que, como Intel, disimulan el impacto ambiental de sus actividades industriales, cuenta con aliados estratégicos en el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), la Asamblea Legislativa y otros organismos gubernamentales

Al indagar acerca de la llamada "Conservación Internacional" (CI) jamás imaginábamos el tipo de información que íbamos a encontrar

Al indagar acerca de la llamada "Conservación Internacional" (CI) jamás imaginábamos el tipo de información que íbamos a encontrar

Conforme se van haciendo evidentes los intereses ocultos de los que tras la máscara de la "cooperación ambiental", ponen bajo su dominio la biodiversidad de los países subdesarrollados, también van apareciendo signos positivos en entes gubernamentales y habitantes vigilantes.

Generalmente, cuando se trata de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la conservación ambiental, la tendencia es verlas con simpatía

Con ese mismo título enviamos en julio del año pasado un mensaje en que comentábamos la sinvergüenzada que nos tenían reservada los halcones petroleros de la Casa Blanca: la demanda por $57.000.°° millones de dólares (más de 23 billones de colones) que estaba gestionando la petrolera Harken Energy Corporation contra Costa Rica 'por el valor del petróleo que no pudieron extraer del subsuelo costarricense'