Despojo de tierras, amenazas, contaminación, violación de derechos laborales. Éste es el precio que la comunidad de Mapiripán tiene que pagar por hospedar un proyecto promovido por el Gobierno de Colombia supuestamente para desarrollar actividades legales en una zona plagada por el narcotráfico y la guerrilla. La situación de este municipio de la región de la Altillanura colombiana lleva tiempo bajo la lupa de medios y organizaciones locales.
