Jorge Agurto

Con la Declaración del Estado de Emergencia (ver aquí) en los distritos de la provincia de Islay, en Arequipa, el gobierno peruano inició la imposición autoritaria y militar de un proyecto anti-técnico y anti-social, que amenaza la actividad agropecuaria del próspero Valle del Tambo y abre una brecha con el sentir de la ciudadanía.

"Insistir en la necesidad de Tía María en base al canon minero, al crecimiento económico o a la inversión privada es tener una mirada de limitado alcance. Están de por medio los derechos humanos de una población que tiene el legítimo derecho de defender su estilo, sus medios de vida y su opción de desarrollo.... Si la viabilidad del proyecto fracasa no será por culpa de una conspiración antiminera, sino por la propia entraña y naturaleza del proyecto que lo hace inviable."

La aparición del informe alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT es una ocasión propicia para analizar una de las más grandes deudas históricas del Estado peruano: la titulación de las comunidades como expresión de los pueblos originarios.

Una publicación muy necesaria acaba de aparecer. Se trata de “Engañar es un arte que domina la Pluspetrol: ¿Cómo transformar un gran contaminador en una empresa ecológicamente sostenible y socialmente responsable?“.

Mientras la 30 Convención Minera Perumin que reúne al empresariado minero inunda los grandes medios mostrando el lado bueno de la minería el Foro Nacional de los Pueblos mostró la otra cara de la verdad, el rostro más terrible, doloroso y triste de la minería que ojalá todos los peruanos debieran conocer.

Una de las razones por las cuales la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua verá frustrado su cometido principal es que las autoridades de Estado han rehusado prestar su colaboración y proporcionar documentación clave para el esclarecimiento de los hechos.