José Díaz

La OMS ha enfatizado en cómo el cambio climático ha agravado la situación de la pandemia del coronavirus. El tráfico de animales salvajes, la deforestación y el subsidio a las industrias de combustibles fósiles vulneran la salud de la población humana y empeoran la crisis sanitaria y ambiental.

Un reciente informe ha revelado que en América Latina se han registrado 1 179 ataques a defensores ambientales en la última década. Brasil lidera la tabla seguido por México entre los países más agresivos con los ambientalistas. De todos esos casos solo existen 50 sentencias por el momento.

Al cierre de la gestión de Barack Obama e inicio de Donald Trump, el conflicto socio-ambiental más complicado en los Estados Unidos era la construcción del oleoducto Keystone XL entre este país y Canadá.

Cifras recientes demuestran que la Amazonía de estos países afronta una crisis debido al nivel de deforestación. La tala ilegal sería la principal actividad que estaría empujando a la selva sudamericana a niveles históricos de deforestación.

Corte de Montana suspendió la construcción del polémico oleoducto que llevaría petróleo entre Canadá y los Estados Unidos. Este fallo se considera un triunfo para las organizaciones ambientalistas y las poblaciones originarias de Norteamérica. Oleoducto había reiniciado sus labores de construcción luego de una orden unilateral de Donald Trump.

Proyecto turístico que implicaría atravesar áreas naturales protegidas y comunidades originarias se realizaría sin consulta previa. Futura gestión de López Obrador busca promover el turismo en territorio maya a costa de deforestar y alterar la vida de los pueblos indígenas. La ONU ha exhortado a realizar un proceso de consulta previa con las poblaciones afectadas.

Liderando la votación pasa a segunda vuelta Juan Imura, un candidato con concesiones mineras informales cercanas a la reserva de Tambopata. Lejos de proponer una urgente formalización, el favorito para gobernar Madre de Dios pretendería dilatar este proceso. El problema de titulación de las comunidades nativas es ignorado por los planes de gobierno que aspiran a liderar esta región.

En Colombia, solo en el 2017 han muerto 190 personas vinculadas al activismo social. Las mafias de terrenos serían las culpables en el país sudamericano. En tanto que los defensores ambientales también vienen siendo victimados, pues en el presente año han muerto 153 a nivel mundial. ¿Está el activismo social y ecológico en vías de extinción?