María Cruz Tornay Márquez

El último fallo en el enfrentamiento judicial entre la petrolera Chevron y el Estado ecuatoriano da la razón a la poderosa transnacional estadounidense, además de alargar un juicio que podría crear un precedente jurídico en los casos de contaminación ambiental en los que se ha visto implicada la empresa.

En la pasada década de los 90, Bolivia vivía una oleada de privatizaciones impulsadas por los organismos internacionales como parte de un proceso de ajuste estructural. La concesión del sistema de agua de la ciudad de Cochabamba a un consorcio de capital extranjero ponía en riesgo el acceso a las fuentes de agua para las comunidades regantes y los barrios periurbanos. Las movilizaciones por el derecho a un bien básico dieron lugar a la “Guerra del Agua”, una lucha convertida en la primera victoria al neoliberalismo y en el inicio de un proceso de cambio.

Las políticas del Gobierno del Ecuador incorporan como eje transversal el cambio de la matriz productiva y la transición energética hacia una economía postpetrolera que permita a la nación alcanzar los principios del 'buen vivir' o 'sumak kawsay'. Sin embargo, el estado pretende lograr el bienestar de la población a través de los recursos obtenidos por la explotación petrolera de la Amazonía, una decisión que pone en riesgo la pervivencia de las poblaciones indígenas y que ha llevado a las mujeres amazónicas a protagonizar la lucha por la defensa de la vida y del territorio.