Mayuri Castro

Luego de cinco años de la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, el 30 se septiembre último, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  Este tribunal internacional deberá atender una demanda que se centra en la violación sostenida de los derechos humanos de los pueblos que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, durante los últimos 17 años. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional.

En diciembre de 2019, un grupo de biólogos ecuatorianos y brasileños publicó una investigación que revelaba que en los afluentes de la cuenca alta del río Napo, en la provincia amazónica de Napo, los niveles de algunos metales pesados —cadmio, aluminio, hierro, cobre, zinc, níquel y plomo— son 500 veces más altos de lo permitido por normativas ecuatorianas y norteamericanas. Además, los sitios ubicados cerca de la minería de oro a pequeña escala y rellenos sanitarios presentaron concentraciones de 100 a 1000 veces más altas que los sitios clasificados como “poco amenazados”.