Ya va siendo hora de que l@s ecologistas y consumidor@s responsables demostremos, con los hechos, nuestro compromiso con las luchas campesinas abandonando la comida basura y los circuitos de comercialización globalizados abordando, fuera de injerencias partidistas, la defensa de la agroecología, el consumo responsable, el principio de precaución y la soberanía alimentaria.

"Sin denunciar las causas de la inseguridad alimentaria en Europa, la Alianza por la Soberanía Alimentaria se limita a la solidaridad con los campesinos europeos o con otros pueblos, pero no promueve aquí y ahora, la necesaria auto-organización de la ciudadanía en defensa de su derecho a una alimentación saludable, agroecológica y a precios justos, no sólo para los agricultores sino también asequibles para los consumidores."

El 4 de enero de 2011 ha estallado en la Unión Europea una nueva crisis alimentaria. En miles de granjas alemanas, la mayor parte en la Baja Sajonia, los piensos están contaminados por dioxinas. Su origen, el fabricante Harles & Jentsch, que empleó aceites industriales no aptos para el consumo animal o humano obtenidos de un productor de biodiesel.

La producción agroecológica campesina y el consumo agroecológico autogestionado no son posibles la una sin el otro. No es posible detener la destrucción del campesinado y de la naturaleza sin construir una nueva relación entre el campo y la ciudad, que cuestione un modelo modernizador que entrega el mando al beneficio privado y a la tecnología.

El Comisario de Sanidad y Protección al Consumidor de la Unión Europea, John Dalli, inauguró su cargo el 2 de marzo de 2010, autorizando 3 importaciones de maíces transgénicos de Monsanto y la siembra comercial de la patata transgénica "Amflora" de la multinacional BASF.

"¿Qué defensa de la Agroecología supone mantener dentro de sus sindicatos un sector agroecológico marginal y decorativo, en medio de políticas de producción industrial para los mercados mundiales, cargada de químicos y transgénicos? ¿A qué Política Agraria Común aspiran si sólo sacan a los agricultores a la calle, cuando sube el petróleo, bajan los precios, se recortan las subvenciones o se amplían los contingentes de importación del norte de África por los acuerdos Euromediterráneos?"

La capacidad de una población para disponer de alimentos nutritivos en cantidad y calidad suficiente (seguridad alimentaria), es un derecho humano de primer orden y la condición para el desarrollo integral de las persona. La economía de mercado no persigue la seguridad alimentaria sino obtener beneficios en el mercado mundial. El hambre y la comida basura tienen su origen en la mercantilización, industrialización y globalización de los alimentos.

La República de Irlanda se ha proclamado “Zona Libre de Transgénicos” y va a introducir un logo “libre de transgénicos” para todo tipo de alimentos incluidos carne, aves, huevos, pescado, crustáceos y productos lácteos, para evitar el vacío legal del etiquetado de los alimentos transgénicos reducido a los vegetales.

La crisis alimentaria producto de la industrialización y mundialización de los alimentos, además del hambre y la comida basura genera nuevas amenazas, las epidemias mundiales o pandemias. El virus de la crisis alimentaria es el mismo que el de la crisis de las migraciones, las guerras por el control energético, las hipotecas, los despidos y la privatización sanitaria: la economía de mercado mundial, el libre comercio de alimentos, servicios y mercancías.

"La PAC es una política agraria que favorece la producción para la exportación. Su estructura central, acordada en el Tratado de Roma (1957), no ha variado en lo esencial. A través de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs)[4], persigue favorecer a los productos agrarios europeos, tanto en el mercado interior de la UE, cada vez más amplio, como en los mercados mundiales".

Las instituciones políticas como la FAO, al servicio del mercado global, son responsables de que en estos 60 años, no sólo no se ha resuelto el problema del hambre, sino que dicho problema se ha agravado

La Declaración Universal de los Derechos Humanos considera el derecho a la alimentación y al bienestar nutricional como un derecho fundamental. Pero la economía moderna no produce los bienes y servicios que necesita la población, sino las mercancías que generan beneficios. Las necesidades humanas básicas, incluida la alimentación, quedan subordinadas a esos beneficios. Con ello la lógica de la vida es subordinada a la producción industrial de alimentos para el mercado mundial.

En sus principios, la producción y el consumo ecológicos no cuestionan la lógica mercantil propia de la agricultura industrial, ni tampoco su modo de distribución globalizada. Su discurso no tiene en cuenta el hambre de mil millones de personas, ni la desaparición de la agricultura familiar y campesina. El crecimiento del consumo ecológico, con el apoyo de los gobiernos y la complacencia de los sectores sociales con alto poder adquisitivo, es alentado por las multinacionales de la alimentación, sobre todo por las cadenas internacionales de distribución a través de las grandes superficies y por los suministradores de insumos* y tecnología a unos productores ecológicos cada vez de mayor escala, más competitivos

Tanto el PP como el PSOE intentan legalizar la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos. La coexistencia normalizada de los cultivos transgénicos con los no transgénicos significa aceptar la contaminación segura de los primeros sobre los segundos y también la transferencia de genes resistentes a antibióticos y plaguicidas, desde las semillas transgénicas a otras plantas y seres vivos

Este artículo explora las dificultades para abordar una verdadera seguridad alimentaria sin afrontar, a su vez, las consecuencias en salud, ecológicas, sociales y económicas del modelo de alimentación actual. Comienza demostrando la falacia teórica y empírica de promover el desarrollo de los pueblos a través de la liberalización del comercio. Por el contrario, su despliegue ha causado mayor inseguridad alimentaria, pobreza y pérdida de autonomía de los Gobiernos y de las personas, para resolver dichos problemas