Raymundo Espinoza Hernández

La reforma energética se ha concretizado en una serie de proyectos extractivos y de infraestructura –entre ellos 13 gasoductos– que han puesto en vilo a los pueblos originarios de diversas regiones del país.

Con el objetivo de garantizar los intereses de las grandes empresas trasnacionales, que pretenden controlar el sistema agroalimentario mundial en contra de la seguridad y la soberanía alimentarias de la Nación, el Estado ha impuesto a la sociedad mexicana un complejo entramado normativo e institucional que promueve y facilita la producción, circulación y consumo de organismos genéticamente modificados.

El Estado mexicano ha celebrado procesos de consulta altamente cuestionados. Los elementos comunes en todos los casos incluyen la manipulación de los procesos y la violación de sus principios y reglas elementales. Los casos más conocidos son el de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, el de la Tribu Yaqui en Sonora, el del Municipio de Cherán en Michoacán y el de la Soya Transgénica en la Península de Yucatán.

La libre determinación, el territorio y la autonomía frente a las patentes, los derechos de obtentor y el sistema sui generis: "Los regímenes de patentes y derechos de obtentores no se entienden sino como mecanismos de garantía para la extracción de plusvalor extraordinario en el marco del desarrollo de tecnología capitalista productora de valores de uso nocivos."

Las autoridades mexicanas violan los derechos de las personas no sólo como resultado de un acto ilegal derivado de la inobservancia de una o varias normas jurídicas. En muchas ocasiones y cada vez con mayor frecuencia, las autoridades violan los derechos de las personas usando las normas jurídicas que previamente han modificado o establecido de espaldas a la sociedad o contrariando los principios sustanciales del Estado de Derecho. Para cumplir con su cometido, empresas y autoridades en conjunto violan los derechos humanos en contra de la ley o con la ley en la mano.

Los productos transgénicos han invadido México sobre la base de un complejo entramado normativo e institucional que el Estado ha impuesto para garantizar los intereses de las grandes empresas trasnacionales, que pretenden monopolizar el mercado mundial de semillas y la producción de alimentos en contra de los derechos humanos. La contaminación transgénica, el acaparamiento de tierras y el ataque a la agricultura tradicional forman parte de esta enajenación del campo mexicano.

El sitio de Xochicuautla. Las autoridades mexicanas decidieron emplear un recurso letal y de última instancia contra la resistencia de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla: el decreto presidencial expropiatorio. Con éste se pretende legalizar el despojo de un territorio indígena convirtiendo una causa de utilidad privada en causa de utilidad pública.

"Un decreto de expropiación presidencial, por más que sea superficialmente un acto legal y en apariencia cumpla con las formalidades jurídicas del caso, puede ser también no sólo un acto ilegítimo y un delito, sino un abuso de poder en tanto violenta derechos fundamentales de las personas, colectivos y comunidades afectadas. En México, los gobiernos neoliberales violan los derechos humanos en contra de la ley o con la ley en la mano, eso lo tenemos todos muy claro."