"Hay una acometida a favor de dicha privatización ya sea con la creación de oficinas especializadas para la transferencia de la tecnología y la innovación; con la presencia constante de comentarios a favor en los programas de difusión de las mismas universidades; con talleres promovidos por algunos de sus departamentos en colaboración con organismos internacionales e incluso con la elaboración de políticas y reglamentos relacionados con la llamada “protección y fomento” de la propiedad intelectual. Toda esta acometida carece de un análisis crítico y un debate amplio de todas las escuelas y centros de las universidades, indispensables antes de tomar decisiones sobre un tema de primera importancia para su presente y futuro."

En 1994 y 1995 entraron en vigor dos tratados multilaterales. El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), de corte socio-económico-ambiental, y el acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) administrado por la OMC. En el caso de Costa Rica ambos tienen el mismo rango constitucional superior a las leyes nacionales. A pesar de su equiparación legal, los objetivos del CDB -el uso sustentable de los recursos y elementos de la biodiversidad y la correspondiente distribución justa y equitativa de los beneficios- han ido cediendo el paso a las exigencias del comercio internacional que en los últimos años se están expresando en una avalancha de tratados de inversión y de libre comercio bilaterales

El caso del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana. Es evidente que los tratados comerciales subordinan las cláusulas sociales y ecológicamente más progresivas de los acuerdos ambientales cuando existe la más remota posibilidad de incidir en los objetivos de ganancia de los inversionistas y los prestadores de servicios entre los que inesperadamente incluyen a los bioprospectores. Es igualmente claro que, para lograr sus objetivos, países como Estados Unidos están siguiendo estrategias de trabajo en frentes múltiples y simultáneos

El compromiso adquirido por el país en materia de propiedad intelectual dentro del TLC-EUCA corresponde a un “mínimo” que no puede dar marcha atrás. Esto significa que, la esperanza de algunos por seguir luchando dentro de acuerdos internacionales como los ADPIC, el CDB, el Tratado de las Semillas de la FAO o el Régimen Internacional de Acceso a los Recursos Genéticos para que se den reinterpretaciones que modifiquen a nuestro favor las obligaciones adquiridas en materia de propiedad intelectual sobre los seres vivos, está totalmente perdida

Los países centroamericanos han sido dotados por la naturaleza con una gran biodiversidad, incrementada y protegida por el trabajo de indígenas y campesinos a lo largo de los años. La ganadería extensiva y la agricultura monocultivista, sólo posible con los paquetes de agroquímicos propiciados por la Revolución Verde, contribuyeron a erosionar la diversidad biológica al igual que erosionaron, con efectos mutuos, la diversidad cultural. Apuntalaron el problema algunas políticas públicas, pilares de los modelos de desarrollo en los se insertaron aquellos y otros cambios. De allí el interés en conocer ahora los efectos que, de ratificarse, tendría en la biodiversidad costarricense el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (TLC-EUCA) al implantar una de las más agresivas políticas públicas de los últimos años