Pedido de adhesión a comunicado por represión al pueblo mapuche en Chile y Argentina

Les escribimos para solicitarles su adhesión a este comunicado que denuncia el marco represivo y criminalizador que esta viviendo el Pueblo Mapuche a ambos lados de la cordillera. Será publicado con firmas de organizaciones mapuche, chilenas y argentinas, por lo que les pedimos la máxima difusión de la solicitud de adhesión.

Cerraremos la recolección de adhesiones el día domingo 1 de octubre a las 21:00. El comunicado se hará público el lunes 2 a la mañana, hasta entonces les agradecemos que no difundan el contenido del texto.

Recibimos las adhesiones en nuestro correo moc.liamg@gra.atnubaram

Saludos fraternos
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La represión contra el Pueblo Mapuche es una sola de los dos lados de la cordillera

Las abajo firmantes, organizaciones, comunidades y personas mapuche, argentinas y chilenas, denunciamos la escalada represiva en contra del pueblo mapuche que, como tantas veces durante los largos siglos coloniales, se ha radicalizado en los últimos meses. En este tiempo se realizaron decenas de allanamientos, detenciones, e imputaciones, vulnerando los derechos supuestamente consagrados contra estas comunidades. La desaparición de Santiago Maldonado es parte de esta ofensiva colonial que en ambos lados de la cordillera reprime al movimiento mapuche.

En Puelmapu/Argentina desde hace algunos años los poderes empresariales-gubernamentales buscan agitar la amenaza de una supuesta “guerrilla terrorista mapuche”. El actual gobierno de Mauricio Macri a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha ido un paso más al nacionalizar el proceso de construcción de un enemigo interno en zonas como Vaca Muerta (Neuquén) y Cushamen (Chubut). En ese marco fue detenido el Lonko Facundo Jones Huala para enfrentar un segundo proceso de extradición a Chile, donde fue judicializado por participar de un proceso de defensa territorial en Río Bueno.

Desde entonces las masivas muestras de solidaridad con el Lonko comenzaron a ser reprimidas, hasta el punto que el 1 de agosto al interior de Pu Lof (las comunidades) en Resistencia del Departamento de Cushamen fue desaparecido el militante social Santiago Maldonado, solidario con la causa mapuche. La responsabilidad de esta desaparición forzada en democracia recae en Gendarmería y en el Gobierno Nacional, toda vez que el operativo estuvo dirigido por el jefe de Gabinete de la Ministra Bullrich, Pablo Noceti. Desde entonces el gobierno, en complicidad con los principales medios de comunicación y el poder judicial, ha buscado una y otra vez desviar su responsabilidad sobre el hecho.

Además de los allanamientos en Cushamen, han sufrido intentos de desalojos las comunidades Fuxa Trayen, Campo Maripe y Raquituwe (Neuquén) y la quema de una casa en el Lof Vuelta del Río (Chubut). Al mismo tiempo en los diversos allanamientos y marchas de solidaridad han sido detenidas diversas personas en Buenos Aires (38), Neuquén (3 comuneros de Fuxa Trayen), Mendoza (2), Bariloche y Cushamen (10 detenidos/as del Lof Cushamen), totalizando 53 detenidos/as a los que se suma el Lonko Facundo Jones Huala.

Por su parte en Ngulumapu/Chile, uno de los países modelo de la represión a los indígenas en el continente, se está viviendo un marco aún más violento que el acostumbrado en los últimos años. El 7 de junio cuatro presos –Ariel, Benito y Pablo Trangol y el Lonko Alfredo Tralcal– iniciaron una huelga de hambre, tras cumplir más de un año de prisión preventiva, procesados por la Ley Antiterrorista. Estas largas medidas cautelares (como la prisión preventiva) más allá de buscar condenas efectivas lo que pretenden es criminalizar a los/as líderes del movimiento mapuche y disminuir la presión de las demandas en las comunidades.

Es el caso de los/as diez detenidos/as por el Caso Luchsinger Mackay quienes se encuentran con diversas medidas cautelares desde abril de 2016, y cuyo juicio está en proceso. Todas estas personas fueron detenidas debido a la supuesta delación de un único testigo protegido, quien posteriormente se retractó de sus declaraciones. Además, de este grupo también fueron inculpados dos machi (autoridades espirituales): Francisca Linconao (que enfrenta un segundo proceso por esta causa) y Celestino Córdoba, condenado a 18 años de cárcel, aunque no fue encontrado culpable.

Esta persecución llegó a un punto máximo con la detención de ocho referentes mapuche el día sábado 23 de septiembre en el marco de la “Operación Huracán”. Al día siguiente el tribunal de Temuco permitió que las ocho personas quedaran detenidas a pesar de no contar con pruebas contundentes: solo conversaciones por aplicaciones de mensajería que en ningún momento se ha probado que provengan de los celulares de los peñi. Este marco represivo es parte de un histórico actuar de los gobiernos chilenos en la posdictadura: negar el contenido político de la demanda mapuche para abordarla como hechos policiales.

Entendemos que toda esta represión y negación de derechos en contra de las comunidades mapuche y otros pueblos indígenas en ambos países, se debe a que sus territorios son codiciados por el capital nacional y trasnacional que busca desarrollar en ellos actividades como la minería, la extracción de hidrocarburos, las plantaciones forestales y el agronegocio, entre otros. Ese modelo extractivo es el sostén económico del modelo político a ambos lados de la cordillera, más allá de las aparentes diferencias entre unos y otros gobiernos (los actuales y los pasados).

La represión a las comunidades indígenas, entonces, no es más que una condición necesaria para el desarrollo del capitalismo que promueven estos gobiernos. El intento de desarticulación de la demanda política y social mapuche ha requerido de la complicidad de gobiernos, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y empresarios. Del mismo modo se ha articulado a nivel binacional: para reprimir al Pueblo Mapuche, los Estados de Argentina y Chile no hacen diferencia, como demuestra la reunión que sostuvieron el viernes el Mahmud Aluy, Subsecretario del Interior de Chile con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina para coordinar la política represiva a ambos lados de la cordillera.

Sin embargo el Pueblo Mapuche sigue viviendo, sigue dando su lucha incansable en contra de un colonialismo que no cesa, desde el genocidio que ambos estados cometieron para integrar a estas comunidades dentro de sus fronteras. En ese sentido nos mostramos abiertamente hermanados/as, solidarios/as y compañeros/as de estas comunidades en lucha. Porque entendemos que, más allá de las diversas perspectivas, el único camino para frenar el avance capitalista en nuestros territorios es la unidad de acción.

Libertad a los/as presos/as por luchar

Aparición con vida de Santiago Maldonado, el Estado es responsable

Por la anulación de las leyes antiterroristas en Chile y Argentina

Recibimos las adhesiones en nuestro correo moc.liamg@gra.atnubaram

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Pueblos indígenas

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