Argentina: radiografía del capitalismo agrario, peligro para la soberanía alimentaria, por Norma Giarracca

El Censo Nacional Agropecuario 2002 (1) presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó resultados que ya habían sido anunciados por los especialistas. Las políticas implementadas en los años 1990 condujeron a una fuerte concentración de la tierra y a una disminución de la diversidad productiva, dos fenómenos que amenzan la soberanía y la seguridad alimentarias en Argentina

Los datos presentados por el INDEC sobre el Censo Nacional Agropecuario (CNA) realizado en 2002, muestran una fuerte caída de la cantidad de explotaciones agropecuarias del país: un 24,5% menos que en 1988. Pero la proporción aumenta sustancialmente en provincias como Buenos Aires (-33%), Córdoba (-36,4%), Neuquén (-41,4%), Tucumán (-41,2%), Corrientes (-35,7%), San Luis (-39,3%) y Mendoza (31,6%). Esta tendencia a la concentración agraria había sido anunciada por estudios académicos, consultoras privadas y el mismo INDEC.

A fines de los ’90 se calculaba que desaparecían 435 tambos lecheros por año; en tanto que algunos trabajos académicos estimaban una disminución de explotaciones en el Alto Valle del Río Negro, en Santa Fe y en Tucumán. Algo similar anticipaban los estudios sobre la Región Pampeana. Eduardo Basualdo, a cargo del equipo de investigaciones económicas de FLACSO, había adelantado hace tiempo la centralización agraria y medido la concentración de la tierra (con fragmentaciones ficticias) (2). Por otra parte, en 1999, Miguel Murmis se refirió a los “megaempresarios” con notoriedad periodística, como George Soros, con campos en el Noroeste y el Noreste, en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y el grupo Benetton expandiéndose hacia el sur (3).

Según el CNA, la superficie media por explotación para el año 2002 es de 538 hectáreas; 68 más que en 1988 (470 hectáreas). Esta cifra es muy significativa, comparada con los promedios de las explotaciones agrarias de Estados Unidos, que no superan las 200 hectáreas, o de la Unión Europea: menos de 50. En Estados Unidos, sólo en los Estados de Nuevo México, Nevada, Wyoming y Arizona existen ranchos cercanos a las 2.000 hectáreas. En Argentina, los “megaempresarios” agropecuarios poseen extensiones de hasta 350.000 hectáreas.

Estos rasgos del campo argentino son el resultado de una década de políticas neoliberales (si se considera la “omisión” como una política). A mediados de los ’90 se produjeron, por un lado, fuertes bajas en los precios internacionales de los productos argentinos, y por otro, marcados cambios en las condiciones internas generadas por la convertibilidad, las privatizaciones y la desregulación total del sector (4). En tal contexto, el camino elegido por los más fuertes actores económicos, con el apoyo del Estado y con la ayuda de un eficaz dispositivo comunicacional, fue “la salida hacia adelante”: aumento de la producción agropecuaria con especialización en oleaginosas y de la exportación de sus derivados. Para ello se optó por nuevas tecnologías (las semillas transgénicas), nuevas prácticas agronómicas (la siembra directa) y por organizaciones empresariales con determinadas escalas de producción, complementadas por contratistas, subcontratistas y terceristas. El territorio elegido fue el país en su conjunto. Esta decisión comportaba cambios en las orientaciones productivas y en la estructura social agraria, con la consecuente desaparición de muchos agricultores.

Los datos del CNA evidencian esta transformación: en tres regiones del país –el Noroeste, el Noreste y la Región Pampeana– se observa, con relación a 1988, un aumento del 138%, 86% y 60% respectivamente de la superficie implantada con oleaginosas (mayormente soja); un escaso 23% de aumento de la superficie implantada con cereales en la Región Pampeana; y una significativa disminución de la superficie implantada con cultivos industriales en el Norte. Los cultivos industriales fueron los que conformaron el espacio social y rural de las economías regionales: la caña de azúcar en Salta, Jujuy y Tucumán; la yerba mate, el té y el tabaco en el litoral; la vinicultura en Mendoza, etcétera.
Es decir, el fuerte aumento de la producción de soja se produjo en detrimento de otros cultivos agropecuarios: los tambos en Santa Fe y Córdoba, la caña de azúcar y la horticultura en Tucumán; las yungas salteñas; los árboles frutales, las leguminosas, lentejas y arvejas, el ganado porcino en la provincia de Buenos Aires, etc. Y también en detrimento de una gran cantidad de campesinos con propiedad veinteñal (más de 20 años ocupando la tierra), desalojados por los nuevos inversionistas sojeros con el beneplácito de funcionarios provinciales.

En el nivel productivo, el sector agrario logró cosechas récord y valores de exportación de las manufacturas de origen agropecuario cuyos niveles se duplicaron en una década. Los actores económicos que llevan a cabo esta transformación –poderosas empresas como Monsanto, Siderca, Novaris; exportadores; grandes productores que se expanden, etc.– se ubican en posiciones relativas muy ventajosas, gracias a la muy alta rentabilidad que les proporciona la extrema fertilidad de la tierra argentina. También se benefician otros sectores en forma directa o indirecta: contratistas, terceristas, estudios agronómicos, grandes comercios de agroquímicos y de productos para el agro, fabricantes de maquinaria, bancos, empresas aseguradoras, una franja de productores medios que toman más tierra, publicaciones agraristas que reciben avisos, etc. Es probable que algunas poblaciones no inundadas del interior de la Región Pampeana se vean asimismo beneficiadas con esta expansión.

No obstante, deben plantearse los siguientes interrogantes. ¿A qué cantidad de población nos estamos refiriendo? ¿Tiene sentido poner a disposición y en riesgo el mejor recurso natural de Argentina para beneficiar a un número tan bajo de personas? Los aportes al Estado de las retenciones a las exportaciones (fuertemente resistidas por los productores), ¿constituyen un beneficio suficiente para la población en general? Y es necesario plantearse también una cuestión fundamental: ¿este nuevo modelo agropecuario tiene algo que ver con la pobreza, el hambre y la desnutrición de la mitad de la población del país? Aunque resulta muy difícil responder categóricamente a este último punto, se sabe con certeza que los pequeños y medianos productores (hasta 200 hectáreas) no pudieron ingresar al nuevo “modelo sojero”, mientras que anteriormente, con la rotación productiva de sus 50 ó 100 hectáreas vivían dignamente, daban trabajo a su familia y a terceros, educaban a sus hijos y renovaban sus equipamientos agrarios. La desaparición de esta franja de productores que consumían y operaban en el lugar derivó en consecuencias nefastas para los poblados y ciudades intermedias que están rodeados por el campo y que vivían de sus actividades vinculadas (talleres mecánicos, pequeños comercios de insumos agropecuarios, aseguradoras, cooperativas, etc.). En la mayoría de los pueblos y pequeñas ciudades del interior se registra un gran deterioro económico-social.

Por último, la especialización en un solo producto, la soja transgénica, que genera serias dudas en cuanto a su calidad nutritiva, es una renuncia a la soberanía y seguridad alimentarias. Con el auge sojero, disminuyeron otras producciones alimentarias como, por ejemplo, la leche. Los aumentos de los precios de los alimentos –en algunos casos a causa de estas disminuciones en la producción y en otros por la preferencia exportadora de los productores– sumados al grado de deterioro de los niveles de ingresos más bajos de la población y a la presencia de las fuertes cadenas de supemercados, condujeron a situaciones de hambre y desnutrición históricamente desconocidas en Argentina.

Un país que aspire a la soberanía y seguridad alimentarias necesita una agricultura que produzca, en primer lugar, alimentos variados, sanos y accesibles para su población y, en segundo lugar, para las oportunidades del mercado externo.
Una agricultura con muchos agricultores, pueblos y ciudades prósperos a su alrededor, y actores económicos conscientes y responsables por el recurso fenomenal que tienen en sus manos. El modelo agrario que el CNA insinúa, y que serios estudios académicos analizan con mayor detenimiento, conduce a la profundización de la crisis que actualmente vive Argentina en materia alimentaria y de desarrollo regional y local; situación que amerita un debate nacional y no sólo comentarios entre los usuarios del Censo.

1 Censo Nacional Agrocupecuario 2002, resultados provisionales. Dirección electrónica: www.indec.mecon.ar
2 Eduardo Basualdo y J. Bang, Los grupos de sociedades en el sector agrario pampeano, FLACSO-INTA, Buenos Aires, 1997.
3 Miguel Murmis, “El agro argentino: algunos problemas para su análisis”, en Norma Giarracca y Silvia Cloquell (comp.), Las agriculturas del Mercosur. El papel de los actores sociales, La colmena, Buenos Aires, 1999.
4 Dossier “Problemas del sector agropecuario argentino”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur,
Buenos Aires, diciembre de 2001.

Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2003
http://www.eldiplo.org/

Norma Giarracca: Coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA). Miembro del Foro de la Tierra y la Alimentación.

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