Argentina: Córdoba, deforestación y consecuencias socio ambientales
"En la central provincia argentina de Córdoba, la prosperidad del campo contrasta con un panorama ambiental desolador: el distrito ostenta la tasa más alta de deforestación de todo el país y hay numerosas localidades sin agua debido a las alteraciones climáticas provocadas por desmontes."
Dra. Renee Isabel Mengo. E.C.I-U.N.C
Presentación
En Latinoamérica, el advenimiento del Nuevo Orden Mundial, significó la implementación del Neoliberalismo económico a partir de los 90.
Los procesos de reforma llevados a cabo en la Argentina en la década de los noventa se inscriben en el movimiento reformista internacional que se promueve en la mayoría de los países de América Latina, la comprensión de dichos procesos implica inscribirla más allá de las fronteras nacionales para entender los procesos de configuración. En este contexto, comienza un vertiginoso cambio en la estructura productiva agropecuaria que llega a la actualidad; su impacto no es analizado por el cambio en si mismo que siempre es necesario, sino por la metodología aplicada cuyas consecuencias ya se avizoran, unidas al cambio climático mundial.
En la central provincia argentina de Córdoba, la prosperidad del campo contrasta con un panorama ambiental desolador: el distrito ostenta la tasa más alta de deforestación de todo el país y hay numerosas localidades sin agua debido a las alteraciones climáticas provocadas por desmontes ([1]).
Esta presentación apunta a llamar a la reflexión y resguardo del territorio cordobés para nuevas generaciones.
Mapa de Argentina (destacada en bordo la Pcia de Cba).([2])
Córdoba, Salta y Santiago del Estero son apenas tres de las siete provincias argentinas donde el proceso de destrucción de bosque nativo es ”más intenso”, según el informe de la Dirección de Bosques Nacionales. El organismo señala que en todo el país se pierden sin remedio unas 200.000 hectáreas de bosques al año. Lo mismo sucede en Santiago del Estero, al norte de Córdoba, y el Movimiento Campesino de esa provincia, antes eminentemente forestal, logró junto con otras agrupaciones una moratoria de seis meses para frenar la tala de bosques.
Un estudio publicado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ([3]) revela que, entre 1998 y 2002, la provincia de Córdoba perdió el 2,93 por ciento de sus bosques en cada año. Pese a las impresiones generalizadas, esa tasa de deforestación anual representa un nivel mucho mayor al que se registró, en el mismo período, en provincias como Chaco, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Jujuy ([4]). La tasa se calcula según la superficie de bosques al inicio y al final del período analizado. Se ha calculado que la tasa promedio para el mundo es -0,23 por ciento. O sea, que cada año el mundo pierde un 0,23 por ciento de sus bosques, una cifra muy inferior a la registrada en Córdoba.
En el Chaco se deforestaron, en el período estudiado, casi tantas hectáreas como en Córdoba: 117.974 hectáreas. Sin embargo, la tasa anual de deforestación alcanza a “apenas” el -0,57 por ciento. Es obvio: Chaco posee superficies forestadas infinitamente mayores que Córdoba. Lo que queda claro, según las cifras, es que la velocidad con que han ido desapareciendo los bosques en Córdoba no tiene casi parangón.
La deforestación de llamado Parque Chaqueño en la provincia de Córdoba, entre 1998 y 2002, alcanzó a 122.798 hectáreas. Las zonas con mayor superficie deforestada se encuentran en los departamentos de Ischilín, Tulumba, Río Seco, Cruz del Eje y Río Primero, en las planicies próximas a las sierras. Como consecuencia, hoy la mayor parte del paisaje se encuentra cubierta por bosques secundarios y sólo existen reductos de bosque en buen estado de conservación. Además, como parte del mismo proceso, unas 16 mil hectáreas de tierras forestales se han fragmentado en el mismo período, por lo que han pasado a ser bosques rurales.
La situación del bosque nativo cordobés llegó a su punto límite en 2002, cuando además de un siglo de involución –que redujo los 13 millones de hectáreas a sólo 500 mil– los incendios forestales arrasaron 34 mil hectáreas. Esto marcó un hito desde el que la Agencia Córdoba Ambiente elaboró varios proyectos para poner bajo protección las áreas de bosques ( [5]).
Avance del monocultivo soja
En los últimos años la soja se transformó en el principal cultivo de exportación de Argentina, y Córdoba se volcó masivamente a producir la leguminosa para el mercado mundial. Con la devaluación monetaria de 2002 los beneficios se multiplicaron ([6]). La extensión del monocultivo no tardó en mostrar su contracara. Según datos de la Dirección de Bosques del gobierno nacional, Argentina afronta ”la deforestación más fuerte de su historia” debido ”al reemplazo de bosques por soja”, y Córdoba es la provincia donde el proceso fue más devastador.
En la última década, junto con el incremento del cultivo, la provincia perdió cada año, en promedio, tres por ciento de sus bosques nativos. De las 10 millones de hectáreas de bosques que había hace un siglo, queda apenas 12 por ciento. Pero la peor destrucción se registró en las sierras, donde hay sólo dos por ciento de la superficie boscosa original.
”Las sierras son esponjas que absorben el agua y la van liberando a lo largo del año. Pero al deforestar en gran escala, el agua de lluvia escurre rápidamente para abajo como si se deslizara por una autopista”, explicó Montenegro de la (Funam), con sede en Córdoba. En este contexto, la Agencia Córdoba Ambiente, -organismo del gobierno provincial encargada de los temas ambientales-, elaboró un proyecto muy controvertido, transformado en la ley 9.219 que ”prohíbe el desmonte total” por 10 años pero permite ”intervenciones sustentables” en el bosque nativo ([7]). Esa medida se apoyó en un acuerdo previo con productores agropecuarios, cuestionado por grupos ambientalistas porque los mantuvo al margen de la discusión, al igual que a los académicos. La norma prevé multas, arresto, suspensión de actividades, inhabilitación, clausuras y decomisos para sus infractores. Y para controlar que se cumpla se apelará al sistema de imágenes satelitales que registran el mapa de los bosques con periodicidad semanal.
”Es una medida irracional, sin base técnica, y hará que las futuras generaciones en Córdoba se queden sin agua”, alertó. ”Si (las autoridades) no pudieron evitar que se llegara a este punto (de deforestación), tampoco van a poder controlar con esta ley”, desconfió Montenegro, y denunció además que los productores que intervinieron en la redacción de la norma ”son los principales responsables del espantoso desmonte que sufrió la provincia”. ”La prohibición absoluta de deforestar y las penas de prisión para los que desmonten son instrumentos que van a llegar en unos años más, pero el problema es que lo harán cuando ya sea muy grave el problema actual de la falta de agua”, alertó Montenegro.
Pérdida de la propiedad y exclusión social
La extensión de la frontera agropecuaria llevó hacia el norte provincial el problema de las fumigaciones y su eventual impacto en la salud ([8]). Cabe recordar que, sólo en el departamento Río Seco, se limpiaron unas 100 mil hectáreas de bosque nativo en la última década para sembrar en ellas soja, maíz y sorgo, según consta en un relevamiento realizado por la delegación en Villa de María de Río Seco, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. El mayor rendimiento de los campos sembrados, se sabe, depende en buena medida del uso de fertilizantes y agroquímicos apropiados ([9]).
En la región norte de la provincia, la delegación estuvo reunida con miembros de la Asociación de Productores del Norte de Córdoba (APENOC), Asamblea de Regantes de Iglesia Vieja y Las Abras, Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (O.C.U.N.C), Organización de Trabajadores Barriales Unidos (OTRABU), la Unión Campesina del Noreste de Córdoba (U.Ca.N) y la Unión de Campesinos de Traslasierra (UCATRAS) ([10]).
La delegación recibió innumerables denuncias relacionadas en particular a los conflitos por la tenencia de la tierra y acceso al agua. También fue posible verificar dos de los casos denunciados: desalojo de Dona Ramona Bustamante y Dique Pichanas). La delegación fue informada de la gravedad de la situación de la tenencia de la tierra en el norte de Córdoba, agudizados en el período reciente por la expansión de la frontera agrícola y la ausencia de una política regulatoria de la titularidad de la tenencia de la tierra de las comunidades campesinas, además de su abandono por parte de las instancias del Poder Judicial. En Informe presentado a la Misión, la U.Ca.N apunta que, partir de década de 1990, se ha venido verificando el avance de la frontera agrícola hacia el norte, sobre “territorios tradicionalmente utilizados para explotación forestal y la producción familiar de pequena escala. El cambio en el régimen de lluvias y el uso de semillas transgénicas adaptables a suelos de menor productividad, determinaron el comienzo de la gran producción agrícola en el norte provincial. La zona este de los departamentos Tulumba y Río Seco comenzó a sufrir un profundo éxodo rural motivado por la compra de campos por parte de empresarios y productores, en su mayoría provenientes de las sobrexplotadas tierras del sur de la provincia. La falta de possibilidades de crecimiento produtivo, la escasez de servicios públicos y la imposibilidad de asesoramiento jurídico, fueron los factores fundamentales por los que las comunidades rurales se fueron despoblando para dar lugar al desmonte indiscriminado con fines agrícolas y a la monopolización en la tenencia de la tierra. Los pequeños productores de estos departamentos comenzaron a poblar localidades como San José de la Dormida, Las Arrias, Sebastián Elcano y Villa de María de Río Seco que a lo largo de diez años triplicaron su población.
En los departamentos del norte la población predominantemente ha vivido de las labores rurales y la producción familiar minifundista. La principal fuente de subsistencia de las famílias está en el trabajo y producción que realizan en sus tierras.
En el aspecto jurídico se verifica una situación precária respeto a la tenencia de las tierras de los campesinos. Según el Informe de la O.C.U.N.C,la ausencia de títulos de propiedad de las tierras afecta un amplio sector de las familias campesinas. APENOC apunta que “más de 60% de los campos de los departamentos de Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilín, Sobremonte, Río Seco carecen de títulos, por lo que la situación de los campesinos respecto a la tenencia de sus tierras poseídas por mucha mas de viente años, es altamente riesgosa”. La posesión es la condición legal en que se puede caracterizar la forma de tenencia de la tierra de un amplio sector del campesinado en el norte de Cordoba. UCATRAS apunta que, “se bién que el Código Civil es muy claro respecto al reconocimiento del derecho de propiedad a toda persona que posea el mismo campo desde hace más de viente años, otorgando al juicio de usucapión carácter meramente declarativo, la inseguridad que significa para los campesinos no poder oponer sus derechos frente a terceros, es una de las principales causas que somete a las familias de la zona a desalojos forzosos”, perdiendo el derecho a vivienda, a seguir trabajando como campesinos, a satisfacer las necesidades con el esfuerzo del trabajo en la tierra, a su identidad.
La inseguridad en la tenencia de la tierra limita la consolidación de estas familias como productoras, y las expone a todo tipo de atropellos por parte del Estado y de agentes privados. “La inexistencia de una política que regulara la titularidad de los dominios y el desamparo ante la justicia, hizo que los empresarios se adueñaran de vastos territorios a través de prácticas como la adquisición de hijuelas de dudoso valor, remates digitados, la toma de los campos sin reconocimiento de los poseedores, desalojos arbitrarios, etc. Todo este proceso se realizó sin que el Estado provincial interviniera, ya sea mediando en los conflictos declarados, asesorando a los campesinos sin posibilidades económicas u operativizando leyes que regularan la tenencia de la tierra”.
La falta de acceso a la justicia por parte de las comunidades campesinas es denunciada en este contexto: “Hablar de acceso a la justicia, es pensar en toda una cadena de agentes y de normas, en concreto, es pensar desde el policía al juez, desde un código de procedimientos a una Constitución Nacional. La falta de acceso a los derechos, que es una situación cotidiana en esta zona, se sufre cuando no se recibe la denuncia, no se investiga, no se explican los derechos, no se legisla, se imponen elevados costos para ser escuchado y se les niega a las familias campesinas el acceso a un tribunal poniendo como excusa intransitables caminos de tierra”.
Esta situación favoreció la extrema concentración de la tierra en el norte de Córdoba. En los Departamentos Ischilín Norte y Tulumba Oeste las estadísticas apuntan la existencia de una concentración de la tierra en manos de las Explotaciones Agropecuarias de más de 3.000 has, que son 11% de los productores, a quien corresponde 70% de la superficie. Los pequeños productores detentan solamente 30% de la superficie.
El norte de Córdoba fue históricamente marcado por la ausencia de políticas públicas dirigidas al desarrollo y la falta de planificación estatal en áreas vitales como salud, educación y transporte. De este modo, los departamentos Sobremonte, Río Seco y Tulumba, están al tope en los índices de mortalidad infantil, analfabetismo y desempleo. Según el Censo Nacional de 2001 los hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) en los tres departamentos alcanzan un promedio de 44,3 %. En este contexto, UCATRAS presento denuncia del abandono de la personas por parte del Estado en ámbito nacional, provincial y comunal en cuanto al derecho a la salud y a la vida en la zona oeste del Departamento Pocho, donde viven aproximadamente 1.250 personas. De los 17 Parajes rurales del Departamento, solo tres disponen de Dispensarios de Atención Primaria de la Salud y todos en total estado de abandono. No hay programa comunal o provincial de asistencia de salud que atienda a las cuestiones de la zona (Mal de Chagas, maternidad, desnutrición infantil, ancianidad). Los parajes rurales no tienen acceso regular al leche en polvo del programa Materno Infantil.
El proceso de avance descontrolado de la frontera agrícola dejó a su paso la destrucción casi total del bosque nativo y la expulsión de cientos de familias hacía las zonas urbanizadas. En varias localidades se están formando pequeños cinturones de pobreza en donde los habitantes desplazados del campo padecen la desocupación y son presa fácil del clientelismo político. Conforme denuncia la OTRABU, en los barrios de la periferia de Cruz del Eje, la mayoría de las familias son provenientes de zonas del campo; actualmente ellas desarrollan tareas como trabajadores rurales temporarios, en condiciones precarias de trabajo, sin ningún seguro o servicio de salud, trabajando jornadas de hasta 10 horas bajo condiciones climáticas extremas, recibiendo salarios abajo de lo que necesita una familia para vivir dignamente. Muchas de esas familias en situación de precariedad laboral o desocupación, dependen de los Planes de Empleo (actualmente Planes Jefes y Jefas), que son distribuidos de acuerdo a criterios clientelistas y de favorecimiento politico. Las familias que los reciben son obligadas a desarrollar tareas de limpieza de espacios públicos, en tanto que en otros casos son “obligados a trabajar en los predios de los grandes productores de la zona, lo cual les permite a los terratenientes de la zona obtener mano de obra gratis”.
Endepa ([11]) recibió la denuncia que el monocultivo de la soja está destruyendo la riqueza natural del monte chaqueño cordobés y destruyendo la diversidad de la producción campesina, expulsando a los campesinos de sus tierras, limitando su capacidad productiva y destruyendo el suelo con los métodos de siembra y el excesivo uso de agroquímicos.
1. Caso testigo: Desalojo da Família Bustamante
La delegación se reunió con la familia Bustamante, en Puesto de Luna, Paraje Las Maravillas a 6 kilómetros de Puesto de Castro, Pedanía Candelaria Sur, Departamento Río Seco y verificó que la familia, incluso la Sra Ramona Marcelina Orrelano de Bustamante, de 77 años, viven en situación crítica (en carpa de plástico en medio del camino vecinal) luego de los desalojos violentos por parte de la policía, quien les ha destruido su vivienda y afectado el pozo donde se abastecía para el consumo humano y de sus animales. Otras familias organizadas en la U.Ca.N., presentes a la reunión, también denunciaron estar en una situación similar. La Delegación recibió denuncias de omisión de las autoridades, que no les ofrecen siquiera apoyo humanitario. Con el inicio del invierno la situación de la familia se agrava.
Según las informaciones prestadas a la delegación, Ramona Marcelina Orellano de Bustamante nació en el campo del que fue despojada. Ella junto con su familia trabajaban en el campo del cual obtenían su sustento. Por ley, tendrían derecho posesorio sobre las tierras. El año 1992 se presentaron los señores de nombre Scaramuzza, acompañados de su abogado, Dr. Chiavassa, adjudicándose la titularidad del inmueble y comenzaron a presionar para que se les reconociera como dueños absolutos del establecimiento. Ante la presión, Ramona firmó un acuerdo ante el Juez de Paz de Puesto de Castro, Argelino Rosales, creyendo que así culminarían los hostigamientos. Después de ello, Raúl Bustamante falleció y Ramona continúo sosteniendo el campo con el acompañamiento de su hijo menor y dos hijos adoptivos, sin mayores sobresaltos.
En agosto de 2003 una topadora comenzó a derrumbar el monte nativo en el sector central de las 236 hectáreas ante la sorpresa de los Bustamante. Los desmontes fueron detenidos por la Secretaría de Ambiente de la provincia ya que eran realizados, desde todo punto de vista, de manera ilegal. Posteriormente, en octubre, el Juez de Paz de Puesto Castro, Roque Benchetrit, se hizo presente en el domicilio de la Sra. Ramona Bustamante con una orden dictada desde un juzgado de la ciudad de Córdoba. La orden no era más que la homologación del acuerdo firmado en el año 92 e intimaba a la familia a desocupar el predio en un plazo de 15 días.
El diciembre de 2003, siete efectivos de la Comisaría de Sebastián Elcano, el Juez Benchetrit, el Dr. Chiavassa se presentaron en la vivienda de la Sra Ramona Bustamente y empezaron a retirar sus pertenencias con el uso de la fuerza, destruyendo objetos, consumiendo alimentos pertenecientes a los Bustamante. En seguida, un tractor empezó a derribar las viviendas. Al final la anciana también fue expulsada.
La U.Ca.N. junto con otras organizaciones campesinas de la provincia, comenzaron a denunciar el hecho ante la prensa y organismos de derechos humanos, alertando que existía una total inacción de los organismos oficiales sobre las problemáticas de tenencia de la tierra en el norte y noroeste. Por su parte, se levantaron nuevas viviendas de barro y palo para que la familia pudiera continuar en el lugar.
El enero de 2004, veinte efectivos policiales de las comisarías de Sebastián Elcano y Villa de María de Río Seco, y el Juez de Paz de Villa de María, con una orden de la Fiscal de Control de la ciudad de Cosquín, Dra. Hilman, ingresaron a las tierras de Dona Ramona Bustamante golpeando y maltratando las personas, retirando las pertenencias de la familias. Con una topadora destruyeron las habitaciones, el pozo de agua, los corrales, alambrados y cercos, para luego proceder a derribar decenas de árboles nativos, frutales y tunales.
Después del desalojo, la familia Bustamante se instaló a la orilla del camino vecinal, donde vive en una carpa de nylon.
A pesar de las promesas de asistencia alimentaria y subsidios asistenciales que se hicieron a los ojos de la prensa, la familia Bustamante continúa viviendo en condiciones inhumanas, viendo como se agrava el estado de salud de sus miembros, luchando ante la imposibilidad de darle agua a sus animales, esperando que finalmente se reconozcan sus legítimos derechos sobre la tierra.
2. Caso testigo: Sistema de Riego Embalse Pichanas
En la comunidad de Las Abras /Iglesia Vieja, en el Departamento Cruz del Eje, en la zona del Noroeste codobés, la Delegación verificó el problema del acceso al agua que afecta 300 familias de campesinos y pequeños productores asentadas al margen izquierdo del río Pichanas. Las familias, organizadas en la Asamblea de Regantes de Iglesia Vieja y Las Abras, denunciaron la injusta distribución del agua entre los márgenes derechos e izquierdo del dique Pichanas y varias irregularidades relacionadas al Proyecto de Colonización “El Paso Viejo”.
El problema se inició con la construcción del dique Pichanas, en 1978, y el posterior parcelamiento y colonización del margen derecho del río, con base en el “Estudio del Sistema de Riego de Pichanas”, Proyecto PCT/ARG/8904, realizado en 1981 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), INYPSA (Consultoria e Ingeniería espaňola) y el consultor Juan F. Zamorano.
En el marco del parcelamiento de colonización “El Paso Viejo”, el gobierno provincial entregó a colonos, en el margen derecho, 6.909 has, divididas en 57 parcelas, con un promedio de 100 has cada una. Hoy se reducen a 15 empresarios. Estas parcelas desde el inicio son claramente privilegiadas en el acceso al agua del dique: ellos manejan 75% del agua (caudal de 4.000 litros por segundo) que sale del dique por su margen derecho.
En el margen izquierdo, alrededor de 300 familias que son minifundistas que vivían en la región antes de la construcción del dique, ocupan unas 18.000 has., tienen acceso solamente a 25% del agua (caudal de 900 litros por segundo). Esta cantidad de agua no es suficiente para regar 3 has. por familia. Antes de la construcción del dique de Pichanas los campesinos y pequeños productores minifundistas del margen izquierdo regaban con un sistema de acequias y canales de tierra y cultivaban todo tipo de especies agrícolas: garbanzo, poroto, maíz, algodón, etc. Con la construcción del dique, los minifundistas quedaron claramente desfavorecidos. La D.I.P.A.S ([12]), la agencia encargada de la gestión de los recursos hídricos destinados al regadío de la Provincia, decidió la injusta distribución del agua después de la construcción del dique. El Decreto Provincial No. 5077/87 y el Expediente de la Secretaría de Agricultura de la Provincia No. 0313 – 26.634/89, explicita que el dique Pichanas fue construido con el objetivo de regar las parcelas de “El Paso Viejo” y no los minifundios situados en el margen izquierdo. Los campesinos fueran ignorados en el proyecto.
La diferencia de caudal de agua entre los canales y la infraestructura del sistema de distribución del agua, refleja el trato desigual y discriminatorio que los pequeños productores reciben del Estado Provincial. El agua que los pequeños productores reciben no es suficiente para regar 3. has por familia, lo cual afecta el derecho a la alimentación de las familias.
Las familias denuncian también que el canal del margen derecho ha sido revestido, por iniciativa de la Dirección de Agua y Saneamiento (DAS), organismo dependiente de la D.I.P.A.S, disminuyendo la perdida del agua. Al paso que en la margen izquierda, la mayor parte del canal es de tierra, lo que amplía la pérdida de agua de los campesinos, agravando aún más el problema.
Además denuncian la violación sistemática de la Ley No. 5.487, de 11.01.73, “Ley de Colonización y Reordenamiento Agrario”, que rige las condiciones para ser colono, derechos, obligaciones, forma de adjudicación de las parcelas de colonización, etc. La Delegación recibió denuncias que las parcelas de la colonización “El Paso Viejo” están en manos de unos pocos grandes y medianos empresarios agrícolas, legisladores de la Provincia, que las tienen en propiedad o arrendadas. También que la ley discrimina a la población campesina pues condiciona el derecho de tener acceso a una parcela de tierra a la capacidad de leer y escribir y de poseer formación y profesionalidad agrarias. Eso en un contexto en que las políticas de privilegio estatal a los sectores del empresariado rural mantiene muchos sectores del campesinado sin acceso a políticas públicas, como lo sería por ejemplo un sistema de educación.
También fueron denunciadas la ausencia de mecanismos de control de la provincia en relación a los abusos en el uso del agua en las parcelas de “El Paso Viejo”, corrupción en la adjudicación de las parcelas, corrupción en el uso de los planes asistenciales y el manejo inadecuado del agro sistema que existe a las márgenes del río Pichanas.
Las comunidades campesinas denuncian las políticas de privilegio del Estado provincial que destinan los recursos naturales para uso solamente de pocos empresarios agrícolas en detrimento de numerosos campesinos y pequeňos productores familiares que no pueden acceder a una vida digna, ni siquiera garantizar su subsistencia. Ellos están luchando para que el Estado realice obras públicas que tienda a hacer mas equitativo el reparto del agua entre los dos márgenes.
Otros casos denunciados
a) En el Campo «Bordo Alto», paraje El Duraznal, municipalidad de Cruz del Eje, hay 14 familias que trabajan 500 hectáreas de forma comunitaria, tienen más de 40 años de vivir en sus tierras pero desde 1997 han aparecido supuestos dueños queriendo expulsarlos. En el año 2000 mediante de la tentativa de los supuestos dueños de expulsar las familias, ellas se organizan y resisten a la expulsión. Las familias han realizado demandas ante las respectivas autoridades pero aún no tienen repuesta. En el periodo de realización de la Misión, habían 7 campesinos imputados por los supuestos dueños bajo la acusación de «usurpación» (turbación de la posesión).
b) Fueran presentadas también innúmeros casos de familias que están sufriendo acciones judiciales para que abandonen sus campos, como por ejemplo el Sr. Pablo Salas, miembro de UCATRAS.
c) La OTRABU, ubicada en el área urbano-rural de Cruz del Eje, denuncia irregularidades en los Planes Jefes y Jefas:
- los beneficiarios son obligados a servir de mano de obra gratis para los terratenientes;
- los Planes son insuficientes para la cuantidad de desempleados;
- los Planes sólo son entregados a jefes y jefas de hogar con niños a su cargo, no extendiéndose no a jóvenes ni adultos mayores sin niños a cargo;
La delegación realizó una audiencia en la Secretaría de Justicia de la Provincia de Córdoba, con Marcelo Javier Mundet (hijo del actual Ministro de Educación de la Pcia de Córdoba) y Isaac López, coordinador y presidente respectivamente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos, para exponerles a ambos las situaciones denunciadas y verificar los problemas de tenencia de la tierra y agua. Ellos prometieron incluir a las organizaciones en la ejecución del plan de saneamientos de títulos, aunque se nota que es una dependencia que hasta la fecha no tiene planes claros para resolver el problema de tierra en la provincia.
El resultado de lo anterior es que la soja en Argentina avanza sobre los campos y los derechos de las familias campesinas. El avance de la producción de soja, generalmente transgénica, los desalojos violentos y la complicidad de la justicia con el poder empresarial provocan un proceso de emigración campo-ciudad de las familias campesinas, que generalmente termina por hundirlas en la pobreza ([13]).
La lucha campesina en la provincia argentina de Córdoba, en el centro del país, resume gran parte de la realidad de los labriegos de ese Estado y de otras regiones de América Latina.
Así se pierde un modo de vida, una cultura, que los labriegos no están dispuestos a abandonar. Germán Pez, integrante de la Unión de Campesinos del Noreste de Córdoba, dijo a Radio Mundo Real que en algunas partes de la provincia “donde antes habían grandes montes, donde vivían muchísimas familias, hoy ya no queda nada”.
CONSECUENCIAS
1. A nivel de Medio Ambiente
Una de la causas del fenómeno es la destrucción de las masas boscosas y selváticas por incendios, toda vez que la madera está constituida por carbón y cuando se quema libera CO2 a la atmósfera. Lo mismo ocurre con el desmonte al descomponerse los restos vegetales por acción de hongos y bacterias aeróbicas. Cabe destacar que la Argentina pierde anualmente 250 mil hectáreas de bosque nativo (equivalente a una hectárea cada dos minutos o a 40 canchas de fútbol por hora), según un informe elaborado por la organización Greenpeace ([14]).
El trabajo, titulado "Desmonte S.A." es una investigación documentada sobre las actividades de empresas y grupo económicos nacionales asociados a prácticas de desmontes en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, para desarrollar actividades orientadas a la siembra de soja, algodón, extracción de madera y ganadería, entre otras.
El desmonte es también uno de los principales problemas ambientales en Córdoba. Un dato hace ociosa cualquier otra explicación: la provincia sólo conserva alrededor del 10 por ciento del bosque nativo que tenía a principios del siglo pasado, según un trabajo elaborado por el biólogo Marcelo Cabido ([15]). Sólo en el departamento Río Seco se limpiaron unas 100 mil hectáreas de bosque nativo en la última década para sembrar soja, maíz y sorgo, según consta en un relevamiento realizado por Graciela Ullúa, jefa de la agencia zonal Villa de María de Río Seco de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba.
"Los cordobeses podemos colaborar con la reducción de la emisión de gases invernaderos, individualmente o como Estado, previniendo los incendios de bosques y pastizales, evitando podas innecesarias, plantando árboles y usando de manera moderada la leña y el carbón", propone el biólogo Federico Kopta ([16]). No obstante, aclara que el Estado debe prepararse para actuar ante el incremento de las inundaciones, las sequías y enfermedades propias de otras latitudes. Y los cordobeses, para las sorpresivas caídas de granizo en cualquier momento del año.Durante cinco años se desmontó un equivalente de 67 canchas de fútbol por día. Lo indica un estudio publicado por la Dirección de Bosques de la Nación.
Cuadro sobre: Córdoba, Deforestación por departamentos. 1998-2002 .
2. En la salud humana
El sensible aumento de las enfermedades de la piel, las irritaciones oculares, los dolores estomacales y las reacciones alérgicas registrado últimamente en el departamento Río Seco encendió luces de alerta entre los profesionales de la salud que trabajan en la región, quienes atribuyen el problema en gran medida a las fumigaciones de los sembradíos ([17]).
El tema ocupó un lugar prioritario en la agenda de la Comunidad Regional durante la última reunión del cuerpo, donde los jefes políticos de los gobiernos locales analizaron la posibilidad de tomar medidas conjuntas con el fin de abordar este problema sanitario.
En principio, los municipios y comunas comprendidos en el área debatieron la adhesión sin demoras a la ley provincial de productos químicos y biológicos de uso agropecuario. La norma de referencia (N° 9.164) tiene por objetivos la protección de la salud humana, de los recursos naturales, de la producción agropecuaria y del patrimonio de terceros, de los daños que pudieran ocasionarle por usos contrarios a los dispuestos por ella, como también la preservación de la calidad de los alimentos y las materias primas de origen vegetal, entre otros.
"Lo más grave es que quienes manipulan agroquímicos, en su gran mayoría peones rurales, no están capacitados para esas labores y terminan pagando con su salud las consecuencias de operar herbicidas y fungicidas en condiciones de precariedad", señaló Luis Arce, intendente de Villa de María y presidente de la comunidad regional.
En la cabecera departamental también está prohibida por ordenanza la circulación de "los mosquitos" (nombre popular de los pulverizadores mecánicos que se tiran con tractores) por el casco urbano y se ha establecido un recorrido especial para ese tipo de maquinaria. Arce reconoció que existe preocupación en la región por el incremento de afecciones vinculadas a las fumigaciones, situación que se desprende de las estadísticas sanitarias del Hospital Municipal de Villa de María y del provincial Vicente Agüero, de Jesús María; a éste último suelen recurrir los habitantes del norte cuando su padecimiento requiere de una consulta a un especialista o un mayor nivel de complejidad en el servicio.
Voces de alerta. El temor al impacto negativo de las fumigaciones sobre la salud ha motivado quejas vecinales en varios puntos de la provincia. Por caso, San Francisco creó recientemente por ordenanza una "zona de resguardo", conformada por la propia planta urbana o núcleos poblacionales de la ciudad –entendiéndose por tales aquellos donde habitan personas, en forma permanente–, "con más un radio de 500 metros a partir del límite de la referida planta urbana o núcleos poblacionales, o hasta la distancia a la que llegare la jurisdicción territorial del Municipio cuando ésta fuere menor que dicho radio".
3. En la fauna autóctona
Unas 50 especies de la fauna silvestre de Córdoba se encuentran en peligro de extinción, están seriamente amenazadas o en franco retroceso poblacional ([18]).
Las causas son la destrucción del monte y la caza furtiva. El yaguareté y el tatú carreta se extinguieron de sus hábitats. Otras, como el yaguareté, el tatú carreta y el venado de las pampas, ya se han extinguido de los ambientes naturales de la provincia y sobran los dedos de una mano para contar los ejemplares alojados actualmente en alguna reserva zoológica o centro de rescate. Lo mismo ocurre con el aguará guazú, habitante de los pantanales, que la leyenda popular considera el Adán de los perros.
Dos son las causas principales de esta situación: la destrucción de los hábitats naturales y la caza o captura furtivas con fines de comercialización de mascotas o subproductos de origen animal.
Así, el desmonte o la quema del bosque nativo afectan gravemente a muchas especies, no sólo de mamíferos, sino también de aves y artrópodos (insectos, arácnidos, etcétera), al destruirles los nichos ecológicos donde viven y se reproducen.
La extensión de la frontera agropecuaria, el uso no sustentable de la leña, la tala indiscriminada y los incendios amenazan con hacer desaparecer en 20 años la masa forestal autóctona, con todo lo que eso implica en términos ecológicos, sociales y económicos.
Los registros ambientales oficiales acerca de la destrucción del monte estremecen:
A fines del siglo XIX, Córdoba contaba con alrededor de 13 millones de hectáreas de bosques autóctonos distribuidos en toda la geografía provincial. De esa cobertura forestal, hoy sólo quedan poco menos de 500 mil hectáreas.
Otro dato de alto impacto: solamente en la que podría llamarse la década del fuego (1990 -2000) los incendios redujeron a cenizas 1,6 millón de hectáreas, cuyos efectos destructivos, en la mayoría de los casos, aún no han sido reparados en términos ambientales.
Ese proceso de degradación de los ambientes naturales responde, en gran medida, a por qué algunas especies de la fauna autóctona han desaparecido por completo y otras se encuentran en estado de vulnerabilidad o en un sensible retroceso poblacional.
Cordobeses en la Cites([19]). El gato montés y el halcón peregrino lideran la tabla de especies autóctonas cuyo estado de conservación se encuentra entre la vulnerabilidad y la extinción, según la Cites.
Los tramperos y la destrucción ambiental, sobre todo en el área de influencia de los Bañados del Río Dulce y la Laguna Mar Chiquita, también han diezmado hasta la agonía a la reinamora y al cardenal amarillo. En el mismo humedal, el cisne cuello negro, el flamenco rosado y el pato crestudo resisten a duras penas el accionar del más peligroso de los depredadores furtivos: el hombre.
Bibliografía y Documentos de:
-Unión Campesina del Noreste (UCAN)
-Movimiento Campesino de Córdoba (MCC)
-Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)
- Informe Unión Campesina del Noreste Córdoba (U.Ca.N), Sebastián Elcano, 21 de Abril de 2004.
-La problemática de los derechos en el ámbito rural de los departamentos Ischilín, Sobremonte y Tulumba Oeste. O.C.U.N.C., Córdoba, abril de 2004.
-Casos Testigos de la problemática de la Tierra en el Noroeste de Córdoba. APENOC.
-Denuncia sobre Violación de Derechos Humanos en el Oeste de la Provincia de Córdoba. UCATRAS.
- El Derecho a la Alimentación en la Ciudad de Cruz del Eje. OTRABU.
-Bordón, .A. O. 1993 Los árboles como componentes de la vegetación. INTA, AER Ibarreta. Documento 1506/93, 46pp.
-Capurro, R. Roman, R. s/d Conservación del suelo en la región húmeda chaqueña. INTA, IDIA suplemento.
-CARRASCO, Morita,, La tierra en el reclamo de los pueblos indígenas y sectores campesinos. in Derechos Humanos en Argentina, CELS, Informe 2002-2003
-INTA. 1990. Atlas de Suelos de la República Argentina. Buenos Aires
-INTA.- Instituto de Suelos. 1990 Sistema de Informacion Geográfica Atlas de Suelos de la República Argentina. INTA-Aeroterra Bs.As.
- PANIGATTI,J.L. Y GUSTAVO; MOSCATELLI 1998. Instituto de Suelos: Programa Nacional de Suelos. Subprograma Reconocimiento de Suelos, INTA.: Suelos 2. utilización de la información de suelos para el uso sustentable de las tierras.
- REBELLA, CÉSAR MANUEL. 2002 La información agroclimática y la teledetección en el desarrollo de sistemas agropecuarios sustentables. Reunión Argentina de Agrometeorología. 9. 2002 09 18-20, 18-20 septiembre, 2002. [Vaquería, Córdoba]. AR.
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-SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA – INTA. 1986. Aptitud y Uso actual de las Tierras Argentina. Estudios para la implementación de la reforma impositiva agropecuaria .PNUD.
-SRNDS/ Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. 1996. Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. Buenos Aires.
Internet:
www.medioambiente.gov.ar/documentos/bosques
Dra. Renee Isabel Mengo
Setiembre de 2009
[1]. Valente, Marcela . En http://www.ipsnoticias.net
[2]. Fuente: http://www.ambiente.gov.ar
[3]. Publicación de la Dirección de Bosques de la Nación. 2004.
[4]. Fuente: Diario La Voz del Interior. http://www.lavoz.com.ar
[5]. El presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) con sede en Córdoba, Raúl Montenegro, obtuvo el Premio Nobel Alternativo del parlamento sueco en diciembre de 2004. Sostuvo que el drama de la deforestación de los bosques de montaña en su provincia consiste en que se ”destruye la fábrica de agua” que funciona naturalmente, y que eso causa escasez del fluido. En forma permanente advierte que, pese a lo dramático de la situación planteada por el informe de la Dirección de Bosques, “el gobierno de Córdoba habilitó el desmonte de bosque nativo para la instalación de explotaciones agropecuarias”.
Montenegro se refirió a una iniciativa impulsada por la Agencia Córdoba Ambiente y su titular, Sergio Nirich. “En ella –dijo Montenegro– se acordó con las grandes corporaciones agropecuarias y las sociedades rurales, pero no se consultó ni a las entidades ambientalistas ni a las universidades”. Según Montenegro, como resultado de esta “decisión inconsulta” los productores podrán desmontar hasta un 70 por ciento de bosques nativos para criar ganado. Montenegro calificó la decisión como “irracional, sin base técnica y sometida a los intereses de las grandes corporaciones agropecuarias”. Y propuso que se prohíban los desmontes por un período de cinco años y que deje sin efecto el reciente acuerdo.
“La actual crisis de las Sierras Chicas para la provisión de agua potable es una muestra de lo que sucederá en el futuro. Pero en lugar de proteger lo poco que queda, el gobierno habilita más desmontes”, denunció Montenegro.
Fuente: http://www.funam.org.ar
[6]. Valente, Marcela. Op. Cit.
[7]. “Pese al control, el desmonte no se detiene”. Fuente: http://www.ambiente.gov.ar
[8]. Fuente: http://www.lavoz.com.ar
[9] . Fuente: http://www.lavoz.com.ar
[10]. Fuente: http://www.endepa.org.ar
[11] . Fuente: www.endepa.org.ar Equipo de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Organismo ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) de la Conferencia
Episcopal Argentina.
[12] . Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la Provincia de Cordoba.
[13]. Fuente: Tierra Amiga. En http://www.amigos.org.ar
Radio Mundo Real. http://www.radiomundoreal.fm
[14]. “Menos bosques, más gases”
Fuente: Diario La Voz del Interior. .Domingo 25 de marzo de 2007. Edición impresa | Sociedad | Nota
[15] . Docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC y miembro del Departamento de
Diversidad Biológica y Ecología de esa unidad académica.
[16] . Biólogo y vicepresidente de la fundación Ambiente, Cultura y Desarrollo (Acude),
[17]. Fuente: . http://www.lavoz.com.ar.
Edición impresa | Regionales | Nota . Río Seco
[18]. “50 especies de la fauna silvestre de Córdoba se encuentran en peligro de extinción “
Fuente: Diario La Voz. Del Interior. Domingo 18 de marzo de 2007. Edición impresa | Regionales |
Nota . Medio ambiente / Fauna autóctona
[19]. (Cites).Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestre.