Bolivia: ¿Hacer cumplir el Derecho Humano a la alimentación adecuada o que incrementen sus ganancias?

Idioma Español
País Bolivia

En los últimos meses, la oposición política al actual gobierno ha estado intensamente activa y para el efecto, no ha dudado en politizar ciertos temas socioeconómicos, entre ellos el tema alimentario, utilizando para el efecto no solo a los medios de comunicación a su servicio sino también a una serie de publicaciones [1] mediante las cuales han estado desinformando permanentemente a la población o brindando información incompleta, lo que suscita confusión, dudas y temores entre la población que no necesariamente es especialista en el tema, por lo que es necesario aclarar ciertos aspectos en esta coyuntura alimentaria, con una perspectiva más objetiva.

INCOMPLETOS DIAGNÓSTICOS DE LA CRISIS ALIMENTARIA.

Los analistas nacionales sostienen que la crisis alimentaria se debe a diversas razones como el deterioro de las condiciones climatológicas; al incremento de la demanda de ciertas economías emergentes y crecimiento de la población; a la producción de biocombustibles y al precio de los combustibles que inciden en los precios del transporte y los fertilizantes; al bajo nivel de existencias mundiales; al crecimiento demográfico mundial y a las limitaciones de recursos que influyen en la demanda y la oferta.

Si bien algunos de estos argumentos son valederos, son una verdad a medias [2] ya que no dicen nada sobre el modelo económico neoliberal que impusieron a nuestros países –verdadero causante de la crisis - expresado en ese modelo agrícola de la agroempresa monoexportadora y del uso intensivo de los fertilizantes químicos y plaguicidas; en las Políticas del Ajuste Estructural; en la desaparición de las agencias gubernamentales de extensión agrícola, en el apoyo exclusivo a la agroindustria con créditos e investigación tecnológica para los cultivos de exportación; en la liberalización del comercio como reflejo de los acuerdos en la OMC que supuso bajar los aranceles y abrir las fronteras para que ingresen todo tipo de productos millonariamente subvencionados; y en la presión para que se firmen los Acuerdos de Libre Comercio (primero el ALCA y ahora el Acuerdo CAN-UE), en condiciones totalmente desiguales y desventajosas para la producción nacional y los productores campesinos que no pueden competir en esas condiciones, razones por las que nuestros mercados se ven inundados de productos alimenticios extranjeros que desplazan a nuestra producción nacional.

Parte de ese modelo que causa la crisis es la especulación financiera - tampoco mencionada en los diagnósticos descritos – realizada a gran escala por las grandes compañías, con cifras de inversión especulativa en futuros de Commodities (mercancías) que aumentó de 5.000 millones de dólares en el año 2.000 a 175.000 millones de dólares en el 2007 [3]. La mitad del trigo que se comercializa ahora en la bolsa de Commodities de Chicago está controlada por los fondos de inversión, quienes imponen los precios de venta que ellos desean.

CUESTIONAMIENTOS INFUNDADOS A LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Los analistas plantean una serie de cuestionamientos a las medidas asumidas por el gobierno entre los que sobresalen:

La prohibición temporal de las exportaciones. Se argumenta que esa medida es una miopía nacional que afecta futuros convenios de exportación y que las cantidades prohibidas no afectan en nada el abastecimiento interno. Este argumento olvida que fue una medida destinada a frenar el alza de precios de ciertos productos, pues se pretendía disminuir la oferta en el mercado interno para una escalada de precios. Toda la población se percató claramente de la jugada política para desestabilizar el mercado creando un desabastecimiento interno. Ante esa situación, el Estado tiene la obligación de proteger el acceso de la población a los alimentos a precios accesibles y no especulativos. Lo contrario significaba una violación a ese derecho humano.

Esa medida de restricción de las exportaciones - que tampoco es nefasta como pretenden mostrarnos – ya es asumida por diversos países como Kazajstán, Rusia y Ucrania que prohibieron las exportaciones de trigo, y también por la China, Indonesia, Vietnam, Egipto y Camboya entre otros países, que han prohibido o restringido severamente las exportaciones de arroz, priorizando su consumo interno.

Las importaciones de alimentos . Esta medida del gobierno fue condenada como innecesaria pues argumentaban que no había desabastecimiento de ningún producto. “El gobierno se ha lanzado en una política suicida de importar arroz, maíz y otros productos para ciertos sectores de la población”. Se olvidan que no se recurrió a esa medida por falta de alimentos sino para estabilizar los precios de ciertos productos injustificadamente elevados. Otra razón de esa importación directa fue comprar el producto básico de consumo de la población (harina de trigo) y evitar una especulación por parte de los intermediarios comerciantes. Con precios desorbitadamente elevados, pretendían crear descontento social y se obligaba a la población a consumir menos alimentos.

El resultado de las dos anteriores medidas gubernamentales – en el transcurso del tiempo- es que en el mercado nacional disminuyó el precio de los niveles especulativos en los que se encontraban algunos alimentos básicos.

Las Fuerzas Armadas en el tema alimentario. La intervención de las FFAA en la lucha contra el contrabando y la intención de utilizar las tierras en poder de ellas para el cultivo de alimentos también fue criticada. Se insinúa que las FFAA estarían cumpliendo un nuevo rol como latifundistas con conscriptos agricultores.

En este tema también se olvidan que durante varios años se han realizado (pequeños) esfuerzos por controlar el contrabando (con la intervención de la Aduana, la creación de los Comandos Operativos Aduaneros y otros) sin resultados positivos y completamente insuficientes, y que tanto el contrabando que ingresa al país (que actualmente representa más de 1.200 millones de dólares) como los productos que salen (alimentos, diesel, gas y otros) son cada vez mas cuantiosos. Ante la amplitud de las fronteras, la corrupción, la tecnología y el poder de armamento de los contrabandistas, es ingenuo pensar en frenar el problema sin la intervención de las FFAA [4].

Respecto a la propuesta de utilizar las tierras en poder de las FFAA para los cultivos básicos como el trigo y otros, no sólo es positiva sino que debe ampliarse a otros espacios [5], urbanos y rurales, y no sólo de las FFAA sino también de otras instituciones como los municipios.

Finalmente, llama la atención que los analistas no expresen nada respecto a la serie de acciones que el gobierno está implementando en el tema del fomento a la producción interna de alimentos, como los proyectos con el PASA/Unión Europea; los créditos a empresas comunitarias a través del TCP-ALBA; los proyectos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA); los programas de microcréditos para la producción de alimentos; la empresa de lácteos de Bolivia, el repoblamiento ganadero, el programa de soya, el Plan de provisión de semillas y varios otros del programa CRIAR (Creación de iniciativas alimentarias rurales) en los que sostienen haber invertido varios millones de dólares. ¿Por que esta omisión?

PARCIALIZADA UTILIZACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN.

Otro aspecto que resalta es la facilidad con la que los analistas utilizan ciertas fuentes de información, citando solamente algunas partes de esos informes y descontextualizando las citas.

Un ejemplo de lo anterior constituye las referencias a párrafos sobre las exportaciones en el informe de OXFAM titulado “De la crisis de precios a la crisis de alimentos”. Este informe recomienda a los gobiernos no recurrir a la prohibición de las exportaciones de alimentos porque podría afectar negativamente a los países importadores de éstos.

Estamos seguros que OXFAM no se refiere a los países que tienen problemas de desabastecimiento interno o problemas de alza de precios debido a la política de empresas monopólicas que buscan crear disconformidad social en la población.

Ante la especulación de precios de los alimentos como la que vivió el país hace poco tiempo (en el caso del aceite, pollos, etc), OXFAM seguramente apoyaría la intervención del gobierno que priorizó el abastecimiento de alimentos a precios no especulativos antes que las ganancias (a costa del desabastecimiento interno) de las empresas exportadoras.

Asimismo, llama la atención que los analistas no citen otros aspectos del mismo informe: el llamado a los países y a instituciones internacionales para que reformen el actual sistema comercial para la agricultura (acuerdos comerciales, la OMC); de que se reforme el acceso real al mercado mundial por parte de los países como Bolivia; o que se brinde apoyo a países atrasados para que se protejan y a que los países inviertan más en el sector agrícola y el desarrollo rural.

LO QUE PROPONEN

Los analistas también hacen una serie de propuestas sobre el tema alimentario:

· Ante la medida gubernamental de importar los productos sometidos a la especulación [6], plantean que el gobierno debería comprar los productos nacionales a precios elevados para colocarlos en condiciones ventajosas para la población menos favorecida y en ningún caso importar esos productos ya que se subvenciona la producción extranjera.

De haber procedido así, se hubiera subvencionado la especulación de los productores que tienen el monopolio y a la agroindustria [7]; a los comerciantes intermediarios que especulan y a los contrabandistas, y se hubiera contribuido a la subida permanente de precios descontrolando el mercado como se pretendió. Sería distinto si recomendaran pagar precios justos a los productores campesinos que por los desiguales términos de intercambio, hace muchos años proveen de alimentos baratos a la población nacional, con precios que ni siquiera logran cubrir sus costos de producción y de transporte.

· Plantean que se debe liberar el comercio de las importaciones y exportaciones para evitar distorsiones en el mercado. No quieren recordar que durante varios años estuvo casi completamente liberalizado el mercado con los resultados que ya conocemos: ingreso masivo de productos alimenticios millonariamente subvencionados por sus países de origen, que hacen una competencia desleal a nuestra producción agrícola interna que tampoco puede ser exportada porque los demás países se protegen con diversos aranceles y restricciones fitosanitarias.

Decididamente están fuera de la realidad nacional los analistas que reclaman mayor liberalización del comercio como solución a la crisis alimentaria [8]. Lo que quieren es que se abra más el mercado y dejar que rija el libre mercado para que unas pocas (grandes) empresas, inversionistas [9] y especuladores, puedan hacer más dinero. Para el efecto, no dudan en sostener que con las actuales medidas gubernamentales se está dañando el aparato productivo nacional.

· Argumentan de que se debe adoptar una efectiva política de modificación en los hábitos de consumo para aprovechar mejor la abundancia de productos de nuestra biodiversidad y o de mayor consumo de los alimentos tan nutritivos de que disponemos (papa, yuca, quinua, amaranto). Sin embargo, ¿como se puede aprovechar mejor la abundancia de productos nacionales abriendo irrestrictamente las importaciones a productos subvencionados en sus países de origen? ¿Se puede competir con billones de dólares anuales de subvención? ¿No es por el ingreso masivo de alimentos importados y las donaciones [10] que llegan al país – a precios reducidos - que se están cambiando los hábitos alimentarios de la población?

· Los biocombustibles también son una propuesta que plantean, arguyendo que Bolivia tiene un gran potencial para la producción de biocombustibles en etanol y biodiesel; que tenemos grandes extensiones de tierra no cultivadas que podrían ser utilizadas para el efecto con adecuados mecanismos de regulación; que los biocombustibles constituyen una fuente de ingresos para los campesinos productores que cultiven esa materia prima y que con esos ingresos podrían dejar de migrar y acceder en el mercado a toda clase de alimentos que ahora no tienen, y finalmente, que no existen motivos para no incursionar en esa producción.

A esos argumentos habría que añadir otros que se escuchan internacionalmente, como que los biocombustibles ofrecen oportunidades para la reducción de la pobreza por medio de la estimulación de sectores agrícolas estancados, creando así empleo para trabajadores agrícolas y mercados para los pequeños productores; y que los biocombustibles pueden aumentar el acceso a la energía de las comunidades marginadas.

Lamentablemente en el país no hay suficiente información disponible al respecto, sin embargo existen diversos estudios internacionales que demuestran que la producción de los biocombustibles tiene una serie de efectos, siendo los principales:

- Incremento en el precio de los alimentos básicos de consumo [11] ya que la producción de los biocombustibles genera una competencia de los recursos con los alimentos y otros productos (insumos para el ganado, alimentos balanceados) como lo reconocen instituciones como la OCDE y la FAO [12], lo que conlleva a un aumento de la inseguridad alimentaria de las personas pobres por encarecimiento de los alimentos básicos de consumo y sus bajos ingresos económicos.

Este incremento en el precio de los alimentos básicos haría pensar también que los beneficiarios son los propios productores agrícolas pobres, sin embargo se sabe que el aumento en los precios no se transmite adecuadamente a los productores por que los mercados no funcionan a la perfección. La gran intermediación que existe en los mercados locales y regionales, entre el productor y los consumidores, hace que los intermediarios comerciantes (mayoristas, minoristas, empresas importadoras y exportadoras, los supermercados, etc) capten la mayoría de los aumentos de los precios y sólo un margen reducido de esos precios vaya al productor [13].

- El uso de grandes cantidades de agua (mientras sectores importantes de poblaciones rurales y suburbanas no tienen acceso al agua potable y tampoco hay agua para riego de los cultivos agrícolas campesinos), agudizando su escasez y generando también dificultades para los agricultores y comunidades cercanas para cultivar sus propios productos (por el secado de los pozos de agua próximos).

- En el medio ambiente por la destrucción de los ecosistemas frágiles [14], en la deforestación [15] y en la destrucción de humedales. Lo anterior implica también daños a los medios de vida por las prácticas no sostenibles de las plantaciones que dañan el agua, el aire y la tierra de su entorno.

- Conflictos por las tierras, como ya se está percibiendo en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz por la expansión del cultivo industrial de la soya y la caña de azúcar para la producción de biodiesel [16]. Esto también conllevará la pérdida de las tierras [17] de los campesinos agricultores (perderán su medio de vida) que aumentarán la migración y el desplazamiento de personas-sobre todo de los más pobres- hacia las ciudades.

- Aquellos agricultores y productores campesinos que opten por la producción de los cereales, azúcar, semillas oleaginosas y aceites vegetales para la producción de etanol y biodiesel, corren el riesgo de una fuerte explotación pues no serán ellos los mayores beneficiarios de ese negocio – como está ocurriendo actualmente en el Brasil y en Colombia con los pequeños agricultores – pues no tienen la capacidad para fijar los precios de venta [18] y menos para transformar/procesar esos productos ni exportarlos directamente [19]. Sólo los empresarios exportadores que tienen vínculos y contactos con el extranjero y con las Empresas Transnacionales (ET) [20] serán los beneficiarios.

En el caso de los campesinos que trabajen como asalariados de las grandes plantaciones, seguramente se repetirían las condiciones indignas de trabajo que ya conocemos (bajos salarios, inaccesibilidad al agua potable, hábitat inadecuado, carencia de servicios de salud, etc).

- Finalmente, bajo el modelo agroindustrial que todavía está vigente, esas posibilidades de acceso a la energía a favor de los pobres no es evidente ya que resulta claro que los empresarios exportadores priorizarán la ganancia monetaria antes que la energía para los pobres. Asimismo, resulta difícil creer que no se afectarán nuevas áreas de bosques tropicales o que se producirá bajo adecuados mecanismos de regulación, conociendo las limitaciones que atraviesa el Estado Boliviano para hacer cumplir las ordenanzas y leyes. También está muy cuestionada la premisa de la rentabilidad energética de la soya para los biocombustibles. Según un estudio (Arce C. “La importancia de un debate serio sobre los biocombustibles”. Revista Hábitat. 2008 LIDEMA) que cita fuentes de la universidad de California y Cornell, el balance es negativo aún incluyendo la energía proveniente del residuo de la soya que puede ser utilizado como alimento balanceado.

· Los analistas también sostienen que este momento es la gran oportunidad para Bolivia ya que es un país rico en dos insumos básicos para la producción de alimentos: tierra y agua en abundancia.

A pesar de esa afirmación, el tema tierra no es analizado en absoluto. No mencionan nada sobre la concentración de tierras en el oriente [21] - la mayoría de las tierras de ilegal posesión - ni sobre aquellas tierras que no cumplen la función económica social. Tampoco se pronuncian sobre los obstáculos que ponen los hacendados para impedir el proceso de medición y saneamiento de tierras; de la necesaria redistribución de tierras fiscales a beneficiarios de pueblos y comunidades indígenas que carecen de tierras. ¿Acaso el tema de tierras no tiene que ver directamente con la crisis y la producción de alimentos?

Sobre el tema agua sostienen que hay grandes proyectos de uso múltiple (Abapó, Izozog y otros) que están durmiendo en los Ministerios y que se requiere pensar en grande para encarar el desafío de la verdadera seguridad alimentaria.

Al respecto, es bueno recordar que el modelo de desarrollo rural apoyado en el pasado, basado en el planteamiento de proyectos macro, es decir proyectos de gran envergadura material e inversión financiera así como el incentivo a la utilización de los agroquímicos (revolución verde) para incrementar el rendimiento de aquellos productos que tenían mayor demanda comercial a nivel nacional y sobre todo internacional, ha beneficiado a unos pocos agroempresarios y no ha generado cambios positivos en la producción interna de alimentos básicos ni en la economía campesina, sino todo lo contrario: una fuerte erosión de las tierras, agotamiento de los suelos, baja productividad, pérdida de la diversificación agrícola, escasa vinculación al mercado, fuerte migración, inseguridad alimentaria familiar, elevados niveles de desnutrición y bajos ingresos económicos. En suma, las condiciones de pobreza bajo esos grandes proyectos se han profundizado.

En este momento es preciso cambiar la visión de los “grandes proyectos” hacia proyectos que beneficien directamente a los pequeños y medianos agricultores que son los que proveen la mayoría de los alimentos básicos y los que menos recursos económicos tienen. Un ejemplo concreto constituye la experiencia que se desarrolla actualmente en la Mancomunidad de Municipios Héroes de la Independencia de Tarija [22], que con el apoyo de algunas ONGs (como el Instituto de Investigación y Capacitación Campesina-IICCA y Diógenes Vides) implementa una estrategia de desarrollo de base campesina, basada en proyectos de captación de agua para riego [23] a través de pequeñas represas, atajados de agua y/o estanques de propiedad individual y/o comunal; con una serie de repercusiones como el incremento en la producción agrícola y en la productividad; habilitación de nuevas tierras para uso agrícola; aumento en el número de cultivos al año y estabilización de la producción; incremento en el consumo de alimentos de la población; mayor incorporación al mercado (nacional y exportaciones); beneficios al medio ambiente (mayor cobertura vegetal); incremento en los ingresos económicos, disminución de los costos de producción e inclusive un freno en la migración de las familias participantes del proyecto.

EL DESAFIO.

Por lo analizado hasta el momento, se percibe claramente que hay una intencionalidad política en los argumentos sostenidos por los analistas, más que argumentos técnicos. También se percibe que ellos cuestionan – en el tema alimentario – el rol que el Estado boliviano está jugando en este momento.

También está claro que al Estado se le ha presentado una doble disyuntiva – en esta coyuntura de crisis política alimentaria – que se puede expresar en las siguientes preguntas:

a) que tipo de ciudadano tiene prioridad en los planes y políticas gubernamentales: ¿el que debe satisfacer sus necesidades alimenticias y mejorar su alimentación-nutrición o el que debe incrementar sus ganancias económicas con los alimentos?

b) ¿El gobierno debe asegurar a todos los bolivianos el cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada o debe continuar con el modelo de la liberalización/apertura irrestricta del mercado que ahora resulta incompatible con el anterior esquema?

Saludamos los esfuerzos que dan prioridad a lograr una alimentación adecuada para todos los boliviano/as en base a la soberanía alimentaria, priorizando los mercados locales y regionales y que se apliquen medidas para reducir el dominio del mercado por parte de los intermediarios y las grandes empresas. Sin embargo, esos esfuerzos son insuficientes para el desafío que se presenta para el país.

Hay que considerar que esta coyuntura es una oportunidad para reorientar el sistema productivo agrícola y alimentario, ya no en base a un modelo de liberalización del comercio sino incentivando nuestra producción nacional para el logro de la seguridad alimentaria con soberanía, para disminuir la pobreza y generar empleos.

Asimismo, en esta coyuntura de crisis internacional de alimentos y que según los organismos especializados va a durar varios años más, el sector agrícola tiene la gran oportunidad de constituirse en una fuente generadora de ingresos porque los precios de los productos alimenticios seguirán aumentando por efecto de la fuerte demanda, lo que permitirá abrir mercados de productos alimenticios que antes no exportábamos, y también porque puede jugar un papel fundamental en el mejoramiento y sostenimiento del medio ambiente. Para el logro de todo eso, es necesario reflexionar sobre el sector y replantear el nuevo rol que debe desempeñar el sector agrícola en el desarrollo nacional. En ese sentido, es necesario mencionar algunos aspectos:

1) Bolivia tiene una serie de condiciones ecológicas favorables (altiplano, valles, trópico, chaco) donde se puede producir toda clase de alimentos y en grandes cantidades, sin embargo, para explotar esa ventaja, se debe apoyar y profundizar el acceso de la población indígena productora de alimentos a los recursos productivos (tierra y agua).

En el tema tierras se debe profundizar el proceso de medición y saneamiento de tierras así como la titulación de las TCO, y distribuir las tierras fiscales a los agricultores sin tierra, velar por el cumplimiento de la función económica social y otros aspectos ya establecidos en la Ley. En agua, es fundamental apoyar el acceso a la disponibilidad de agua para riego para los pequeños y medianos productores sin el cual no se podrá aumentar la producción ni los rendimientos productivos de los cultivos alimenticios.

2) Apoyar más la producción nacional hasta lograr satisfacer plenamente la seguridad alimentaria de toda la población. Posteriormente, exportar para ayudar a generar ingresos a las poblaciones pobres. Para el efecto, hay que fortalecer la infraestructura productiva básica (proyectos de agua para riego, caminos, energía, plantas de procesamiento) y apoyar la producción con créditos, semillas certificadas, abono orgánico, capacitación tecnológica y servicios de extensión, y manejo integrado de plagas entre otros.

3) En los aspectos de distribución y comercialización de alimentos también se deben seguir implementando acciones para evitar distorsiones en el mercado, complementado con la creación de centros de acopio regionales para enfrentar mejor los desastres naturales que cada año sobrevienen en el país, e implementar sistemas de información local y regional sobre precios y demanda de productos, calidad, capacitación en mercadeo, etc.

4) Hay que ampliar el mercado nacional con la producción interna, para lo cual se deben extender los programas de desayuno y merienda escolar a todos los municipios del país, con producción exclusivamente nacional (local, regional). De igual manera, todos los programas con donaciones de alimentos deben realizarse con alimentos de procedencia nacional.

5) Es urgente mejorar la gestión/administración en las reparticiones gubernamentales referidas al sector con una mayor coordinación interna como también con instituciones externas, y elevar el nivel de profesionalidad funcionaria para aprovechar mejor las oportunidades de apoyo que requiere el sector.

6) Mejorar en su manejo/gestión y ampliar/profundizar en su cobertura, aquellos programas que el gobierno está implementando como el Programa Desnutrición Cero, la transformación/procesamiento de alimentos, fomentar y apoyar la producción de trigo, ampliar la influencia de EMAPA, las ferias del precio justo y las otras iniciativas que apuntan a la seguridad y soberanía alimentaria.

7) Poner en práctica el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) con una ley que permita crear un sistema nacional de seguridad alimentaria (para articular las diversas acciones, coordinar las políticas, determinar los grupos vulnerables, la inocuidad de los alimentos, etc); implementar acciones en comunicación/sensibilización/capacitación e información a la población sobre el DHAA (a nivel de los funcionarios gubernamentales y municipales, del Congreso Nacional, del Poder Judicial; e inclusive en el currículo escolar/universitario); implementar un sistema de seguimiento y evaluación (alimentado permanentemente con indicadores sobre la producción de alimentos, distribución, comercialización, consumo-nutrición, niveles de ingreso y otros que señalen las causas de la desnutrición y del hambre) y un banco de alimentos (con participación de la empresa privada, de organizaciones de productores, del Estado y la cooperación internacional) para enfrentar la especulación de alimentos, enfrentar los desastres naturales y apoyar a la población desnutrida

[1] Revista Nueva Crónica y Buen Gobierno publicada por el Instituto Prisma y Plural editores. La Paz, Junio 2008, donde varios analistas exponen sobre el tema de la crisis de alimentos (al respecto ver www.institutoprisma.org/018nueva_cronica)

[2]Recientes informes de la FAO sostienen que la producción de cereales en el año 2007 tuvo un aumento del 4% en relación con el 2006 y que en el mundo se produce suficiente alimento como para alimentar adecuadamente a todos los habitantes. No echa la culpa de la crisis al aumento del consumo alimentario en países emergentes como India o China como afirman algunos comentaristas, ni tampoco al incremento de la población que tuvo una tasa de crecimiento por debajo de la tasa de crecimiento de la producción mundial de cereales.

[3]P. Waldie “Why grocery prices are set to soar” citado en “El negocio de matar de hambre”. GRAIN abril/2008

[4] Con resultados bastante positivos hasta el momento, como lo demuestra la prensa casi a diario

[5] Los terrenos alrededor de las vías del tren y de los aeropuertos, las áreas urbanas no aptas para la construcción y varias otras como se recomienda en lo que se llama la agricultura urbana, muy extendida en varios países industrializados y no industrializados, implementando tecnologías de toda índole como la hidroponía que utiliza hasta los espacios de los techos de los edificios para la producción de hortalizas.

[6]Cuyo logro fue, como se aprecia ahora que ha transcurrido cierto tiempo, la disminución de los precios de niveles especulativos a niveles más adecuados.

[7]Que ya recibe la mayoría de la subvención al diesel (entre 250-300 millones de dólares por año).

[8] Postura criticada hasta por los países emergentes como la China en la reciente reunión del grupo de los 8 (G-8) en Toyako.

[9]En el tema de los inversionistas también se contradicen. Por un lado, se quejan de que con las actuales medidas gubernamentales se hace escapar a la inversión externa; que el país no ofrece seguridad jurídica a las inversiones y otros argumentos. Pero por otro lado, cuando llega la inversión como en el caso de la empresa Gravetal con la soya, la amenazan con despedirla sino programan instalar una fabrica de biodiésel (Periódico El Deber 16/06/2008 Santa Cruz).

[10] Alimentos muchas veces ajenos a nuestros hábitos alimentarios, y no tan ricos nutritivamente como los productos nacionales.

[11] Hasta el propio Banco Mundial – en recientes informes -reconoce que el desarrollo de los biocarburantes provocó un alza del 75% del precio de los alimentos desde el año 2002. Sólo el 15% del alza del precio de los alimentos se debería al incremento en el precio de la energía y los fertilizantes. (Periódico La Razón 5/07/2008)

[12] OCDE-FAO Agricultural Outlook 2007-2016. Paris-Roma 2007

[13] Respecto a la intermediación que existe en Bolivia y los altos márgenes de ganancia que captan los intermediarios comerciantes en los productos alimenticios, ver el estudio “Integración regional y producción campesina. La urgencia de políticas de soberanía alimentaria” Prudencio J. y Ton G. CIOEC La Paz, 2004

[14] Debido al monocultivo, la degradación de los suelos y el uso intensivo de los agroquímicos.

[15] En Bolivia, el 66% de los desmontes ocurridos en el 2005 se concentraron en Santa Cruz (214.000 Has), y el 65% de los desmontes de ese departamento ocurrieron en 6 municipios: San Julian, El Puente, Santa Rosa del Sara, San Pedro, Ascensión de Guarayos y Yapacaní, es decir zonas soyeras (Muñoz A. ¿Biocombustibles en Bolivia? Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y desarrollo. La Paz). Para el 2003 se calcula una deforestación de 300.000 Has. La ONG –CIPCA- también denunció la fuerte deforestación que se realiza en los últimos años en varios municipios de la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, y su negativo efecto en las TCO (Tierras Comunitarias de Origen) (CIPCA Notas, Febrero 2008)

[16]Fundación TIERRA. Proyecto de investigación. Soya-biodiesel y el conflicto por la tierra en Guarayos. La Paz.

[17] Las NNUU ya advirtió que 60 millones de indígenas de todo el mundo están en riesgo de ser echados de sus tierras para hacer sitio a las plantaciones de biocombustibles (http://mwcnews.net/content/view/14507/235/).

[18] Los precios de la soya, maíz, trigo y otros se fijan por su cotización en la bolsa de valores como la de Chicago. Los operadores – mayoritariamente conformados por capitales especulativos - venden y compran en el llamado “mercado de futuros” según la oferta y demanda, siendo ellos quienes determinan los precios.

[19] Una serie de cuestionamientos surgen al respecto. Por ejemplo, a quienes venderían sus productos? Venderían a precios justos? Cuanto ganarían los productores de la materia prima respecto al precio de venta final? Podrían los campesinos agricultores instalar una planta de procesamiento? Tienen los recursos y la tecnología necesarias para el efecto? Tienen vínculos con las compañías que procesan o elaboran los biocombustibles? Podrían ellos exportar directamente o necesariamente tienen que vincularse con los empresarios exportadores? En que condiciones?

[20] Quienes son en realidad las mayores beneficiarias de este negocio. Por ejemplo, en el comercio de granos, en el primer trimestre del 2008, la Archer Daniels Midland tuvo un beneficio bruto de 1.150 Millones $us (55% más que en el mismo periodo del 2007), la Cargill 1.030 Millones $us (86% más que en 2007); la Bunge 867 millones $us (189% más que en el 2007). En las Compañías de semillas, la Monsanto tuvo beneficios brutos de 2.230 millones $us y la Dupont 786 millones $us (21% de crecimiento) (Shawn Hattingh Liberación de alimentos, comercio de la muerte. Citado por H.Lopez B. en Crisis mundial de alimentos: compañías millonarias, hambrientos por millones. www.Ecoportal.net/content/view)

[21] Donde algunas familias poseen más de 290.000 hectáreas (Periódico La Prensa 12/12/2007)

[22] Municipios de Yunchara (Potosí), El Puente, Uriondo y San Lorenzo (Tarija).

[23]Complementada con asistencia técnica agropecuaria y capacitación en manejo de agua, y un fondo rotativo de créditos (Fondo Campesino de Solidaridad-FONCASOL- que presenta una serie de modalidades específicas y adecuadas al medio rural como por ejemplo el manejo de los fondos por los propios beneficiarios, bajas tasas de interés, créditos individuales y comunales y otros, fondo que presenta una baja tasa de morosidad y cuenta con el apoyo de algunas instituciones internacionales como por ejemplo la Inter American Foundation entre otros).

Comentarios