Cartografía de las resistencias y desafíos de la Otra América posible

De Porto Alegre a Caracas1

El surgimiento de un “nuevo internacionalismo” de la mano de la emergencia y consolidación del llamado “movimiento altermundialista” ha teñido de manera profunda y singular la experimentación de los movimientos sociales y populares en América Latina y el Caribe. En este camino, a las fuerzas sociales y políticas de esta región –particularmente del Brasil– les cupo un importante papel en la gestación del proyecto del Foro Social Mundial, siendo la ciudad brasileña de Porto Alegre su cuna y sede por cuatro ediciones (sobre el proceso del FSM ver el artículo de Edgardo Lander en este número). De manera paralela, y en permanente relación con el proceso del FSM, el continente americano fue cruzado también por otra experiencia de convergencia continental originada en la oposición a la iniciativa estadounidense de subsumir a los países de la región bajo un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La coordinación de las resistencias al libre comercio y la militarización regional habrán de plantear también para los movimientos sociales involucrados la necesidad de avanzar en los contenidos de otra integración. Hacia finales de 2005, estos procesos se darán cita en las diferentes manifestaciones y la realización de la III Cumbre de los Pueblos (paralela a la Cumbre de las Américas) que precipitarán el fracaso de la iniciativa estadounidense de relanzar allí el proceso del ALCA. Así también, a nivel regional o sectorial, otras experiencias tendrán lugar, entre ellas la realización del VI Foro Mesoamericano (Costa Rica, diciembre), las movilizaciones y actividades impulsadas por los movimientos de mujeres por el Día de Lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe (28/9) –sobre el movimiento de mujeres ver el artículo de Carmen Teresa García y Magdalena Valdivieso en este número– y el IV Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), Guatemala, octubre.

La búsqueda de esa Otra América bajo la referencia de la integración de los pueblos habrá de tener en el ciclo de conflictos sociales, crisis políticas y transiciones que recorre parte de la reciente geografía regional su capítulo nacional. En este camino, la contundente expresión del pueblo que habita el territorio de Bolivia a favor de modificar la injusta matriz neoliberal –que signó la victoria electoral de Evo Morales– habrá de señalar nuevamente la vigencia de un horizonte alternativo para las sociedades latinoamericanas2.

Sobre ambas cuestiones intenta reflexionar el presente artículo, que introduce a la lectura de las cronologías de los principales hechos políticos, económicos y de conflicto social acontecidos en nuestra región, y en el que aspiramos a presentar un panorama de estos procesos y de las experiencias y desafíos que afrontan los movimientos sociales en el continente, iniciando este recorrido con una breve referencia sobre la evolución de la protesta social a nivel regional.

El mapa de la conflictividad social

En la tarea de seguimiento de la conflictividad social coordinada por el OSAL desde 2000, la cantidad de hechos de conflicto relevados para 19 países de América Latina y el Caribe correspondientes al año que está concluyendo resulta significativamente mayor a la consignada para el año anterior (2004), aunque menor a la registrada en los tres años precedentes (2001-2003).

En este contexto, la conflictividad social del tercer y último cuatrimestre de 2005 en comparación con el segundo del año experimenta, a nivel regional, un leve descenso siendo que, por otra parte, es sensiblemente mayor a la relevada para igual período de 2004. Sin embargo, el crecimiento señalado respecto de la comparación inter-cuatrimestral presenta una evolución diferente según los países y regiones del continente que consideremos.

En el caso del área andina, similar comparación señala una marcada disminución de los hechos de protesta. Aunque dicha región sigue abarcando la mayor proporción de conflictos en relación al Cono Sur y al conjunto comprendido por México, Centroamérica y el Caribe, en esta oportunidad la misma resulta, por primera vez desde inicios de 2003, menor al 39% de los hechos totales consignados. Esta merma de la conflictividad resulta de su caída en todos los países considerados: Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, destacándose en esta tendencia los dos primeros.

Contrariamente a este proceso, las protestas registradas para las otras dos subregiones de América Latina y el Caribe se incrementan. En el caso del Cono Sur, el crecimiento experimentado por la conflictividad social por segundo cuatrimestre consecutivo responde particularmente al significativo incremento de las mismas en Brasil y Paraguay. Para el caso de la zona norte de Latinoamérica, los datos del OSAL indican un crecimiento en seis de los países que la conforman (Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Puerto Rico), disminuyendo los hechos de protesta relevados en Guatemala, Panamá y República Dominicana.

Democracia y cambio social en Bolivia

El rotundo triunfo de la candidatura presidencial de Evo Morales y el significativo resultado obtenido por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones legislativas y prefectrurales3 en Bolivia constituyen el acontecimiento más significativo del período en el ciclo de resistencias y crisis de la hegemonía neoliberal que recorre al país andino y buena parte de la región desde, por lo menos, el año 2000. El mismo plantea un nuevo escenario que cierra, superándolo, un período signado por la creciente capacidad destituyente de los movimientos populares –que conllevó la caída de los gobiernos de Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005)– y la persistente continuidad de la dominancia neoliberal, y que algunos análisis refirieran como una situación de empate4. Un proceso que en la historia boliviana se inició con la Guerra del Agua (abril de 2000), para prolongarse en el “septiembre negro” (setiembre de 2000), las elecciones presidenciales (2002), la revuelta de febrero frente al “impuestazo” (2003), la Guerra del Gas (octubre de 2003) y el ciclo de movilizaciones que culminó con la renuncia de Carlos Mesa (junio de 2005)5.

La densidad alcanzada por los movimientos socio-políticos, la extendida experiencia –cargada ciertamente de tensiones y conflictos– de iniciativas de los movimientos sociales y disputas político-institucionales, el basamento comunitario-territorial de las organizaciones y su concepción sobre el carácter de “instrumento político” del MAS, entre otras cuestiones, parecen distinguir al proceso boliviano de otros similares vividos en la región recientemente y en el pasado.

Por otra parte, tras superar reiteradas –y en parte concretadas– amenazas de postergación6, las elecciones del pasado 18 de diciembre resultan, desde distintos puntos de vista, un hecho de proporciones históricas en el proceso de democratización societal de la sociedad boliviana. La elección del primer presidente indígena (en una sociedad mayoritariamente indígena signada por un régimen colonial de poder) que obtiene –contra la preferencia de las élites y el gobierno norteamericano– un apoyo popular inédito en la reciente historia de la democracia representativa en Bolivia, y en el marco de una participación electoral desconocida en las últimas décadas7, señala la magnitud del hecho y los desafíos que plantea, en particular frente a los poderosos intereses (locales y regionales) involucrados en la defensa de la matriz neoliberal.

El período de los cuatro meses que anteceden a la elección registra un número de hechos de protesta sólo un tanto menor al del segundo cuatrimestre del año. Entre ellos se destacan los motivados por la reforma de los escaños legislativos y la disputa por los beneficios del impuesto establecido por la nueva ley de hidrocarburos, aún no totalmente reglamentada. Justamente, la demanda de nacionalización y distribución de los beneficios derivados de la explotación de los hidrocarburos constituyó la bandera de referencia tanto del ciclo de luchas sociales reciente (claramente desde 2003) como de la programática asumida por el MAS. También los productores de coca de los Yungas se movilizan por el traslado del cuartel militar instalado en la región. Proveniente de las filas del movimiento cocalero, el nuevo presidente lleva el compromiso de poner fin a la persecución militar del movimiento y las erradicaciones forzosas, así como de avanzar en la legalización del cultivo de la hoja de coca con fines lícitos. Por último, aunque no menos importante, el tercer punto de la programática que acompañó la campaña del MAS en vinculación con las formulaciones de los movimientos sociales fue la propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente prevista inicialmente para el año próximo.

Finalmente, en estas breves consideraciones respecto del proceso boliviano no puede dejar de señalarse el alcance e impacto que el mismo tiene en el contexto regional andino y continental, particularmente frente a la geopolítica de subordinación económica y control militar desplegada sobre los territorios latinoamericanos y caribeños por el gobierno estadounidense (sobre ello ver el artículo de Atilio Boron en este número).

Libre comercio, elecciones y movimientos sociales en la región andina

En el marco de la campaña electoral en Bolivia tienen lugar también diferentes movilizaciones (promovidas por sectores empresarios) y declaraciones gubernamentales sobre la necesidad de sumar a dicho país a las negociaciones del TLC con EE.UU. Las mismas expresan la intensidad que adopta la estrategia estadounidense y de sectores económicos y gobiernos locales por concluir en la fecha prevista (noviembre de 2005) dicho acuerdo. En este contexto, se desarrollan dos rondas oficiales de negociación (la XII en Cartagena, Colombia, en septiembre; y la XIII en Washington, EE.UU., en noviembre), así como una serie de encuentros bilaterales y mini rondas. Sin embargo, sólo el presidente peruano Alejandro Toledo –de escasa popularidad y cuyo partido cuenta con nulas chances para las próximas elecciones presidenciales de abril de 2006– habrá de anunciar a principios de diciembre la conclusión del tratado. A pesar de que el texto definitivo se conocerá aparentemente recién en tres meses, los trascendidos sobre agricultura, carnes y propiedad intelectual auguran funestas consecuencias sobre la economía y la vida de los pueblos del Perú.

Aún en un contexto de significativa disminución de la protesta social en dicho país en el tercer cuatrimestre del año que concluye, se destacan las movilizaciones que reclaman un cambio de rumbo en la negociación del TLC (la multisectorial del 22/9; los campesinos y agricultores el 9/11), así como la presentación a la justicia de más firmas de las necesarias para peticionar la convocatoria oficial a un referéndum sobre dicho tratado8. En un período signado por el inicio de la campaña hacia las próximas elecciones presidenciales de abril próximo, habrá de registrarse la orden de detención de dos de las dirigentes más reconocidas del movimiento cocalero, así como de otros activistas sindicales; y hacia fin de año el gobierno decretará el estado de emergencia en diferentes zonas del país frente a una serie de acciones armadas adjudicadas a Sendero Luminoso.

En el caso de Ecuador, en una situación de mayor conflictividad social y disputas políticas, también la lucha contra el TLC –junto al reclamo de caducidad del contrato de la petrolera OXY y la Asamblea Constituyente– habrá de ser una de las consignas principales que acompañará el desarrollo de las acciones de los movimientos sociales. Particularmente, las jornadas de movilización nacional de mediados de noviembre habrán de señalar, en cierta medida, la reaparición del movimiento indígena en el escenario principal de la protesta, luego del proceso vivido bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez (ver artículo de Pablo Dávalos en este número). También a mediados de noviembre las comunidades campesinas de Los Ríos se movilizan cortando rutas contra la construcción de una represa, protesta que se extiende como paro regional luego de que los primeros cortes fueran reprimidos violentamente. En este contexto, la negociación del TLC se posterga para una nueva ronda prevista para enero próximo. Por otra parte, el gobierno de Alfredo Palacio –ungido presidente tras la crisis política que desencadenó la renuncia de Lucio Gutiérrez– intenta promover la realización de una consulta popular sobre la convocatoria a Asamblea Constituyente. En la medida en que la propuesta oficial no recoge el apoyo de los movimientos sociales –por las limitaciones de la convocatoria y la falta de respuesta ante los cuestionamientos al TLC y al contrato de la petrolera OXY– y despierta la oposición de la mayoría parlamentaria, particularmente de las bancadas de los partidos tradicionales –situación que parece reproducir en parte la tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento que precediera a la caída de Gutiérrez9–, la iniciativa de la consulta es finalmente descartada por el gobierno. La intensidad que asumen estas disputas político-institucionales –que implicaron la reestructuración bajo iniciativa de la mayoría parlamentaria del Tribunal Electoral y la reformulación presidencial del gabinete– señalan la amplitud de las fuerzas y conflictos planteados de cara a 2006 y las previstas elecciones presidenciales en octubre próximo.

También en el caso del gobierno colombiano, que había manifestado pronto interés en la conclusión del acuerdo con EE.UU., las negociaciones se postergan para los meses venideros. Habrán de tener lugar en este país importantes movilizaciones contra este tratado, entre ellas la realizada frente a la XII Ronda en Cartagena (22/9, donde muere un joven como resultado de la represión), la promovida por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC, 10/10) y la masiva demostración multisectorial (paro y movilización) que ocupará las calles de 32 de las principales ciudades del país y, según los organizadores, habrá de movilizar a más de medio millón de personas en oposición también a la reelección presidencial. Por otra parte, el crecimiento del rechazo popular al TLC se da en un contexto donde el presidente Álvaro Uribe –que cuenta con buenos índices de popularidad– obtiene finalmente la habilitación, por parte de la Corte, para la posibilidad de su reelección para las próximas elecciones presidenciales previstas para el próximo mayo.

En el campo del conflicto social se destaca también un prolongado e intenso proceso de toma de tierras en el departamento del Cauca por parte de los movimientos indígenas-campesinos (uno de sus primeros hitos resulta la ocupación de la hacienda Emperatriz el 1/9), que sufre una reiterada y dura represión (que cobra el 9/11 la muerte de una joven indígena) y suscita el anuncio gubernamental de entregas de tierras y la conformación de una mesa de diálogo con los representantes de las comunidades. Asimismo, resultan importantes diferentes protestas de estudiantes y profesores de distintas universidades frente a las iniciativas oficiales de reformas privatizadoras. Por otro lado, en el marco de la prosecución del Plan Colombia y su proyección andina con sus trágicas consecuencias (ver artículo de Lilia Solano en este número), los intentos de reestablecer la cooperación con el gobierno ecuatoriano en las fumigaciones y control militar combinado de la frontera entre ambos países se ven enturbiados por la denunciada incursión militar de fuerzas colombianas en territorio del vecino país.

Por otra parte, el gobierno venezolano, que por fuera del TLC andino promueve –frente a la iniciativa estadounidense– la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), obtiene la sanción de la nueva ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional –que incluye la reserva militar y las guardias territoriales– y la firma con España del contrato de compra de buques y aviones. En un escenario de descenso significativo de la conflictividad social, y tras la victoria conquistada por las fuerzas bolivarianas en las elecciones municipales del pasado agosto, las elecciones legislativas realizadas en diciembre habrán de consagrar a los candidatos promovidos por estas fuerzas ante el retiro de buena parte de los partidos de oposición tras denuncias de manipulación no avaladas por los veedores internacionales10. A nivel interno, se suceden diferentes expropiaciones de empresas –particularmente alimenticias– y entrega de tierras a organizaciones campesino-indígenas; el 28/10, resultado de la tarea realizada por la llamada Misión Robinson, se firma el decreto gubernamental –avalado por la UNESCO– que declara a Venezuela territorio libre de analfabetismo. En el terreno de la conflictividad social, se destaca el conflicto impulsado por mineros de la región de Puerto Ordaz en demanda de trabajo, la movilización campesina que exige esclarecimiento de los ataques y el fin de la acción de sicarios en el campo, la huelga de los médicos y trabajadores de la salud en el estado Zulia y distintas movilizaciones estudiantiles. Por otra parte, a nivel regional, las iniciativas venezolanas de integración alternativas al proyecto del ALCA, impulsado principalmente por el gobierno estadounidense, habrán de cristalizar de forma significativa en la intervención frente a la Cumbre de las Américas realizada a principios de noviembre en Argentina.

Mar del Plata: réquiem para el ALCA

El horizonte de la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata, Argentina, durante la primera semana de noviembre impregnó desde inicios de año la agenda política continental y pautó los tiempos, debates e iniciativas relativos a los diferentes proyectos de integración presentes en la región. Ya en el quinto Foro Social Mundial realizado en enero de 2005 en Porto Alegre los movimientos sociales convocaron a intensificar la movilización continental contra los proyectos hegemónicos norteamericanos de cara a la cumbre de finales de año. Dicha convocatoria fue ratificada en el marco del IV Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA en el mes de abril en La Habana, Cuba (ver el Llamado del V Foro Social Mundial de Porto Alegre y la Declaración del IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA en la sección Documentos).

En un contexto regional signado por recambios gubernamentales recientes que, sobre todo en el Cono Sur, expresaron desacuerdos con los tiempos, ritmos y contenidos originales del ALCA, el gobierno norteamericano buscó configurar un arco de alianzas regionales que le permitiera recuperar la iniciativa política para conseguir en Mar del Plata el tránsito definitivo a una zona de libre comercio continental, prevista originalmente para inicios de 2005. La conclusión del acuerdo de libre comercio con cinco países centroamericanos y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) y la continuación de las rondas de negociaciones llevadas a cabo desde 2004 con los países andinos (Perú, Ecuador y Colombia) fueron, en el plano de la diplomacia comercial, las aristas más visibles de la política estadounidense. La intensa actividad desplegada en los citados países andinos por las respectivas campañas contra los TLCs y la legitimidad pública alcanzada por estas coordinaciones entorpecieron las aspiraciones norteamericanas de concluir las negociaciones en 2005. Esta intensa actividad diplomática fue acompañada por iniciativas concretas para rediseñar la política de seguridad en la región del istmo y el Caribe, en compás con la defensa de los intereses comerciales y políticos del país del norte. En el Cono Sur esta ofensiva diplomático-militar se vio coronada en Paraguay con la aprobación en mayo de 2005 por parte del Congreso del ingreso de tropas norteamericanas, con inmunidad diplomática. En el marco de la campaña presidencial boliviana, el gobierno norteamericano buscó, sin éxito, deslegitimar al candidato indígena Evo Morales, abiertamente opuesto a la política norteamericana.

Por su parte, en base a una serie de iniciativas de integración energética con países del Caribe y del área andina, el gobierno venezolano buscó consolidar una política de alianzas a nivel gubernamental que permitiera ampliar el sustento político de su oposición al ALCA (sobre ello ver el artículo de Adalberto Ronda Varona en este número). La activa diplomacia regional venezolana comprendió también a un conjunto de movimientos sociales de la región con los que el presidente de Venezuela rubricó algunos acuerdos. Valga como ejemplo de esta novedosa estrategia diplomática la firma de un documento con el MST de Brasil para estimular la protección del mercado interno de semillas y desarrollar técnicas agrícolas adecuadas para la preservación del medio ambiente y la calidad de los alimentos.

En este contexto, y convocada con la consigna de discutir las políticas de empleo como mecanismo de promoción del crecimiento con igualdad, tuvo lugar los días 4 y 5 de noviembre la IV Cumbre de las Américas en la citada ciudad argentina. Dicha reunión estuvo precedida por la realización de la III Cumbre de los Pueblos. Convocada y organizada por la Campaña Continental contra el ALCA y la Alianza Social Continental, este tercer capítulo del encuentro continental de movimientos sociales opuestos al ALCA contó con la participación de más de 600 organizaciones de todo el continente y cerró sus actividades el 4 de noviembre con una marcha de más de 60 mil personas que concluyó en el Estadio Mundialista de Mar del Plata. El multitudinario acto en el que habló el presidente venezolano Hugo Chávez fue precedido por la lectura del documento final de la Cumbre de los Pueblos, en el cual los movimientos sociales de todo el continente incorporaron por primera vez de forma explícita la referencia al ALBA en la búsqueda de proyectos de integración alternativos. El impacto político de las movilizaciones, sumado a la oposición de los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela a incorporar al ALCA en la declaración final de la cumbre oficial, prefiguraron el estridente fracaso de la diplomacia norteamericana en tierras rioplatenses. El alineamiento del presidente mexicano Fox y los gobiernos de América Central con el presidente Bush no resultó suficiente para evitar el derrumbe de las aspiraciones estadounidenses de relanzar el ALCA (en relación a esta cuestión ver el artículo de Héctor de la Cueva en este OSAL).

Las semanas posteriores a la fracasada cumbre oficial de Mar del Plata, animadas por el intercambio de declaraciones entre el presidente mexicano Fox y el mandatario venezolano en torno al seguidismo del primero respecto de la política norteamericana, estuvieron marcadas por una intensa actividad diplomática conosureña y por la renovada dinámica que asumieron las campañas contra el libre comercio en la región andina. La visita del presidente argentino Néstor Kirchner a Venezuela en noviembre constituyó una nueva ocasión para que el gobernante venezolano avanzara aún más en su política de integración energética regional, con el anuncio de la intención de construir un gasoducto que uniría Venezuela, Brasil y Argentina. Por otra parte, a finales de noviembre, los presidentes argentino y brasileño relanzan en un encuentro realizado en Puerto Iguazú la alianza estratégica entre Brasil y Argentina y ratifican que el MERCOSUR negociará en bloque los proyectos de integración regional. En el marco de la Cumbre de Presidentes del MERCOSUR realizada el 5 de diciembre en Montevideo, Uruguay, se aprueba la incorporación de Venezuela como miembro pleno del bloque y se firma el convenio que consigna la realización de un estudio de factibilidad con miras a la construcción del mencionado gasoducto.

En el contexto de la disputa sobre los rumbos de los procesos de integración, en la que parece condensarse cada vez con mayor visibilidad la confrontación en torno a los destinos del neoliberalismo en el continente, cabe también señalar la realización de una reunión de organizaciones campesinas con representación de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil, realizada a fines de noviembre en Quito, Ecuador. Dicho encuentro, en el que los movimientos participantes discuten, entre otras cuestiones, los escenarios posibles en caso de aprobación de los TLCs o el ALCA, califica la propuesta del ALBA de vital importancia para la integración latinoamericana y decide analizar esta propuesta para promoverla como opción frente a los mencionados tratados. Por último, la realización entre el 11 y 13 de diciembre en Costa Rica de la sexta edición del Foro Mesoamericano, último capítulo anual de encuentros de los movimientos sociales, cobra particular importancia en un contexto en que los parlamentos centroamericanos han ido votando (con excepción aún de Costa Rica) el texto del Tratado de Libre Comercio que une a cinco países de la región con EE.UU. La declaración final del VI Foro Mesoamericano ratifica el carácter anticapitalista, antipatriarcal y multicultural de este espacio de encuentro de las redes y organizaciones sociales, y reafirma la voluntad de lucha y resistencia al libre comercio en pos de la construcción de una sociedad solidaria (ver Declaración Final del VI Foro Mesoamericano en la sección Documentos).

DR-CAFTA y seguridad regional: proyectos imperiales y resistencias en Mesoamérica

La conclusión a inicios de 2005 de las tratativas de liberalización comercial con países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y República Dominicana abrió las puertas para el efectivo nacimiento del DR-CAFTA, que apunta a materializar las aspiraciones de EE.UU. de profundizar y prolongar en la región centroamericana el tratado con México y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés). Este último se vio reforzado en el último año por nuevos acuerdos conocidos como TLCAN Plus y la puesta en marcha en marzo pasado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) –en relación a esta cuestión ver el artículo de John Saxe-Fernández en el presente OSAL.

A lo largo del presente año, los destinos del acuerdo estadounidense con Centroamérica estuvieron signados por los vaivenes de los procesos de ratificación parlamentaria en los diferentes países firmantes y la realización de rondas de negociaciones entre el gobierno panameño y la administración Bush para establecer un TLC entre ambos países que permita extender hasta el país del canal la dinámica del DR-CAFTA y las iniciativas y acuerdos en torno a la integración en infraestructura (Plan Puebla Panamá, PPP) y fuerzas de seguridad que acompañan y complementan este protocolo.

A mediados de año, el mencionado acuerdo fue aprobado por el Capitolio norteamericano y promulgado a inicios de agosto por el presidente Bush. Esta decisión actuó como mecanismo de presión para la ratificación parlamentaria del acuerdo a inicios de septiembre en República Dominicana. El acuerdo de gobernabilidad alcanzado, bajo fuerte presión norteamericana, entre el presidente Enrique Bolaños y el líder sandinista Daniel Ortega, despejó el camino para la aprobación del DR-CAFTA a inicios de octubre por parte de la Asamblea Nacional de Nicaragua. En Costa Rica, único país que no ha ratificado aún el tratado, el envío de la ley por parte del gobierno para su aprobación en la Asamblea Nacional enfrenta numerosas resistencias en el marco de un plan de lucha que prolonga las acciones de cuatrimestres anteriores, impulsado por organizaciones campesinas, estudiantiles, sindicales y profesionales. A mediados de diciembre, en un contexto de aumento de las acciones urbanas callejeras contra el TLC, el legislativo salvadoreño aprueba un paquete de reformas de leyes con el objetivo de armonizar la legislación vigente con los requisitos de este tratado. Sin embargo, aún en los países que han ratificado el acuerdo, su entrada en vigencia en la fecha inicialmente prevista, 1º de enero de 2006, presenta inconvenientes (fundamentalmente en El Salvador, Honduras y República Dominicana). Estas desavenencias han llevado a las autoridades de algunos de estos países a declarar la necesaria postergación de su puesta en marcha para el próximo febrero o para mediados de 2006.

Los procesos de “armonización legislativa” (en materia agrícola, industrial, fiscal, de subsidios y patentes, etc.) con las pautas establecidas en el DR-CAFTA y las negociaciones en curso con el FMI bajo presión norteamericana, que dan continuidad a procesos de ajuste fiscal en algunos países, aparecen vinculados en el período a numerosas protestas en la región. El cumplimiento de las exigencias de este organismo se traducirá en la condonación, en el marco de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (MDRI, por su siglas en inglés) impulsada por el G8, de la deuda hondureña y nicaragüense. A fines de octubre, el Club de París anuncia un acuerdo para reestructurar la deuda externa dominicana. En este país caribeño, en el contexto de las negociaciones con el FMI y de la propuesta gubernamental de reforma tributaria que intenta compensar las pérdidas en materia fiscal que sufrirá el estado con la entrada en vigencia del TLC, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) realiza en octubre un paro de 24 horas en rechazo a la política económica oficial. En Nicaragua, diversos sectores estatales (universitarios, trabajadores de la justicia y la salud, alcaldes, etc.) se movilizan para reclamar mayores partidas presupuestarias a las asignadas en el proyecto de presupuesto 2006 diseñado bajo los lineamientos del FMI. En el contexto de la campaña electoral presidencial en Honduras, que culminará a fines de noviembre con la elección del candidato del Partido Liberal Manuel Zelaya Rosales, los empleados municipales y los trabajadores de la salud paralizan sus labores (con tomas de hospitales) en reclamo de incrementos en los haberes. Los trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) protagonizan una prolongada huelga de 36 días en reclamo de aumentos salariales a través de la homologación salarial con el resto de los empleados de la administración pública. Un proyecto del Ejecutivo puertorriqueño de reducción del gasto estatal (despidos y reducción de la jornada laboral) y de privatización de la energía eléctrica se enfrenta a numerosas protestas de los asalariados del sector público.

El leve incremento de las acciones de protesta observado en este cuatrimestre aparece también asociado a los conflictos derivados del aumento de los precios de combustibles en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, y a los devastadores efectos del huracán Stan (inicios de octubre), que impulsan los reclamos de algunos sectores populares urbanos en la región. En El Salvador la demanda de ayuda a los damnificados por la tormenta da lugar a la coordinación de diferentes movimientos sociales que confluyen a finales de noviembre en una nutrida marcha que exige el apoyo material para los afectados y rechaza el DR-CAFTA y el aumento del precio de los combustibles y la canasta básica. En Guatemala, los devastadores efectos de la tormenta prácticamente paralizan el país afectando a 3 millones y medio de personas. La anunciada ayuda norteamericana en este país aparece asociada a empresas estadounidenses que, en el marco de los acuerdos comerciales del DR-CAFTA, “colaborarán” en la reconstrucción de varias comunidades afectadas.

En Honduras, sectores campesinos se movilizan en demanda de tierras, energía eléctrica, salud y educación. A su vez, en México organizaciones gremiales rurales que nuclean a los productores de caña de azúcar protagonizan protestas en torno a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Tras la ocupación de numerosos ingenios azucareros en diferentes estados (Veracruz, Sinaloa, Chiapas, Jalisco, Tamaulipas y Colima), el conflicto se desbloquea con la creación de mesas de negociación para acordar las adecuaciones necesarias a la ley. También en dicho país, los indígenas zapatistas anuncian luego de una plenaria, y en el marco de la constucción de la “Otra Campaña”, la disolución del Frente Zapatista de Liberación Nacional y la redefinición de su política internacional.

La consolidación de los proyectos hegemónicos norteamericanos en la región mesoamericana, que encuentra sin embargo sostenidas resistencias populares, va acompañada de una agudización de la política represiva, la criminalización y la influencia militar de EE.UU., ya reseñada en ocasiones anteriores. Las acciones represivas cobran particular visibilidad en este cuatrimestre durante los conflictos protagonizados por estudiantes panameños del Instituto Nacional y la escuela de Artes y Oficios. Como consecuencia de la represión, un estudiante de artes muere afectado por los gases policiales. En vísperas de la visita a inicios de diciembre del presidente norteamericano a Panamá con el objetivo prioritario de dar impulso a las negociaciones en curso del TLC Panamá-EE.UU., estudiantes de la Universidad de Panamá manifiestan contra la presencia de Bush, contra el acuerdo de libre comercio y en repudio al aumento del combustible. Durante las acciones represivas, 15 estudiantes son heridos por la policía y se producen más de 40 detenciones, lo que lleva a las autoridades universitarias a suspender las clases. El 23 de septiembre, día de la conmemoración del Grito de Lares, se produce en Puerto Rico el asesinato del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, perpetrado por agentes del FBI. En torno a la denuncia de este crimen se conforman coordinadoras que nuclean a diferentes sectores independentistas que repudian este ajusticiamiento político y se expresan también contra la presencia de reclutadores militares estadounidenses en las escuelas públicas y universidades. En Guatemala se registran acciones represivas contra los campesinos, principalmente en los desalojos de tierras. Durante las protestas contra el aumento del precio de los combustibles, el gobierno dominicano militariza las estaciones de gasolina custodiadas por mil efectivos del ejército.

En el marco de las diferentes iniciativas vigentes en los países de la región contra las maras juveniles, a inicios de septiembre el FBI señala en un comunicado la realización de operativos simultáneos en Guatemala, El Salvador, Honduras, México y EE.UU. a fin de capturar a miembros de estas pandillas, principalmente la Mara Salvatrucha. A pocos meses de la postergada entrada en vigencia del DR-CAFTA, se suceden diferentes reuniones gubernamentales con el objetivo de impulsar la cooperación para evitar la inestabilidad regional. A mediados de octubre se reúnen en Florida, EE.UU., los ministros de defensa y seguridad de Centroamérica y EE.UU. junto con observadores de Colombia y México para avanzar en la creación de una fuerza de paz en Centroamérica en respuesta a las denominadas “amenazas emergentes”, como el narcotráfico, las pandillas, el tráfico de inmigrantes, los desastres naturales y las epidemias. Complementariamente, la creación de Fuerzas de Reacción Rápida es abordada en la XXX Reunión de la Comisión de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericana a inicios de noviembre en Managua, Nicaragua.

El conflicto social en el Cono Sur

La evolución de la conflictividad social en el Cono Sur se incrementa por segundo cuatrimestre consecutivo, luego de un año de disminución de los hechos de protesta registrados (mayo de 2004-abril de 2005). En este contexto, el crecimiento de los conflictos en este tercer y último cuatrimestre de 2005 resulta particularmente de la dinámica que asume el proceso social en Brasil y Paraguay.

En el contexto de un significativo aumento de las protestas en relación al período anterior, en Brasil se destacan las acciones rurales impulsadas por los movimientos de sin tierra acompañados por un incremento de la violencia en el campo que cobra la vida, en una misma semana del mes de octubre, de tres dirigentes campesinos, al mismo tiempo que cuatro militantes del MST son condenados a diez años de prisión. Estas acciones, que se inscriben en la pulseada de los movimientos campesinos con el gobierno petista por los ritmos y amplitud de la política de asentamientos agrarios, tienen lugar en un contexto de prolongación de la crisis político-institucional abierta en el cuatrimestre anterior con las denuncias de corrupción contra integrantes del gobierno y el partido de Luiz Inácio Lula da Silva. Las sucesivas renuncias de integrantes de la dirección petista llevan al partido de gobierno a convocar elecciones internas con el objetivo de relegitimar su conducción. Al cabo de la segunda vuelta electoral realizada el 10 de octubre para elegir la nueva presidencia partidaria, el candidato del Campo Mayoritario (cercano al presidente brasileño) resulta vencedor en los comicios. A finales de octubre, la propuesta oficial de aprobar la ley que prohíbe la portación de armas resulta derrotada en el marco de un referéndum en el cual el 64% de los votantes se pronuncia contra la mencionada ley. Vinculado a la política de seguridad, es importante también subrayar el incremento de motines carcelarios vinculados a las condiciones de hacinamiento y en demanda de reducción de las penas.

En relación a las acciones sindicales, cabe destacar la “Marcha do Mínimo” protagonizada por diversas centrales sindicales para reivindicar el reajuste del salario mínimo a 400 reales y la reducción de la jornada de trabajo. Entre los conflictos salariales se destacan la huelga de los trabajadores del Banco Central en septiembre y la de los trabajadores bancarios privados que concluye con la obtención de un aumento salarial del 6%. Los trabajadores de Petrobrás también protagonizan a mediados de octubre un conflicto por recuperación salarial y exigiendo la modificación de la Ley del Petróleo. A estos conflictos se suman el de los docentes de 22 universidades públicas que protagonizan una huelga en demanda de aumento en sus haberes. En el marco de la marcha que concluye la llamada “Assambléia Popular: mutirão para um novo Brasil”, 8 mil manifestantes del MST y de las pastorales de la Confederación de Obispos de Brasil denuncian, ante la inminencia de la visita del presidente Bush a Brasil luego de la Cumbre de las Américas, al imperialismo norteamericano, la política económica nacional y el modelo de dependencia impuesto por el capital internacional. Numerosas manifestaciones de repudio protagonizadas por organizaciones campesinas, de mujeres, centrales sindicales y estudiantiles, y partidos de izquierda contra el ALCA y el gobierno estadounidense acompañan en diferentes ciudades del país la presencia del presidente de dicho país en tierras brasileñas.

Por otra parte, el relativo crecimiento de la protesta social en Paraguay es protagonizado, especialmente, por los trabajadores de la salud, los indígenas y los campesinos. Ante la aprobación del presupuesto público para el próximo año –que prevé recortes en las áreas de salud y educación– médicos y enfermeras se movilizan desde comienzos de octubre en un prolongado ciclo de conflictos, que se renueva en diciembre ante la negativa de la Cámara de Diputados de convalidar el incremento de las partidas resuelto por los senadores para estos sectores. Asimismo, distintas movilizaciones indígenas tendrán lugar alrededor de la sanción de la ley del Estatuto de las Comunidades Indígenas. Tras la militarización de las zonas rurales que a inicios del año ahogara la intensa movilización campesina por la tierra, se registran en este cuatrimestre diferentes hechos de persecución y asesinato de líderes locales, entre otros el intento de asesinato y persecución del presidente de la Comisión Vecinal “Sin Tierra” de María Antonia y el homicidio de dos activistas; por su parte, los propietarios rurales demandan al gobierno que vuelva a desplegar en el campo a las Fuerzas Armadas. En este cuadro, los ejercicios militares –con inmunidad para las tropas– acordados entre este país y EE.UU. el pasado cuatrimestre prosiguen, a pesar de las diferentes protestas que despiertan, y se intensifican los rumores sobre la posibilidad de un acuerdo comercial entre ambos países.

En relación con lo anterior, en diciembre el parlamento uruguayo aprueba finalmente el tratado de protección de inversiones negociado con EE.UU., a pesar de las críticas que despierta y las resistencias de una parte de la bancada oficial. En un escenario de relativo descenso de la conflictividad social, se destacan en este cuatrimestre las protestas de los trabajadores ocupados (representan el 66% de los hechos registrados) que abarcan, en partes iguales, tanto al sector privado como público. En el primer caso prosigue el proceso de toma de empresas señalado el cuatrimestre pasado, fundamentalmente contra despidos o en reclamo de aumento salarial. En el sector público sobresale el prolongado conflicto por aumento salarial impulsado por el Sindicato Médico (SMU) que recoge el apoyo de los trabajadores públicos del sector y de los médicos del ámbito privado, y que concluye provisoriamente hacia el fin del año con la apertura de una mesa de diálogo con el gobierno.

La relativa disminución de los hechos de conflicto en Argentina se registra en un cuatrimestre signado por las elecciones legislativas nacionales y provinciales realizadas a fines de octubre. Como resultado de las mismas el gobierno nacional –que había sido electo con el 22,24% de los sufragios en abril de 2003 con el apoyo del presidente saliente Duhalde y tras la renuncia al ballotage del ex presidente Menem– obtiene el respaldo de, aproximadamente, el 40% de los votos válidos, en confrontación con su antiguo aliado. La consolidación del poder presidencial se expresa, en el terreno legislativo, en la aprobación parlamentaria hacia el fin del año del pago de la deuda total con el FMI (bautizado como “desendeudamiento”11), la prórroga de la emergencia económica, el presupuesto 2006 y –en el Senado– del proyecto de reforma (que incrementa el peso del oficialismo) del organismo responsable del nombramiento y destitución de los jueces. También, tras las elecciones, se produce una renovación del gabinete ministerial, en la que se destaca el reemplazo del ministro de Economía que había iniciado su gestión durante el gobierno anterior.

Si bien durante este cuatrimestre el conflicto social disminuye, particularmente las acciones del llamado movimiento piquetero (desocupados), las huelgas y protestas de los asalariados se mantienen en una magnitud casi similar siendo que, por primera vez, aquellas protagonizadas por los trabajadores del sector privado –en especial de los servicios– superan a las de los empleados del sector público. Bajo la demanda de aumento salarial o cambio en el encuadramiento sindical (que implica, entre otras cuestiones, una mejora del salario), entre las primeras se destacan las impulsadas por pilotos y técnicos aeronáuticos (Aerolíneas Argentinas), trabajadores del subterráneo metropolitano, trabajadores telefónicos de los llamados call centers y camioneros. Como señaláramos en ocasiones anteriores (Seoane, 2005), esta conflictividad sindical se desarrolla en un contexto de importante crecimiento económico e inflación, configurando –aun en una situación defensiva– un proceso heterogéneo pero extendido de recomposición del activismo sindical en el sector privado jalonado por nuevas experiencias. En este contexto, el gobierno impulsa, tras la designación de la nueva ministra de Economía, un esfuerzo orientado a contener el alza de los precios.

La realización de la IV Cumbre de Presidentes de las Américas en la ciudad balnearia de Mar del Plata, con la presencia del presidente Bush, habrá de erigirse en el punto más importante de movilización nacional de un amplio arco de movimientos y organizaciones sociales y políticas que se expresará en diferentes marchas, encuentros (III Cumbre de los Pueblos) y actos (el más significativo, con la presencia del presidente venezolano) de rechazo al ALCA y al mandatario estadounidense. En el terreno de la protesta sobresalen también las acciones impulsadas por los vecinos de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú contra la instalación de dos empresas papeleras en las vecinas costas uruguayas que amenazan con contaminar la zona. En este proceso –que viene desarrollándose desde meses atrás– se realizan hacia fines de año y en el inicio de la temporada turística, diferentes cortes de los puentes que unen dicha provincia mesopotámica con el país oriental, profundizándose la tensión entre los gobiernos de ambos países. También en diciembre –al cumplirse el primer aniversario del incendio de Cromagnon que segó la vida de 194 jóvenes– tiene lugar una importante movilización en reclamo de juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de dicha tragedia.

En Chile también se realizan elecciones nacionales, en este caso presidenciales (primera vuelta) y legislativas. En el primer caso, la decisión queda postergada para una segunda vuelta entre los candidatos de la Concertación, Michele Bachelet (que obtiene el 45% de los votos) y de Renovación Nacional, el empresario Sebastián Piñera (con el 25% de los sufragios). En el Congreso, la Concertación obtiene 20 de los 38 senadores y 65 de los 120 diputados. Aun en un contexto de relativa disminución de las protestas, en este caso se destacan la serie de acciones realizadas por las comunidades mapuche del sur del país (que van acompañadas por un incremento de la represión en la zona) así como la marcha a la ciudad capital de los deudores habitacionales por la reducción o condonación de las deudas.

Hacia el VI Foro Social Mundial

La dinámica regional de las reseñadas resistencias contra el libre comercio en el continente americano se trasladó y cobró una vez más visibilidad internacional en ocasión de la VI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) realizada en Hong Kong, China, entre el 13 y el 18 de diciembre. Allí, como sucediera en Seattle y Cancún, las voces y acciones contra el libre comercio internacional, nutridas con la participación de numerosas delegaciones de movimientos asiáticos, resultaron duramente reprimidas por la policía (sobre los movimientos sociales en Asia ver el artículo de Jeon So-hi en este número). Sin embargo, y a diferencia de las dos precedentes, la cita de la OMC en el país asiático habrá de concluir con algunos acuerdos que reponen la Ronda de Doha. Frente a ello, diversas redes y movimientos sociales, como la Vía Campesina y la Alianza Social Continental, han llamado a aumentar la movilización contra las negociaciones alcanzadas en Hong Kong (ver sobre ello la Declaración de la ASC en la sección Documentos del presente OSAL). En este contexto, la próxima realización el año entrante de los Foros Sociales Mundiales policéntricos en las ciudades de Caracas (Venezuela), Bamako (Mali) y Karachi (Pakistán) cobra particular relevancia. Ante los nuevos desafíos y amenazas que enfrenta la construcción de esa Otra América posible y por la importancia que le cabe en el contexto regional e internacional al proceso de transformaciones venezolano, para los movimientos sociales de nuestra América el Foro de Caracas (enero de 2006) constituye una significativa oportunidad para fortalecer los debates y las convergencias contra la mercantilización de la vida y la militarización del continente.

Bibliografía

Escobar de Pavón, Silvia 2004 “Ajuste y liberalización, las causas del conflicto social” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº12, febrero.

Larrea, Ana María 2005 “Abril quiteño y forajido: crónica de una rebelión”. En http://osal.clacso.org/espanol/html/fdebates.html

Prada Alcoreza, Raúl 2005 “El presidente indígena que nace de las urnas”, mimeo.

Seoane, José 2005 “Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 17, octubre.

Tapia, Luis 2005 “La cuarta derrota del neoliberalismo en Bolivia” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 17, octubre.

Unda, Mario 2005 “Quito en abril: los forajidos derrotan al coronel” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 16, junio.

Vacaflores, Carlos y Lizárraga, Pilar 2005 “La lucha por el excedente del gas y la resignificación de las contradicciones de la identidad regional en Bolivia” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 17, octubre.

Villegas Quiroga, Carlos 2004 “Rebelión popular y los derechos de propiedad de los hidrocarburos” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº12, febrero.

Notas

1 Para la elaboración del presente artículo se han utilizado las cronologías del conflicto social –resultado de una tarea coordinada por el programa OSAL y que abarca el esfuerzo de diferentes investigadores y centros de investigación de la red CLACSO– y los informes cuatrimestrales respectivos preparados por el equipo del referido programa. A tod@s ell@s nuestros agradecimientos y especialmente a Clara Algranati por sus comentarios y sugerencias, y a Marcelo Perera y Mariana Fassi por la revisión del texto.

2 Además de las elecciones en Bolivia, durante el último cuatrimestre de 2005 habrán de realizarse otras cuatro votaciones presidenciales y/o legislativas en la región (Argentina, Honduras, Chile y Venezuela) iniciando un calendario electoral que atravesará en 2006, entre otros, a doce países del subcontinente (Chile, Costa Rica, Haití, El Salvador, Guyana, Perú, Colombia, México, Nicaragua, Ecuador, Brasil y Venezuela).

3 El MAS obtiene 72 diputados de los 130 que conforman la Cámara, siendo el segundo bloque el correspondiente al Frente Poder Democrático Social (PODEMOS, 43 diputados). En el Senado, le corresponden 13 bancas a este último, 12 para el MAS, 1 para Unidad Nacional (UN) y 1 para el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). A nivel de las prefecturas departamentales, a pesar de los buenos resultados obtenidos en muchos de estos distritos, el MAS triunfa en Potosí, Oruro y Chuquisaca, mientras que PODEMOS se adjudica tres de los nueve gobiernos provinciales (La Paz, Beni y Pando).

4 La caracterización de la situación como de “empate catastrófico”, retomando la formulación de Antonio Gramsci, fue utilizada por numerosos analistas e investigadores para referirse al proceso boliviano abierto desde 2003. También bajo inspiración gramsciana, se ha caracterizado al período iniciado en 2000 como una “guerra de posiciones contra el neoliberalismo” (Tapia, 2005).

5 Diferentes análisis sobre este proceso pueden consultarse, entre otros, en los números 2, 10, 12 y 17 de la revista OSAL http://osal.clacso.org

6 Inicialmente, las elecciones en Bolivia estaban previstas para el 4 de diciembre. A fines de septiembre diferentes legisladores proponen la suspensión o postergación de las mismas por falta de consenso sobre la distribución departamental de los escaños legislativos a ser electos; entre octubre y noviembre se desarrollan diferentes protestas, particularmente en Santa Cruz que reclama tres escaños más. Finalmente, tras sucesivas disputas, se modifica la distribución regional de los escaños a través de un decreto presidencial, que establece nueva fecha de elecciones para el 18 de diciembre.

7 El binomio presidencial Evo Morales-Álvaro García Linera obtiene casi el 54% de los votos frente al 28,6% de la fórmula Jorge “Tuto” Quiroga-María René Duchen (PODEMOS), con una participación del 84,5% de los electores.

8 También se desatacan las huelgas y protestas de los docentes universitarios, las enfermeras y el personal médico del Ministerio de Salud, y las de los transportistas.

9 Sobre ello ver Larrea (2005) y Unda (2005).

10 De las 167 bancas en disputa, el Movimiento V República obtiene 114, distribuyéndose las restantes entre otras agrupaciones también vinculadas al gobierno del presidente Chávez. El porcentaje de abstención alcanza al 74,41%, hecho que es en parte señalado por la oposición al gobierno como prueba de la validez de sus críticas. El nivel de participación, si bien reducido, se sitúa en los valores recogidos por anteriores elecciones legislativas.

11 También el gobierno de Brasil toma similar decisión declarando, con anterioridad al anuncio argentino que cancelará el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.