Declaración conjunta de la sociedad civil frente a Río+20: No más control y cooptación empresarial de la ONU

Las organizaciones suscritas consideramos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es actualmente la institución mundial más democrática y adecuada para llevar a cabo negociaciones internacionales. Por lo tanto apoyamos que se fortalezcan las instituciones y procesos multilaterales dentro del marco de la ONU y que los mismos sean más democráticos y sensibles a las necesidades de la gente.

Sin embargo, nos preocupa mucho la influencia cada vez mayor que ejercen los grupos de presión y cabildeo de las grandes empresas en la ONU: ya sea mediante su incidencia en las posturas de los gobiernos nacionales en las negociaciones multilaterales, y su hegemonía en determinados espacios de discusión y organismos de la ONU. Cada vez es más común ver políticas aprobadas por la ONU que no necesariamente responden al interés público, sino a los intereses comerciales de determinadas empresas o sectores empresariales.

La próxima Cumbre de la Tierra que se realizará en Río de Janeiro en junio de 2012 debe aprovecharse como una oportunidad para ponerle punto final a esta tendencia, terminar con las asociaciones dudosas entre la ONU y las empresas, y terminar con el acceso privilegiado que se le ha otorgado al sector empresarial, y como consecuencia a la influencia excesiva que dicho sector es capaz de ejercer en importantes procesos y decisiones multilaterales.

El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas comienza con las palabras “Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos”. Hoy, sin embargo, los intereses de las empresas amenazan con tomar precedencia en la ONU por encima de las voces de los pueblos.

En la medida en que las posiciones de algunos Estados miembro claves de la ONU han sido cooptadas por grandes intereses empresariales, las empresas han ganado cada vez mayor influencia en las decisiones de la ONU. A las empresas se les ha otorgado la condición de “grupos principales” en el marco de la Agenda 21, a pesar de que no deberían ser tratadas como parte de la sociedad civil por su naturaleza esencialmente distinta. De igual manera, como las grandes empresas cuentan con muchísimos más recursos que la sociedad civil para incidir en las negociaciones, a menudo sus delegaciones son mucho más numerosas que las de la sociedad civil.

El cabildeo de las grandes empresas en el seno de las negociaciones de la ONU ha logrado bloquear soluciones efectivas para problemas relativos al cambio climático, la producción alimentaria, la violación de los derechos humanos, el abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación. La enorme influencia de los grupos de presión empresariales y la falta de equilibrio en algunos espacios de negociación -tales como la CMNUCC – socavan la democracia y conducen demasiado a menudo a la postergación, debilitamiento o bloqueo de los avances que son urgentemente necesarios en materia de justicia social y ambiental.

El cabildeo en pos de sistemas de mercado –para el aire, la biodiversidad, el agua, territorios u otros bienes comunes – como soluciones a la crisis ambiental actual, es un ejemplo de cómo se promueven falsas soluciones. Son soluciones que están al servicio de intereses empresariales, para que las empresas lucren con las crisis que afectan a millones de personas sin resolver los problemas centrales, concentrando y acrecentando aun más el poder de las empresas sobre la tierra, los recursos y la vida de la gente.

Las agencias de la ONU como UNICEF, el PNUD, la OMS y UNESCO se han comprometido en asociaciones con importantes empresas transnacionales (ETN). El PNUMA estableció asociaciones con ExxonMobil, Río Tinto, Anglo American y Shell, que son empresas que están implicadas en violaciones de los derechos humanos y destrucción de la biodiversidad. Otros ejemplos de asociaciones similares son: Coca Cola con el PNUD, para la protección de los recursos hídricos, y BASF y Coca Cola con UNHábitat, por un urbanismo sustentable. Tales asociaciones no solo vulneran la credibilidad de la ONU, también socavan su capacidad de respuesta frente al sector empresarial y su voluntad para regularlo cuando está implicado en abusos a los derechos humanos, sociales y ambientales.

De otra parte, el Pacto Mundial de la ONU promueve la “ciudadanía empresarial responsable” sin obligar a las empresas a regirse según estándares internacionalmente aceptados. Admite como participantes a empresas conocidas por violaciones de derechos humanos, y expresa la falsa impresión de que la ONU y las ETN comparten las mismas metas.

Permite por ende que las grandes empresas se “maquillen de azul” (1) y lo único que hace es ayudarlas a limpiar y potenciar su imagen y lucro, en lugar de promover medidas vinculantes que contribuyan a modificar el comportamiento de las empresas.

En el proceso preparatorio de la Cumbre de la Tierra de “Río+20”, la ONU se asoció con la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) dando origen a la Acción Empresarial para el Desarrollo Sostenible (BASD). (2)

El Borrador Cero de la “Declaración de Río+20” refuerza el papel de las empresas como promotores de la llamada economía verde, pero evita claramente abordar el papel que juegan las empresas en la generación de las crisis financiera, climática, alimentaria y otras. Esto no debería sorprender, sin embargo, dada la intervención muy activa de representantes empresariales de alto perfil como el Deutsche Bank en la formulación y el desarrollo del concepto de “economía verde”.

Quienes suscribimos consideramos que la ONU debe priorizar medidas que sirvan al interés público y resuelvan o aborden las múltiples crisis actuales, antes que formular políticas cuyo resultado principal es generarle nuevas oportunidades de mercado y lucro al sector empresarial.

Por lo tanto reclamamos que:

- La ONU y sus Estados miembro deben reafirmar que su mandato principal es servir al interés público. Debe revisar y adecuar sus procesos de toma de decisiones para garantizar que la sociedad civil tenga un papel más destacado y que se restrinja la influencia del empresariado.

- La ONU y los Estados miembro deben rechazar las presiones que ejercen las grandes empresas a fin de obtener posiciones de privilegio en las negociaciones de la ONU:

- Los gobiernos deben cesar de establecer nuevos organismos de discusión y grupos de alto nivel (y disolver los existentes) que les otorgan a las grandes empresas una condición privilegiada en las negociaciones oficiales, tales como los “Diálogos de México” llevados a cabo en paralelo a las negociaciones sobre el clima celebradas en Cancún en 2010.

- La ONU y sus Estados miembro deben adoptar medidas enérgicas para mejorar la transparencia en materia del cabildeo y garantizar que no haya grupos de presión empresariales a los que se les brinde acceso privilegiado a los procesos de formulación de políticas de la ONU. El sistema de participación de la Sociedad Civil en el Comité de Seguridad Alimentaria de la ONU puede adoptarse como modelo de cómo mejorar la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil.

- Las delegaciones nacionales involucradas en las negociaciones de la ONU no deben incluir representantes del sector empresarial.

- El rol del grupo principal de “empresa e industria” debe ser limitado. En la medida en que el sector empresarial tiene muchísimos más recursos que cualquier otro sector, debe haber límites a su participación: las empresas no deben tener más representantes que cualquier otro de los grupos principales en los procesos de negociación multilateral.

- La ONU debe revelar todas sus relaciones y vínculos existentes con el sector privado.

- Se debe establecer un código de conducta para los funcionarios de la ONU, que incluya un período de “enfriamiento” durante el cual los funcionarios no puedan asumir cargos de cabildeo para grupos de presión o en empresas de asesoramiento en cabildeo.

- La ONU no debe implicarse en ninguna nueva asociación o aparcería con empresas ni gremiales empresariales, y debe además revisar todas sus asociaciones vigentes de este tipo. (3)

- La ONU, para servir al interés público, debe monitorear los impactos de las grandes empresas sobre las personas y el medioambiente y establecer un régimen jurídicamente vinculante que pueda exigirles a las empresas rendir cuentas de cara a la legislación en materia de derechos ambientales, humanos y laborales. Esto debe incluir la obligación de las empresas de informar sobre sus impactos sociales y ambientales.

Estos son los requisitos básicos necesarios para garantizar que la ONU cumpla con su misión fundacional de ser un foro de representación de los pueblos para la protección de sus derechos e intereses universales. Llamamos a los gobiernos a atender estas preocupaciones como forma de construir un espacio que responda a las necesidades de la gente, y que sea capaz de generar iniciativas a favor del interés público y de abordar adecuadamente las múltiples crisis que enfrenta el mundo hoy.

Firman:

Amigos de la Tierra Internacional (FoEI-ATI), La Vía Campesina, Jubileo Sur/Américas, Transnational Institute (TNI), la Red del Tercer Mundo (TWN), Corporate Europe Observatory, la Marcha Mundial de las Mujeres y Polaris Institute, el SERPAJ-AL (Peace and Justice in Latin America), el Consejo de Canadienses, Fundación Solón - Bolivia, Planete Amazone, France Peace Seed – Japan, Grupo de Mulheres Maria Quitéria - Brazil, FlotB – Canada, Jeunes Volontaires pour l'Environment-Nepal, Comité Resistencia y Dignidad Adolfina Villanueva - Puerto Rico, Yayasan Panorama Alam Lestari (YPAL), Indonesia, y más de 330 organizaciones del mundo.

Notas:

1. El término “Maquillaje Azul” surgió luego del lanzamiento del Acuerdo Global. Hace referencia a las asociaciones entre la ONU y las empresas, y al hecho de que las empresas utilizan la bandera azul de la ONU para promover su imagen sin cambiar esencialmente sus prácticas dañinas.

2. Ver aquí.

3. Por más información sobre las aparcerías de la ONU ir a ver aquí

Adhesiones: Amigos de la Tierra