En carne propia: la ilegalidad de la producción campesina en Costa Rica a favor del acaparamiento de alimentos

Existen múltiples testimonios de personas que han sufrido de este atropello mientras el país mira para otro lado.

Ley 8495 conocida como Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) da herramientas jurídicas para la inspección y decomiso de productos de origen animal que supuestamente no cumplan con los requerimiento legales estipulados, por ejemplo: permisos sanitarios, sellos, matriculas, marcas o fierros ganaderos, etc., requisitos que en su gran mayoría solamente pueden ser cumplidos por medianas y grandes fincas productoras, mientras las pequeñas fincas se ven expuestos a decomisos, los cuales significan comprometer la subsistencia de familias y comunidades, ya que en la práctica han convertido la producción campesina de carne, huevos y leche en un delito.

La producción a pequeña escala se ve como un crimen bajo la lupa de funcionarios que aplican la Ley SENASA, actuando como policías en nombre de la salubridad pública, impactando la vida de miles de campesinos e indígenas que consumen, comparte, truequean, regalan y a diario venden unas cuantas gallinas, un ternero o la leche de sus vacas.

Hay que recordar que estas legislaciones sanitarias son promovidas por la Organización Mundial del Comercio por medio de los Tratados de Comerciales, de Inversión y/o de Asociación, leyes que se vuelven exigencias para cumplir el compromiso de la eliminación de las “barreras al comercio”, eufemismo que funciona para regular el mercado y excluyendo a la gente común de éste para que las ganancias se las repartan solamente las empresas transnacionales o sus aliados. Surge la interrogante: ¿Será una finca campesina una barrera al libre comercio?, más exactamente ¿será la producción de alimentos a pequeña escala una amenaza para mercado globalizado?.

La concentración de tierra, el agua y los alimentos es una guerra abierta contra la subsistencia, guerra acompañada de normas que acaban por favorecer grandes empresas transnacionales en detrimento de campesinos y campesinas que se ven cada vez más arrinconados por un Estado policial y un mercado globalizado.

El jugoso negocio de la carne en Costa Rica

Un anuncio realizado por las transnacionales Cargill y Walmart a mediados del 2014 señala que el precio de la carne de pollo se incrementó en promedio de un 4% debido al alza en los precios internacionales de soya y maíz (posiblemente transgénicos) importados como base de la alimentación de los animales de granjas industriales. Hay que mencionar que estas empresas no compran la carne a pequeños campesinos, sino que tienen sus propias mega granjas productoras de animales donde se concentran hasta 300.000 aves en espacios muy confinados.

La concentración de la producción y comercialización de carne de pollo en Costa Rica alcanza niveles alarmantes. En la actualidad solamente tres megaempresas transaccionales se reparten casi la totalidad del mercado, estas son la Industria Avícola Costa Rica propiedad de Walmart, Corporación Pipasa SRL propiedad de Cargill Costa Rica y Pollo Rey de Corporación Multiinversiones (Dipcmi), estas tres empresas concentran el 92% de la producción nacional de carne de pollo industrializada. En cuanto a la producción de huevo industrial, el 75% de esta en manos las marcas Yema Dorada, Cargill y Walmart. El fenómeno es regional ya que en Nicaragua Cargill acapara el 70% de la carne industrial de pollo comercializada.

Parece que ya nos podemos hacer una idea de quienes se están beneficiando de la persecución a las campesinas para quitarles sus gallinas de granja mediante la Ley SENASA y en términos prácticos significa que miles de costarricenses no puedan tener en sus casas un buen caldo de gallina, sino que tengan que salir corriendo a comprar un pollo insípido de alguna de estas marcas.

Esta situación no sorprende puesto que la misma transnacional de comercio minorista (Walmart) fue denunciada en marzo de 2012 por prácticas monopólicas y desleales al ser descubierta por la Cámara Nacional de Porcicultores vendiendo carne de cerdo importada muy por debajo del precio estipulado por las autoridades reguladoras. A pesar de esto no se reporta a la fecha que Walmart recibiera alguna amonestación o aviso producto de esta denuncia interpuesta ante el Ministerio de Economía Industria y Comercio costarricense.

No existen datos accesibles para entender la concentración de la industria de carne porcina, ni el impacto que han tenido el libre comercio sobre el abastecimiento de carne de cerdo, solo se sabe que los productores nacionales de esta carne vienen desapareciendo, se reporta que en el año 2003 existían al rededor de 12.000, reduciéndose a tan solo 6500 productores para el 2012, además el MEIC espera que desaparezcan mil productores por año consecuencia del desplazamiento producto de la carne importada desde otros países con los que Costa Rica ha celebrado Tratados de Libre Comercio.

De la misma manera podemos entrever que el mercado de la carne bovina esta también concentrado en pocas manos. Según datos de la Corporación de Fomento Ganadero (CFG) el crecimiento en el mercado de la carne para la exportación creció un 88,1% entre 2003 y 2013 mientras que el crecimiento en la exportación no superó 3% en su volumen, ¿qué significa esto?. La misma CFG señala que Costa Rica se ha especializado en los últimos años en proveer cortes de carne finos para el mercado internacional. Este curioso fenómeno provoca una gran alza en el precio de la carne bobina costarricense en el exterior, alcanzando en promedio precios de USD$4.100 la tonelada, mientras que en 2004 la misma tonelada de carne tan solo alcanzaba un valor en el mercado de USD$2.200. Por lo que ha vuelto al mercado de la carne en un negocio muy atractivo.

Según la Corporación Ganadera Costarricense COFORGA el consumo per cápita de carne es de más de 16 Kg por año, lo que significa un mercado nacional alrededor de USD$232 millones al año, sin sumar los USD$58 millones dotados por la exportación principalmente a Estado Unidos, Puerto Rico, Centroamérica, México, Vietnam y Japón. En total se estima de forma conservadora que esta industria de la carne genera unos USD$350 millones al año con una producción industrial de 85.033.300 kg.

Se sabe que todo esto no son cuentos chinos ya que a partir de la promulgación del nuevo código sanitario costarricense, China también se interesó por la carne bobina costarricense en 2012. Pasando a ser un mercado muy atractivo para los industriales de la carne ya que este gigante asiático ofrece comprar a precios muy superiores a los cotizados en la bolsa de Chicago($4 por Kg), llegando a pagar $6,5 por Kg.

Pese a ese prominente crecimiento en el valor de la carne, los precios en la Subastas Ganaderas (espacios a los que solo pueden acceder finqueros con licencia) se mantienen estancados desde hace más de 10 años donde el pago a los pequeños productores no superan muchas veces $1.5 dólares por kilogramo. Y eso que las Subastas Ganaderas son proclamadas por funcionarios del MAG como una oportunidad para todos los productores. Pero lo cierto es que la grandiosa ganancia se la dejan unas cuantas empresa, las cuales si poseen todo tipo de licencias y permisos para criar, vender, comprar y descuartizar miles de reses; mientras los pequeños productores deben de “jugársela” para que no les decomisen sus pocos animales.

Por último es necesario señalar que este tipo de restricciones a la vida campesina pone en riesgo no solo la alimentación de las propias personas del campo sino también la de las personas que viven en la cuidad. Si se incentiva la producción a gran escala se esta impulsando, al mismo tiempo, la homogenización genética del ato y del gallinero nacional; condenando a la desaparición de cientos de variedades de animales como pollos y cerdos que pueden ser incluso autóctonas.

Por Henry Picado

Red de Coordinación en Biodiversidad