La Minga: una movilización que promueve la reactivación de los sentidos

Idioma Español
País Colombia

"La invitación es a reactivar los sentidos de interdependencia con el sistema vida al cual pertenecemos y del cual dependemos, a apropiarnos de los mitos que hicieron movilizar a 7.000 personas de forma colectiva por más de 450 kilómetros para exigir los derechos de todos, a cuestionar nuestras premisas. Conectémonos con algo más grande que el bienestar individual, a dimensionar la frase de Francia Márquez “el territorio es vida y la vida no se vende, se ama y se defiende” en la cual no existe la ruptura entre seres humanos y naturaleza, y mucho menos se establece una distancia entre nosotros y ellos".

Al leer la nota titulada  “No hay datos sólidos que revelen cuál es el aporte de resguardos indígenas a la economía local”, que publicó el portal de Agronegocios el pasado miércoles 14 de octubre, en la cual se cuestiona que la Minga se movilice y haga exigencias cuando no es muy claro su aporte al PIB de la Nación. Por lo que fue imposible no asociarlo a la campaña de desprestigio contra el plebiscito que utilizó anzuelos como la ideología de género, la plata de los pensionados y la impunidad de las FARC, entre otras,  “para poner a la gente a votar berraca”. Esta vez el turno es de la Minga, sometida a una agresiva y racista campaña para desprestigiar sus solicitudes, que en el fondo deberían ser las de todos los colombianos que creen en la justicia, la igualdad en la diferencia, la diversidad, la libertad y el acceso a las garantías que deben existir para acceder a una vida digna, sin importar la forma de entender el mundo o los mundos que los rodean.

La nota expone cuestionamientos ligeros soportados en cifras que pretenden darle credibilidad, los cuales ya están siendo desvirtuados por expertos en los diferentes temas. Si de cifras se trata es posible evidenciar que el aumento del PIB no ha sido efectivo para garantizar las condiciones de bienestar social de los colombianos, como también se puede cuantificar la cantidad de servicios ecosistémicos que se producen los territorios conservados por estos pueblos originarios.

Los números darán cuenta de la “funcionalidad” de los indígenas desde la lógica de costo – beneficio, lo que permite desmentir fácilmente la acusación que se hace en la nota, y que ha sido uno de los argumentos históricamente empleados para justificar el terricidio y el uso de la violencia en contra de los derechos de estas comunidades. Lo que está sucediendo actualmente en Brasil luego de que Jair Bolsonaro declarara abiertamente su intención de acabar con los territorios indígenas en su posesión presidencial, es un ejemplo de esto; mientras tanto Colombia no se queda atrás, y en lo que va de corrido del 2020 según el último informe de INDEPAZ se presenta un saldo de 47 líderes indígenas asesinados.

Estos análisis son útiles en términos prácticos para argumentar bajo el paradigma moderno que lleva constantemente a legitimar sucesos a través de preguntas como ¿En qué me beneficia? ¿Para qué sirve?, sin embargo, considero importante abordar el tema desde otras lecturas que no se rijan bajo una lógica de función utilitarista sino sistémica, que cuestione el modelo capitalista, patriarcal y colonia del cual surgen la mayoría de soluciones, proyectos y políticas con los que se intervienen los contextos; y así considerar formas “otras” de transformar la realidad.

Los anzuelos o mentiras que lanzan algunos integrantes del Gobierno, la derecha, la élite económica y su maquinaria de medios para desviar la atención de los diversos incumplimientos por parte del Gobierno a los pueblos indígenas, han tenido el respaldo del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Andi, reforzando así, la idea de las supuestas amenazas contra la sociedad, la economía y la seguridad. Para esto, se aprovecha del evidente colonialismo interno presente en la sociedad, que impide reconocerse en esos “otros”, cuestión que ha posibilitado poner en el centro del debate soluciones racistas, como la absurda propuesta de dividir el Cauca en dos para separar indígenas de la sociedad no indígena, por lo que parece más fácil establecer fronteras que tejer redes de colaboración.

A la Minga se le hacen diferentes acusaciones: que está infiltrada por grupos subversivos, que pone en riesgo el abastecimiento y la producción de alimentos, aspecto muy importante que no ha generado alarma en los medios cuando las acciones que ponen en riesgo a los campesinos y su producción son tomadas por el Gobierno, como cuando decidió aumentar la cantidad de alimentos importados en la pandemia; hay que resaltar que este es un espacio pluricultural al que se han sumado como mingueros a su movilización diversas comunidades campesinas y afro. 

De otra parte, hay una gran preocupación de que la movilización se convierta en foco de contagio de la pandemia del covid-19, por lo que el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC expuso en un comunicado sus estrategias de bioseguridad de forma general y puntual, en las cuales han integrado prácticas ancestrales como “remedios, sahumerios y trabajo espiritual” con medidas occidentales con el fin de preservar el cuidado mutuo, concepción que las comunidades tienen arraigada en su cultura; en la página de la organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, se encuentran los boletines y las propuestas que han hecho para gestionar el riesgo de contagio con metodologías propias y medidas que han adoptado para proteger a sus comunidades. Así mismo, las comunidades le recuerdan al Gobierno que es éste el que les ha incumplido en la atención oportuna de la pandemia, motivo por el cual la ONIC solicitó ayuda a la Organización Mundial de la Salud -OMS- y a la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que mediaran ante ellos;  en el último boletín de la ONIC se registraban 30.901 de casos totales 29.180 casos recuperados y 1.117 muertes en los pueblos indígenas.

A los indígenas los acusan de obstaculizar, con sus protestas y desacuerdos, la “reactivación económica”, frase innovadora que se usa para justificar en la “nueva normalidad” la promoción del modelo extractivista -  desarrollista que tiene hoy a Colombia como el país de América Latina con mayor concentración de tierra, según el informe realizado por OXFAM “Radiografía de la desigualdad”; y que justifiquen préstamos por 370 millones de dólares a empresas como Avianca, por encima de una renta básica para sanear las necesidades básicas de la sociedad.

Parece que los grandes empresarios ignoran que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-380 de 1993, reconoció que “la Constitución no acoge un determinado sistema económico cuando consagra la libertad económica y de iniciativa privada o regula la propiedad”, por lo que siguen empeñados en defender ese modelo económico al que supedita/reduce el valor de la vida o de la existencia al aporte que se hace al PIB, lo que justifica la instrumentalización y depredación de la naturaleza de la cual hacemos parte.

Un modelo que ha condenado a muerte a un número desconocido de “otros” conocimientos que podrían aportar soluciones a la crisis planetaria actual; crisis que gestiona la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, y la relación con la naturaleza desde una visión mercantil, en la que los escenarios que emergen limitan el fortalecimiento de la autonomía territorial desde un reconocimiento del cuidado de la vida y, en silencio, promueven la dependencia de la “mano de obra” para la producción y el control de la tierra.

La Minga exige que se respete el derecho a la vida y la paz que nos fue arrebatada a todos los colombianos, por lo cual reclama al Gobierno por su falta de diligencia para evitar la ocurrencia de masacres de colombianos a lo largo y ancho del territorio nacional y el asesinato sistemático de 971 líderes sociales desde la firma del Acuerdo de la Habana,  según INDEPAZ, de los cuales 242 son indígenas (167 de ellos durante la presidencia de Iván Duque), el Cauca es el departamento con mayor cantidad de asesinatos, con una cifra que asciende a 94 líderes, por lo que los indígenas reclaman la protección de sus territorios ante la presión ejercida por grupos legales (multinacionales y sectores productivos) e ilegales (relacionados con el narcotráfico y la extracción de recursos).

La invitación es a reactivar los sentidos de interdependencia con el sistema vida al cual pertenecemos y del cual dependemos, a apropiarnos de los mitos que hicieron movilizar a 7.000 personas de forma colectiva por más de 450 kilómetros para exigir los derechos de todos, a cuestionar nuestras premisas. Conectémonos con algo más grande que el bienestar individual, a dimensionar la frase de Francia Márquez “el territorio es vida y la vida no se vende, se ama y se defiende” en la cual no existe la ruptura entre seres humanos y naturaleza, y mucho menos se establece una distancia entre nosotros y ellos.

Viviana Moncaleano es comunicadora Social y periodista. Integrante del grupo de Investigación Economía, ambiente y alternativas al desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia.

Fuente: ALAI

Temas: Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

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