Lideresas contra el despojo

– No sé leer ni escribir, pero me vengo al río y saco el oro para mi jornal, el pescado para alimentar a mis hijos y nietos, cultivo maíz y café… Y así junté para construirme mi casita y sacar adelante a mi familia yo sola. Porque a mi marido lo mataron los ‘paracos’.

A su marido, y a la mayoría de los tíos y primos de Eva Luceli Higuita Oliveros.  “He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá, mi empresa. ¿De qué vamos a vivir cuando no podamos seguir viniendo?”, nos dice junto al puente La Garrucha, desde el que los paramilitares solían arrojar a sus víctimas al torrente, en la región colombiana de  Antioquia.

Eva Luceli, 52 años, aprendió desde pequeña a multiplicar los panes y los peces cribando la arena del majestuoso río Cauca hasta descubrir entre sus granos las deslumbrantes pepitas de oro. Sus manos obran el milagro de transformar semillas en alimento, y la fuerza física y mental de su pequeño cuerpo lleva décadas consiguiendo cubrir las necesidades de sus hijos y nietos. Pero todos estos conocimientos y resultados que no tienen ningún valor para las cuentas de resultados que compiten en la bolsa -y que no consiguieron exterminar las balas de la guerra colombiana-, van a ser arrasados por Hidroituango, una de las más de cien represas que se están construyendo en Colombia, un país donde ya se produce más energía de la que se consume, pero sin las que no se podrían abastecer las más de 9.000 concesiones de explotaciones mineras concedidas hasta 2015, así como cumplir con el plan estratégico de un país que pretende convertirse en un polo de generación eléctrica para el continente latinoamericano, así tenga para ello que expoliar y agotar los bienes comunes que han garantizado la subsistencia de miles de personas. 

De hecho, Eva Luceli, como la mayoría de la población de esta región que vive de la agricultura, la pesca y el barequeo -minería artesanal de oro-, ya tienen vetado el acceso a los 128 kilómetros cuadrados del cañón del río Cauca que han sido privatizados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de la tercera represa más grande de América Latina. 

– Yo sí creo que nos van a matar. Cuando fuimos a protestar contra la represa a Toledo la gente gritaba “Ya llegan los guerrilleros”. Y cuando voy al río a sacar oro –peces ya no, porque desde que construyeron el muro de contención apenas hay– tenemos que tener cuidado porque te encuentras a desconocidos armados. Tengo miedo, pero ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Esa gente que ha traído EPM nos mira mal.  

El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, campesino implicado en la lucha contra Hidroituango y el tercer integrante finado de  Ríos Vivos, un movimiento social colombiano en el que se integran buena parte de las distintas luchas contra las hidroeléctricas.  

Como en las dos anteriores ejecuciones, las circunstancias siguen sin aclararse y están envueltas en la impunidad, como también sucede con los asesinatos de al menos 600 asesinadas, las desapariciones a manos del paramilitarismo —y su alianza con el Ejército colombiano— de cientos de personas entre la década de los 90 y el año 2010 en los 12 municipios afectados por Hidroituango. El terror generado por las masacres fue tal que 110.000 de sus 170.000 habitantes huyeron, perdiendo sus tierras y sus hogares.

La historia de la represa Hidroituango está estrechamente imbricada con la de las últimas dos décadas del conflicto colombiano. Dos días antes de que el entonces presidente de la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, acabase su mandato antes de lanzarse a la campaña presidencial, la Asamblea regional aprobó la constitución de la empresa pública de Hidroituango. Era el 29 de diciembre de 1997, año en el que el paramilitarismo cometería algunas de las masacres más sangrientas en la zona afectada por la represa, como fue la de la vereda del Aro, por la que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo por no evitarla cuando tenía conocimiento de las torturas, los descuartizamientos, desollamientos, violaciones y todo tipo de barbaries que cometieron durante una semana contra su población –así como el asesinato de quince campesinos–, sino también por “su participación y colaboración directa” a través del Ejército.

El Tribunal Superior de Medellín pidió en 2018 que Uribe Vélez fuese investigado por su posible relación con esta masacre, ya que según varios testimonios de paramilitares, estuvo presente en las reuniones para prepararla y un helicóptero de su gobernación sobrevoló la población mientras era masacrada.  Su hermano Santiago está siendo juzgado por ser supuestamente el creador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que con sus matanzas contribuyeron al éxodo masivo de la población de esta región.

“Este proyecto político-militar en el que participaban los paramilitares, la Policía y el Ejército creó así el escenario ideal para la llegada de Hidroituango, porque así la empresa se encontró con un territorio vaciado y una población diezmada y adolorida, que estaba buscando a sus muertos y que difícilmente opondría oposición a la represa por todo el terror que habían generado las masacres. Es así como entiendo el origen de tanto desplazamiento, tantas masacres y tanto dolor contra nosotros”, explica Cristina Isabel Zuleta, socióloga y lideresa del Movimiento Ríos Vivos que tuvo que abandonar su vida en Ituango de adolescente, ante el temor de su familia de que los paramilitares la agrediesen sexualmente como hacían normalmente con las jóvenes. 2010, el año en el que empezó a construirse la represa, fue el momento en el que más personas fueron asesinadas extrajudicialmente en esta región.

Mientras fuera de Colombia se habla de la paz tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, los habitantes de los doce municipios afectados por la represa siguen sometidos al control de los grupos paramilitares –en municipios como Valdivia fuimos testigos de cómo siguen dictando toques de queda–, pero también por la militarización que suele rodear a estos macroproyectos para garantizar el desalojo de las comunidades que viven o trabajan en la parte privatizada, y también para proteger las obras ante la oposición que suelen suscitar. En el caso de Hidroituango, se ha llegado a construir una base militar junto a su muro de contención.

En una región donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, gran parte de la misma ya han experimentado lo que supone vivir como desplazada en las ciudades, o fuera de sus comunidades: más miseria, hambre y mendicidad. Y no está dispuesta a volver a vivirlo. Así les cueste la vida, como les advierten las amenazas que ha recibido Ríos Vivos como colectivo y de sus integrantes a título individual. Y como Cristina Isabel Zulueta, o Eva Luceli Higuita Oliveros, muchas de las que se han alzado en lideresas de esta resistencia han sido las campesinas.

La falsa energía verde que no es renovable

Las grandes hidroeléctricas se han planteado desde organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional como generadoras de “energía verde” y, por tanto, una de las estrategias para combatir el cambio climático. Sin embargo, son muchos los estudios que demuestran que su impacto medioambiental supera al supuesto ahorro de emisiones para el calentamiento global que se les atribuye. En 2014, un equipo de la Universidad de Oxford analizó la inversión económica requerida para la construcción de 245 grandes represas concluyendo que superaba a los beneficios. Y explicaban que otros métodos de producción energética como la eólica, la solar o pequeñas hidroeléctricas instaladas dentro de canales de regadío son más competitivas, generando además un menor impacto socioecológico. 

El mantenimiento de las grandes represas requiere además de inversiones que superan incluso al de su levantamiento, por lo que la mayoría de ellas terminan generando menos voltaje del anunciado y no se suelen desmantelar cuando dejan de ser rentables porque el coste de reubicar y reciclar millones de tonelada de cemento y ladrillo –dos de las industrias más contaminantes y beneficiadas del auge de las hidroeléctricas–, así como de recuperar los cauces hídricos, superarían de nuevo la inversión inicial para su puesta en marcha. Países que tienen que aumentar su endeudamiento público –y por tanto, su dependencia de organismos como el FMI– no sólo por el alto coste de las obras, sino también porque los sobrecostes suelen superar el 100% de lo presupuestado inicialmente: la brasileña de Belo Monte ha costado ya más de 9.500 millones de euros, cuando salió a subasta en unos 5.000. 

Pero es que además del impacto medioambiental que conlleva inundar el territorio, modificar el trazado natural de los caudales, diezmar la población de las 9.000 especies acuáticas que habitan los ecosistemas fluviales y gestionar los sedimentos que se concentran en el reservorio por el muro de contención, hay que tener en cuenta que las ingentes cantidades de metano que emite la putrefacción de la flora inundada y los sedimentos acumulados, supera con creces el supuesto ahorro de emisiones que supondría la quema de combustibles fósiles o de la quema de biomasa. Según un estudio de la Escuela del Medioambiente de la Universidad de Washington, en Vancouver, el metano emitido por la descomposición de la vegetación inundada y de los sedimentos acumulados es un 25% superior a lo estimado hasta el momento de la publicación del informe, en 2016. Aunque el metano sólo permanece en la atmósfera una década, según declaró en la revista BioScienceBridget Deemer, su autora principal, “durante los últimos veinte años, el metano ha contribuido casi tres veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono”. Estas emisiones son especialmente superiores en climas tropicales, que es en el que se enclava la mitad de Latinoamérica y de África.

Ninguna de estas revelaciones han frenado el enloquecido ritmo de construcción de represas, como tampoco lo ha hecho la constatación del empobrecimiento que generan entre los habitantes de las comunidades que son expulsadas de su territorio para su construcción, así como en las ribereñas marítimas en las que desembocan los ríos; ni que promuevan la corrupción por por los ingentes intereses económicos que implican; ni que muchas de las personas que se niegan a abandonar su hogar, su modo de vida, así como su fuente de subsistencia, suelan sufrir en determinados países hostigamiento, persecución e, incluso, el asesinato. Sólo en 2017, más de 210 defensores medioambientales fueron asesinados en el contexto de la lucha contra megaproyectos extractivistas como las hidroeléctricas. 

No sólo Berta Cáceres

Edizângela Barros es una de las 40.000 personas -8.000 familias- que han sido obligadas a abandonar su territorio por la represa Belo Monte, que ha mutilado el río Xingu, en la Amazonía brasileña. Tras ocho años luchando contra su construcción desde el Movimiento de Afectados por las Represas, su función ahora, que ya está en funcionamiento, es exigir que la empresa —de accionariado público en su mayoría— cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades. En la suya el número de asesinatos anuales pasó de 48 a 86 entre 2011 y 2014.

Sólo se ha reconocido el derecho a una vivienda a un 4% de las personas desplazadas, mientras que a un 75% se le ha concedido una indemnización que no alcanza para adquirir una nueva, según la ONG Instituto Socio-Ambiental. El subregistro de impactos es común a estos megaproyectos, ya que —dado que afectan a zonas rurales y a comunidades indígenas— es habitual que la población carezca de contratos de propiedad en los territorios comunitarios.

“El desplazamiento ha roto los vínculos comunitarios. Los pocos que sí han conseguido que les reconocieran su derecho a una vivienda en los campamentos que ha creado la empresa, no tienen de qué vivir porque éramos pescadores, campesinos… Y, encima, el coste de la vida en las ciudades es mucho más caro. Paradójicamente, muchas familias afectadas no pueden pagar la luz. La empresa se comprometió a trasladarnos a barrios con escuelas, centros de salud, pero no han cumplido nada. Eso ha provocado, entre otras muchas cosas, un aumento de la violencia en las familias”, explica Edizângela Barros por vía telefónica desde su nueva residencia.

El Ministerio Público Brasileño ha denunciado al Estado y al consorcio Norte Energía —creado ad hoc por el Gobierno de Lula da Silva para acometer este megaproyecto— por etnocidio, es decir, el exterminio cultural de pueblos indígenas. Una acusación que podría trasladarse a otros países, como Honduras, el más mortífero para los y las defensoras medioambientales: 130 han sido asesinadas y varios centenares encarceladas desde 2009, cuando el Gobierno golpista de Porfirio Lobo empezó a otorgar las más de 110 concesiones hidroeléctricas y 500 mineras a empresas nacionales y transnacionales que vemos hoy. El asesinato más conocido es el de  Berta Cáceres, a partir del cual el mundo empezó a entender que ser ecologista va mucho más allá de consumir de determinada estantería del supermercado, que decir “no” a los gobiernos y empresas transnacionales que imponen una ideología basada en el despojo de los bienes comunes puede costar la vida en determinados contextos marcados por la impunidad.

La campesina hondureña Albertina López, de la comunidad lenca Jilamito, se enfrenta, junto con otros cuatro activistas, a cuatro años de prisión. Están acusados de ocupar, durante una protesta, la propiedad privatizada donde se construye la represa Hidrocep, cuyas obras ya han convertido en barro el agua del río del que beben 170 familias.

“Trabajadores del empresario nos dicen que van a contratar a sicarios para que nos maten. También han comprado a vecinos, al Consistorio, a policías… pero nunca van a conseguir comprar nuestra dignidad porque este campamento se ha convertido en una hermandad”, explica Albertina. Desde 2017, decenas de hombres y de mujeres se turnan para impedir el avance de las obras; están poniendo sus vidas porque “el agua es vida”, reivindican.

El panorama no varía mucho en Ecuador, donde las protestas pacíficas contra los megaproyectos también son respondidas con violencia y denuncias por terrorismo o rebelión. Es el caso de Manuela Pacheco, a la que han denunciado por éstos y otros cargos en una quincena de ocasiones por oponerse a la represa que han construido en su aislada comunidad, San Pablo de Amalí, entre cuyo accionariado está la compañía vasca Ingehydro SL. Ahora que ya está funcionando, ni siquiera permiten a la población coger suficiente agua para regar sus cultivos, cuenta por teléfono.

Manuela se convirtió, junto con su esposo Manuel Trujillo, en un símbolo de la lucha contra las extractivistas, después de que ambos salieran con sus brazos —alzados y enlazados— del tribunal que en 2016 reconoció su inocencia por los cargos de terrorismo organizado, lo que ponía en evidencia la hipocresía del Gobierno bolivariano de Rafael Correa, que criminalizó la protesta social.

“Me ofrecían plata, carros, una casa… a cambio de que parásemos. En una reunión con gente del Gobierno, me dijeron que me podían sacar del país y que no hacía falta ni que volviese a mi casa, porque lo que allí tenía no valía nada —recuerda—. Esa es la visión que tienen de nuestras vidas, que no valen nada”.

Desde los Ejecutivos —sin apenas distinción por signo político— se presenta a estas personas como enemigas de sus países por ser contrarias a un supuesto desarrollo que no es sino una nueva forma de colonialismo basado en la acumulación por desposesión, robo o despojo. El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.

Por ello, parte del trabajo de las organizaciones que trabajan contra estas dinámicas ha sido resignificar sus vidas, como explica Cristina Isabel Zuleta: “El principal ejercicio que hizo Ríos Vivos fue recuperar el orgullo de ser lo que somos porque la violencia te lo quita, te hace sentir muy poca cosa. No quieres ser mujer porque implica un riesgo, no quieres ser campesina porque implica un riesgo… La violencia te quita tus raíces, tu identidad, y lo primero que hay que recuperar es la certeza de que valemos algo, de que no merecemos lo que nos están haciendo y de que tenemos que buscar justicia. Y eso te da la posibilidad de renacer con los otros y las otras, y de sentirnos mejor con nosotras mismas”.

Las nuevas guerras son medioambientales

“El extractivismo es una forma de guerra hacia las comunidades y sus maneras de estar en el mundo, y contra los medioambientes”, explica Daniela del Bene, coordinadora del Atlas de Justicia Medioambiental, que recopila datos de más de 2.400 conflictos ecosociales en todo el mundo.

Aún no hay leyes para esta guerra. No existe normativa internacional que regule la responsabilidad de las transnacionales, una impunidad contra la que organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) lleva años proponiendo una hoja de ruta, como explica Erika González, investigadora de OMAL: “En el ámbito internacional debería aprobarse un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a cumplir el Derecho internacional de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente… Y un tribunal internacional que pueda juzgar a los directivos y a sus empresas, pero no sólo a las matrices, sino que siga toda la cadena de valor de las transnacionales: proveedores, filiales y contratas”.

Mientras, las que sí son perseguidas, ninguneadas, encarceladas y hasta asesinadas son las personas a las que le quitan todo lo que tienen para producir una energía destinada a engrosar las arcas de los que más acumulan. Y están dando sus vidas por defender la vida, la de todos y todas.

- Ilustración de Emma Gascó.

Fuente: Pikara