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Autor Vanina Lombardi Idioma Español Pais América del Sur, Europa Publicado 15 diciembre 2017 11:12

Mercosur-Unión Europea: Un acuerdo que sale caro

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De aprobarse las cláusulas sobre propiedad intelectual del tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, postergado para 2018, el costo de las compras públicas de medicamentos podría crecer hasta un 30% solo en casos destinados a personas con HIV y Hepatitis C. Un documento que circula entre diversos ministerios revela el escaso margen de negociación local.

Por Vanina Lombardi

Agencia TSS – “Si existiera la extensión de las patentes, el Estado gastaría casi 73 millones de dólares más solo en la compra de seis medicamentos que hoy se distribuyen en personas que viven con HIV y Hepatitis C. Eso es casi un presupuesto más de la Dirección Nacional de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual” (DNSYETS) del Ministerio de Salud de la Nación, dijo el economista Carlos Bianco, docente e Investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), durante la presentación de un estudio de impacto que desarrolló junto con su colega Mariela Bembi, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP). El estudio tiene en cuenta las modificaciones vinculadas con aspectos de propiedad intelectual que la Unión Europea propuso incluir en el tratado bilateral con el Mercosur durante la ronda de negociaciones de mayo del año pasado.

“Nos preocupa el avance de las negociaciones porque en materia de medicamentos incluye medidas de lo que llamamos ADPIC Plus (acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), que van mas allá de lo que ya se firmó dentro de la multilateralidad en la OMC”, dijo la abogada especializada en propiedad intelectual Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación GEP. Y agregó: “Si por la OMC tenemos patentes farmacéuticas o sobre tecnologías médicas, con los acuerdos comerciales tenemos extensión de ellas y generación de otros derechos exclusivos, como la protección de datos de prueba, que agravan la situación”. Esto se da porque se extienden los monopolios y se impide que nuevas empresas competidoras ingresen en el mercado.

La Fundación GEP se propuso analizar el impacto que esas medidas podrían tener sobre el acceso a medicamentos. Para eso armaron una canasta de 17 antivirales y antirretrovirales que actualmente distribuye gratuitamente la DNSYETS y estimaron el gasto para obtenerlos, a partir de tres cláusulas vinculadas que aparecen en el capítulo de propiedad intelectual según lo solicita la Unión Europea: una de ellas es el agotamiento regional de las patentes, lo que dificultaría la importación de medicamentos genéricos cuyas patentes vencieron a nivel internacional, hasta que las mismas también caduquen en la región. Las otras dos cláusulas son las que mencionaba Di Giano: extensión del período de vencimiento de las patentes y protección de los datos de prueba. En este último caso, se le da la exclusividad de la información a los laboratorios que hicieron los primeros análisis clínicos o preclínicos, lo que también sería una traba para la producción de genéricos.

“Si existiera la extensión de las patentes, el Estado gastaría casi 73 millones de dólares más solo en la compra de seis medicamentos que hoy se distribuyen en personas que viven con HIV y Hepatitis C”, dijo el economista Carlos Bianco, de la UNQ.

“Estas dos regulaciones hoy no están vigentes en la Argentina ni en otros países del Mercosur, excepto la extensión de patentes, que solo está vigente en Brasil”, explicó Bianco, que fue secretario de Relaciones Económicas de Cancillería durante la gestión anterior y agrega que, según los datos obtenidos en el estudio, “si el Estado quiere mantener el acceso a la salud de la población con problemas de HIV y Hepatitis C y se aprueba la cláusula de extensión de patentes, gastará 353,92 millones de dólares más en 2050, es decir, un 4,1% más que en la actualidad. Si se aprueba la cláusula de protección de datos de prueba, el incremento sería de un 26,5%, y si se aprueban las dos, el Estado debería gastar un 31% más”.

Más allá de los medicamentos

Si el año que viene las negociaciones avanzan y el capítulo de propiedad intelectual prospera, no solo afectará al sector de la salud, sino que también tendrá efectos que ya están siendo cuestionados en la producción de alimentos y semillas. Como había adelantado TSS en una nota anterior, la propuesta de la Unión Europea propone optar por las normas de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales en su revisión del año 1991, más conocidas como UPOV91, a las cuales ninguno de los países que integran el Mercosur han adherido. Este fue uno de los puntos más controvertidos cuando se intentó reformar la actual Ley de Semillas, ya que extiende los derechos exclusivos incluso a la cosecha, es decir, limita el derecho al uso de la semilla que el propio agricultor ha obtenido.

“Nos van a impedir reproducir y compartir nuestras semillas, perderíamos el derecho a las semillas si no logramos frenar este acuerdo, que también incluye compras gubernamentales o contratación publica de servicios. No pudimos acceder al texto pero son un montón de normas que se van a imponer a nuestros pueblos y que aparentemente nuestros países están dispuestos a entregar, solo para poder vender carne a la Unión Europea”, cuestionó Karin Nansen, de la Red de Amigos de la Tierra de Uruguay, durante el Foro de Soberanía Alimentaria que se desarrolló en el marco de la Cumbre de los Pueblos en contra de la reunión ministerial de la OMC que se desarrolló en Buenos Aires.

“El sector de la carne es sumamente concentrado en todos los países del Cono Sur. Unas pocas empresas tienen el poder y el control, y en función de esos intereses se negocia y se vende absolutamente todo. Entonces, no solo estamos resistiendo a la OMC, sino a toda la lógica perversa de los acuerdos de libre comercio y de los tratados bilaterales de inversiones, que también impiden que nuestros países puedan tener políticas soberanas”, dijo Nansen.

“Es un acuerdo de asociación que lleva casi 20 años de negociación, y que mas allá de su denominación tiene el mismo formato que un Tratado de Libre Comercio (TLC), excepto que no tiene capítulo de inversiones, aunque, por ejemplo, la Argentina tiene tratado bilateral de inversiones con casi todos los países de la Unión Europea”, agrega la polítóloga Luciana Ghiotto, y explica que el proceso de negociaciones “ha sido muy complejo”, principalmente por un tema de acceso a mercados, en especial la cuota de acceso del Mercosur a la Unión Europea en términos de carne, etanol y biocombustible, porque ambos bloques son competitivos en esos sectores.

“En los últimos dos años, cuando se relanzó la negociación, el Mercosur ha dado el brazo a torcer en varios puntos, favoreciendo a la Unión Europea. Por ejemplo, en cuestiones de derechos de propiedad intelectual”, agregó la investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín(UNSAM), que además es integrante de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC Argentina) y de la Asamblea Argentina Mejor sin TLC. Pese a esto, las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea se han vuelto a postergar para el año que viene por falta de acuerdo entre los bloques.

Fuente: Fundación GEP.

Impactos sobre las compras públicas de medicamentos realizadas por el Ministerio de Salud a través de la DNSYETS

Más preocupante es un documento que circula entre los negociadores de los distintos ministerios de la Argentina, al que TSS tuvo acceso, en el que las mismas autoridades reconocen que “los temas que persisten ahora son de gran interés para la Unión Europea y del máximo nivel de sensibilidad para el Mercosur: exclusividad de datos de prueba, extensión de patentes e indicaciones geográficas”. En el documento se señala que el margen de negociación por el tema de protección de datos para el Mercosur es “prácticamente nulo”, y que “cualquier concesión que se haga en este capítulo a la Unión Europea se extenderá automáticamente a todos los miembros de la OMC”.

Una fuente que prefirió no revelar su identidad lamentó la respuesta que obtuvo de alguien que participa en las negociaciones de este acuerdo, que le habría dicho que “la orden” es firmar el acuerdo, porque servirá “de anclaje institucional” para las reformas que se están haciendo en el mercado interno. Esto es así ya que las leyes locales pueden ser derogadas en el futuro pero un tratado internacional es más complejo de revertir, porque puede implicar conflictos con otros países. “Quieren dejar atadas sus reformas estructurales en el marco de un acuerdo internacional, como lo hizo Menem con la OMC en 1995, para que si alguien quiere avanzar en el futuro con procesos de industrialización, ya no lo pueda hacer”, concluyó.

Fuente: UNSAM


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