México: de conasupo a cargill o cómo transferir la soberanía alimentaria a los monopolios privados

Idioma Español
País México

"Es inaceptable para un país como el nuestro haber permitido la transferencia de nuestra soberanía alimentaria a manos privadas y trasnacionales. Hecho que no hicieron ni harán los países desarrollados y emergentes con proyecto nacional soberano como Brasil, India y China."

El mercado agroalimentario mexicano está hoy en día bajo el control de los monopolios privados, tal y como se lo propuso la política neoliberal en nuestro país a partir de 1982 con los llamados programas de ajuste estructural, la adhesión al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT), la reforma salinista al artículo 27 constitucional, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el desmantelamiento de la intervención gubernamental en la regulación y fomento del sector.

Utilizando sucesivas y diversas oleadas de “shock y conmoción”, procedimiento asociado a las políticas neoliberales de acuerdo con Noami Klein en su imprescindible libro El capitalismo del desastre , las corporaciones agroalimentarias estadounidenses y mexicanas impusieron a la sociedad mexicana la transferencia y el control de nuestro mercado agroalimentario valuado en 50 mil millones de dólares a un puñado de monopolios privados. Lo anterior con la complicidad del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo y las presiones del gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Efectivamente, hoy en día nuestro país importa 20 mil millones de dólares de alimentos de Estados Unidos por medio de empresas estadounidenses (40 por ciento de la demanda nacional), y la mayor parte de los 30 mil millones de dólares del valor de la producción agroalimentaria doméstica es controlada por 20 grandes corporaciones trasnacionales –mexicanas y extranjeras.

Entre las oleadas de shock y conmoción utilizadas por las corporaciones para capturar el mercado, debilitar la resistencia de la sociedad y desmantelar el control del Estado sobre su política agrícola, alimentaria y comercial se encuentran las siguientes: a) la crisis de la deuda de 1982, b) el terremoto de la ciudad de México en 1985, c) el fraude en las elecciones presidenciales de 1988, d) los asesinatos políticos de 1994, e) los llamados errores de diciembre de 1994 y f) el fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2006.

El ataque de las corporaciones se centró en tres objetivos: a) lograr el desmantelamiento del Sistema Conasupo, b) propiciar la privatización de las tierras ejidales y comunales y de sus recursos territoriales y c) eliminar el control soberano de las fronteras al comercio agroalimentario.

En lo que se refiere al Sistema Conasupo (precios de garantía para las cosechas; distribución de alimentos a precios subsidiados; administración de la reserva alimentaria; control de precios de la tortilla; monopolio de las importaciones y exportaciones agrícolas; sistemas de acopio, almacenamiento y distribución; industrialización de maíz, trigo y oleaginosas; terminales graneleras en puertos y fronteras; centros de capacitación campesina; etcétera), se enderezó un agresiva campaña para su privatización y extinción explotando ad nauseam los casos de corrupción y de ineficiencia a todas luces existentes.

Para propiciar el desmantelamiento de la propiedad social de la tierra y sus recursos patrimoniales, el gobierno de Salinas de Gortari cooptó a la mayor parte de las organizaciones y movimientos campesinos de la época y emprendió la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992.

Finalmente, con el TLCAN se perdió la soberanía nacional sobre el comercio agroalimentario, así como sobre el control de la inversión extranjera en nuestro país.

Una vez logrados los tres objetivos antes anotados, el control del mercado agroalimentario por unas cuantas corporaciones fue creciendo año con año, capturando las decisiones de política pública, las dependencias y los programas gubernamentales. Entre las decisiones tomadas por el gobierno federal para favorecer la monopolización privada de nuestro sector agroalimentario se encuentran las siguientes: a) venta y/o concesión de industrias e infraestructura estratégica a grandes corporaciones mexicanas y extranjeras; b) otorgamiento de cupos de importación libres de arancel, con exención del pago de impuestos y contraviniendo al propio TLCAN al respecto; c) desmantelamiento de los programas de fomento a la producción nacional de alimentos (infraestructura, crédito, asistencia técnica, investigación, soporte de precios, etcétera); d) captura de la mayoría de los subsidios públicos para los agricultores comerciales del norte y las corporaciones; e) exención del pago de impuestos bajo un régimen especial de tributación; f) nula regulación en materia de calidad e inocuidad alimentaria tanto en la importación como en el procesamiento y distribución; g) favorecer las importaciones agroalimentarias a precios dumping , y h) ineficaz regulación contra prácticas anticompetitivas.

Es inaceptable para un país como el nuestro haber permitido la transferencia de nuestra soberanía alimentaria a manos privadas y trasnacionales. Hecho que no hicieron ni harán los países desarrollados y emergentes con proyecto nacional soberano como Brasil, India y China.

Recuperar la soberanía alimentaria y lograr nuestra independencia alimentaria constituyen un asunto de seguridad nacional y un requisito para la salvación de nuestro país.

¿Qué dice la Ley Federal de Competencia?

Artículo 2:

La ley tiene como propósito “proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios”.

Artículo 8:

“Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que, en los términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de los bienes y servicios”.

Artículo 9:

Las prácticas monopólicas absolutas son “arreglos, contratos, convenios entre agentes económicos competidores que pretendan: fijar el precio de los bienes y servicios, restringir o acordar la oferta de bienes y servicios y dividirse el mercado”.

Artículo 10:

En general, se consideran prácticas monopólicas “los actos, contratos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas a favor de una o varias personas”.

En suma, según la ley de competencia en México, son prácticas monopólicas aquellos acuerdos entre agentes económicos que dañen, limiten o impidan la competencia.

FUENTE: Extractos de la ley escogidos por Rogelio Huerta Quintanilla, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, en su estudio Monopolio, precio de la tortilla y estancamiento en la economía mexicana .

Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

Fuente: La Jornada del Campo

Temas: Soberanía alimentaria

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