Tres es una confirmación - Otra planta de celulosa en Uruguay en ciernes y el modelo en cuestión

El pasado 14 de julio la empresa finlandesa Upm (ex Botnia) comunicó la posibilidad de construir una segunda planta de fabricación de celulosa en Uruguay. Para ello dijo que está en conversaciones con el gobierno nacional y que la inversión sería de 4.000 millones de dólares, pero a diferencia de cuando se instaló en Fray Bentos, dio a conocer un requerimiento básico: que la planta cuente con una infraestructura que permita que sus productos sean trasladados, preferentemente vía ferrocarril, a un puerto de aguas profundas, en este caso el de Montevideo. Para cumplir con el requisito, la administración nacional deberá desembolsar 1.000 millones de dólares. Upm instaló su primera pastera a orillas del río Uruguay sin plantear estas exigencias y fue la empresa quien eligió el emplazamiento. Lo distinto en este caso es que las gestiones realizadas en 2014 por el entonces presidente José Mujica en Finlandia proponían como lugar de la nueva planta el centro del país, en lugar de las riberas de ríos compartidos con la vecina Argentina.

El anuncio de la pastera fue bien recibido por el gobierno uruguayo (aunque faltan negociaciones para que se concrete), en la medida que esa inversión extranjera directa (Ied) sería un impulso a una economía cuasi estancada por falta de capitales que la dinamicen. La obra pública ha sido recortada y en el horizonte no aparece otro factor que actúe como locomotora del crecimiento económico.

Esta nueva fábrica de Upm sería la tercera en producir celulosa en el país. La interrogante que surge, más allá del ingreso de los dólares y el incremento de al menos un punto del Pbi, es cuánto derrama y aporta al desarrollo de Uruguay una producción de este tipo. La respuesta puede medirse en dos factores principales: cuál es la conveniencia para el modelo productivo, y cuánto de esa inversión (y sus resultados) genera recursos para el desarrollo de las políticas públicas. Un primer asunto a tener en cuenta es que, de concretarse el emprendimiento, debería instalarse en zona franca puesto que, de acuerdo al tratado bilateral de inversiones (Tbi) firmado con Finlandia, debe recibir un trato igualitario al de otras empresas de la misma nacionalidad (y también de otro origen) instaladas en Uruguay. El régimen de zonas francas fue definido, mediante una ley, en 1988. En la actualidad el Parlamento tiene para su aprobación un proyecto del Ejecutivo (que cambia la denominación a “zonas económicas especiales”) que en esencia mantiene todas las exoneraciones y la extraterritorialidad de los negocios allí afincados. De acuerdo a la ley vigente, las empresas en zonas francas están exoneradas de cualquier tipo de impuesto nacional, incluida la remisión de sus utilidades a las casas matrices y sólo deben abonar los aportes al Bps de los trabajadores nacionales, que en las dos pasteras existentes (Upm y Montes del Plata, en Colonia) son la minoría. Tampoco se grava la importación de insumos para su producción. Lo paradójico de todo esto, confesó a Brecha un jerarca de anteriores administraciones frenteamplistas, es que la ley de promoción de inversiones (que exonera temporalmente de muchos impuestos al capital) se fundamentó en la necesidad de limitar la existencia de zonas francas, pero en realidad éstas se han ampliado y han perforado el marco tributario del país. Hoy son 11 y varias de ellas fueron concedidas durante los gobiernos frenteamplistas, por ejemplo la de Montes del Plata y Aguada Park (servicios globales), que pasaron de representar el 3 por ciento de las exportaciones en 2005 al 18 por ciento en 2015 (unos 1.500 millones de dólares).

De acuerdo a un informe publicado en mayo de este año por Uruguay XXI, las exportaciones de las dos plantas de celulosa en 2015 alcanzaron los 1.237 millones de dólares, ocupando el segundo lugar tras la soja. El principal destino de la celulosa es China. A su vez, ese mismo año las exportaciones de troncos hacia Upm y Montes del Plata fueron por un valor de 589 millones de dólares. En el caso de la venta de los rolos de eucaliptos hacia los establecimientos mencionados, cabe denominarlas exportaciones, porque van hacia zonas extraterritoriales, aunque estén dentro del territorio uruguayo.

Los bemoles del modelo

En cuanto al aporte al desarrollo productivo del país, las conclusiones no son tan alentadoras como sus defensores pregonan. El doctor en economía Gustavo Melazzi señaló a Brecha que, por ejemplo, son 180 los trabajadores nacionales contratados por Upm en Fray Bentos y están vinculados a trabajos de baja calificación. El reclamo, añadió, de que dejara una cadena de valor hacia adelante fue hecho por el Pit-Cnt, pero no cuajó. “Desde el comienzo nosotros planteamos que era importante en todos los convenios decirle al capital extranjero que avanzara en algún proceso industrial más desde la celulosa (que es un commodity), pero nunca pasó nada”, concluyó Melazzi. Incluso indicó que la única empresa creada para suministrar insumos a la pastera (Kemira) está en la planta física de Upm –por tanto en zona franca– y parte de su capital accionario es del Estado finlandés. Además, Kemira también suministra los productos químicos a Montes del Plata.

Por otro lado, el ex jerarca gubernamental comentó a Brecha que habría influencia positiva en el modelo de producción en el caso de que el aumento de plantas permitiera que se montaran en el país empresas que proveyeran de insumos a Upm y Montes del Plata. Y recordó que el principal motivo de la implantación de plantas de celulosa por la parte privada es que la diferencia de costos de flete entre transportar en barco la madera y hacerlo una vez ya transformada en pasta produce, por la variación del volumen, “un abaratamiento muy grande”. Pero la mano de obra en la cadena hacia adelante está en China, y no en suelo uruguayo. De ahí que lo importante sería participar en la cadena hacia atrás, en la producción de más productos químicos, de repuestos o de otros insumos. “Desde el punto de vista productivo eso sería lo más interesante”, remarcó.

Las plantas en sí emplean mano de obra mientras se construyen, pero después funcionan con bajo empleo. “Cuando se habla de la cadena forestal y de las grandes plantas, afirman ‘nosotros empleamos miles’; en verdad esos miles en buena parte ya estaban empleados antes. Y los troncos en lugar de ir al puerto van a las pasteras”, afirmó. Lo positivo sería que puedan utilizar productos elaborados en el país, insistió. Y recordó que hoy, en el mundo, los procesos industriales están fragmentados, pero todos los países quieren participar de alguna manera en la elaboración de la mercancía final con la incorporación de productos nacionales. De otra manera no hay efectos positivos para el desarrollo local.

Melazzi subrayó que ya en 2011 se constató que las pasteras no produjeron ningún efecto locomotora, excepto Kemira, que es de ellos, “el resto es negativo porque se llevan las utilidades (Upm ya desquitó la inversión), y lo único que se ha logrado es la consolidación de un modelo primarizado”. Y en cuanto al personal ocupado recordó que mucho se habló de la formación de soldadores uruguayos, pero ellos resolvieron que no, que necesitaban soldadores con experiencia del exterior y los trajeron hasta de Polonia. En referencia a los miles de empleos indirectos, advirtió que es correcto diferenciar dos aspectos: en el caso de la plantación de eucaliptos ya existente, no hay variación en la producción ni en la incorporación de mano de obra, “simplemente se establece un destino alternativo al puerto de Montevideo, para exportar los troncos”. Y si se trata de ampliar las áreas cultivadas, la llamada generación de empleo indirecto es en realidad negativa. “El censo agropecuario dice que cada mil hectáreas la forestación ocupa 1,7 trabajadores y la ganadería, que es la que le sigue, seis trabajadores. Lo que dejan es la parte de los salarios pagados, el arrendamiento de algunas cosas y el pago de intereses de ciertos préstamos solicitados al Banco República. La compra de energía no, porque ellos la producen y se la venden a Ute”, sostuvo Melazzi. Según el informe de Uruguay XXI, el excedente energético de Upm en Fray Bentos equivale al 11 por ciento del total de la electricidad producida en el país y es suficiente para abastecer 150 mil hogares. En el caso de Montes del Plata, lo producido y vendido al ente es mayor y satisface la demanda de 200 mil hogares.

En relación con las utilidades no gravadas y enviadas al exterior, el economista indicó que del 30 al 40 por ciento de las remesas (que en su totalidad equivalen anualmente a 2,5 por ciento del Pbi) corresponden a las pasteras. Esto relativiza el impacto que tienen en el incremento del producto (1,5 por ciento), pues los ingresos al país resultantes de los millones que exportan son mínimos.

Una opinión bastante generalizada en filas del propio oficialismo, aunque manifestada en privado en función de las discusiones pendientes (por ejemplo, la rendición de cuentas), es que la necesidad de inversiones obliga a ser menos selectivo. Aparte de no existir convencimiento de que necesariamente la nueva planta deba instalarse en una zona franca, se señala el riesgo de que si bien el emprendimiento es positivo por el ingreso de divisas, en la medida en que no exista la exigencia de instalar industrias auxiliares importantes, y nacionales, para proveerle de insumos puede generar problemas al resto de la producción nacional. Ello porque la inyección de capital sin un fuerte desarrollo de proveedores y productores nacionales lo que hace es fortalecer el peso, devaluando el dólar, disminuyendo la capacidad de competencia del resto de la industria exportadora del país.

Fuentes de la Opp (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) señalaron a Brecha que se pretende trabajar en otra perspectiva y se piensa en plantear algunas iniciativas de la cadena hacia adelante. Por ejemplo, no sólo referido a la fabricación del papel sanitario sino hacia una “bioeconomía centrada en la celulosa” para la producción de biocombustibles de segunda y tercera generación. Esa sería una variable hasta ahora inexplorada.

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Los puestos de trabajo en las pasteras y la forestación

Ayuda memoria

Betania Núñez

Cuando desembarcó Botnia se dijo que la empresa generaría 8 mil empleos, entre directos e indirectos. El mismo argumento se recicló con Montes del Plata, que anunció que daría trabajo a 7 mil personas. Ahora Upm quiere redoblar la apuesta y vuelve a sacar el mismo número de la galera: va a generar, dicen, otros 8 mil puestos. Pero la experiencia obliga a tomar los números con pinzas. Más allá de que hay quienes aseguran que tales cifras nunca se alcanzaron, lo cierto es que luego del boom que se generó durante la construcción de las plantas, la ocupación cayó estrepitosamente. Hoy la propia Upm dice que emplea a 800 trabajadores, aunque hay quienes manejan, por fuera de la empresa, cifras mucho menores. Mientras, Montes del Plata afirmó en la última reunión de la Comisión de Seguimiento, realizada el 15 de octubre de 2015, que emplea a 286 trabajadores y 953 a través de contratistas. Sin embargo, en la misma reunión el vecino de Conchillas encargado de la bolsa de empleo, Fabián Almada, dijo, según consta en el acta, que en el pueblo exigen el “trabajo que se les prometió” y aseguró que “la cifra que maneja la bolsa de trabajo no es la misma que la presentada por la empresa”.

Yendo un poco más atrás en el tiempo, las obras de Montes del Plata también se recuerdan por la violación de los derechos laborales, particularmente de los trabajadores extranjeros. “Venían con salarios menores, había trabajadores que cobraban el 40 por ciento que nosotros; tenían condiciones laborales totalmente diferentes respecto al cobro de horas extra y los protocolos de seguridad. La informalidad que se da cuando vienen empresas tan grandes es muy compleja. Nos pasó por ejemplo que un trabajador chileno fue atropellado por un auto en Carmelo y no tenía cobertura médica ninguna”, rememoró en diálogo con Brecha Daniel Diverio, dirigente del Sunca (sindicato de la construcción). Eso, y no la falta de calificación del personal uruguayo, fue lo que explicó muchas veces el empleo de personal extranjero en lugar del nacional: “¿Por qué traen un trabajador extranjero, si tienen el costo del pasaje y el de la estadía?”, se pregunta y se contesta Diverio. “Porque lo que hay detrás es una explotación salvaje de los compañeros extranjeros.”

En ese sentido, este semanario publicó en su momento, por ejemplo, que durante la huelga iniciada por la muerte de un obrero en Montes del Plata había trabajadores extranjeros que no hablaban español ni inglés y que, sin poder ir a trabajar para cobrar el jornal y en un país mucho más caro de lo que les habían anticipado, se habían quedado sin ahorros. A todo eso la empresa para la que trabajaban no les daba explicaciones ni les facilitaba un pasaje de vuelta a su país de origen.

De cara a la construcción de una tercera planta, Diverio consideró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha mejorado, pero señaló que esa cartera tiene serias dificultades para controlar que las grandes empresas que realizan obras en el interior del país cumplan con las leyes nacionales. “En las oficinas de la mayoría de los departamentos del Interior hay inspectores que tienen escasa capacitación, y muchas veces desconocen los últimos convenios laborales. Cuando se hace una denuncia puede ocurrir que tengamos que esperar a que vaya un inspector de Montevideo y que cuando llega la obra ya terminó. El ministerio tiene una pata flaca en eso.”

Menos visibles en la cadena de la celulosa, los trabajadores forestales viven una realidad todavía más compleja. El semanario La otra voz de Tacuarembó publicó el 8 de julio el testimonio de varios forestales de Tranqueras, Rivera, donde se da cuenta de contratos laborales de 11 meses al año disfrazados de zafrales y el pago en negro de buena parte del sueldo, lo que reduce el aguinaldo y la perspectiva de una jubilación justa. También relata la realidad generalizada entre los aplicadores de herbicidas que trabajan sin habilitación y por unos pocos pesos, la distancia de un sindicato, el Soima, que ya no los consulta de cara a las negociaciones en los consejos de salarios, y las listas negras donde los patrones anotan a “los revoltosos” que osan reclamar por sus derechos.

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¿Crear dos, tres, muchas papeleras?

Hugo Dufrechou/Martín Jauge *

La empresa Upm comunicó el interés de instalar su segunda planta de celulosa. Sería la tercera en nuestro país, procesaría el doble de madera que la planta de Fray Bentos, y su construcción demoraría cuatro años, dando empleo en esa etapa a 8 mil trabajadores.

La empresa Upm comunicó el interés de instalar su segunda planta de celulosa. Sería la tercera en nuestro país, procesaría el doble de madera que la planta de Fray Bentos, y su construcción demoraría cuatro años, dando empleo en esa etapa a 8 mil trabajadores.

Además, la inversión total será de 5.000 millones de dólares: 4.000 millones por parte de Upm y 1.000 millones por parte del Estado, para asegurar condiciones de infraestructura y logística tanto para el transporte de la materia prima hacia la planta como de la producción hasta el puerto de Montevideo. El Estado espera realizar esta inversión en gran medida a través de inversiones privadas.

Los beneficios económicos y sociales de estas megainversiones están permanentemente en debate. Sus defensores manifiestan que son beneficiosas por la cantidad de empleos directos e indirectos que generan, por las posibilidades de transformar la matriz productiva al avanzar en el encadenamiento vertical, integrando procesos productivos más complejos; por ejemplo, fabricar papel.

Los opositores argumentan que la cantidad de empleos directos e indirectos generados por este tipo de inversión suele no ser tal. Sostienen además que estos proyectos generan daños en el ambiente que impactarán en las generaciones futuras. Aseguran que la promesa de ser pasos intermedios hacia una transformación productiva asociada a la industria de alta tecnología es vacía, dado que de acuerdo a la división internacional del trabajo esas actividades están restringidas a los centros económicos, como Estados Unidos, algunos países de Europa y Japón. Argumentan, además, que la estrategia de incentivo a la inversión desarrollada por el gobierno –por ejemplo mediante la ley de promoción de inversiones o las zonas francas– no parece apropiada para estas inversiones, ya que los principales incentivos para su instalación tienen que ver con las condiciones del suelo o la calidad institucional que promueve “reglas” claras.

Hay que recordar que la ley de promoción de inversiones permite la exoneración de hasta un 100 por ciento del impuesto a la renta empresarial (Irae), y las zonas francas se benefician de un régimen de exoneración tributaria total, con excepción de los aportes a la seguridad social. En otros países, como Noruega, China, Argentina, Chile, Estados Unidos, se utiliza parte de la renta captada de esas empresas para capitalizar fondos soberanos de inversión, previendo que las futuras generaciones no tendrán beneficios cuando se agote el recurso natural que explotan (por ejemplo el petróleo). Uruguay, parece estar en las antípodas de esas políticas.

Experiencias anteriores. Hoy el país cuenta con la experiencia acumulada de las dos plantas de celulosa existentes, y tiene nuevos insumos para el debate. Pese a que ambas son menores a la que se instalaría, en su momento fueron “la inversión más grande en la historia del país”. En ambos casos la construcción y la puesta en funcionamiento generaron un fuerte impacto en el Pbi –en 2015 el crecimiento fue de 1 por ciento, según la ley de rendición de cuentas, pero al descontar el efecto de Montes del Plata (Mdp), el mismo fue de 0,3 por ciento–. A su vez, su influencia en la generación de empleo tiene un fuerte aumento en la fase de construcción, cayendo drásticamente al quedar operativa la planta. Actualmente hay unos 600 trabajadores en cada una de ellas.

Respecto de los empleos indirectos, se estiman en unos 2.800 para Upm y 5 mil para Mdp. Si bien este es un indicador importante para ver el potencial de este tipo de inversiones, también es cierto que la estimación es bastante difusa, ya que muchos puestos de trabajo existían previamente. Tampoco se incluye en el análisis la destrucción de actividades que se hacían en zonas cercanas.

Posturas contrarias

La posición en contra de la nueva planta de celulosa se hace más compleja en esta coyuntura. Si bien siempre hubo discursos sumamente críticos hacia este tipo de inversiones, hoy el escenario es otro: el desempleo ha empezado a aumentar y se hace sentir en los sectores más humildes de nuestra sociedad, por lo que un posicionamiento contrario debería al menos contemplar esta situación e intentar esbozar alternativas.

Respecto del perjuicio ambiental, el debate parece estar aún en fojas cero debido a que los posibles impactos ambientales negativos de este tipo de industria recién serán mensurables más adelante. Sin embargo debería pensarse la crítica ambiental a toda la cadena de valor, y en particular la referida a la erosión del suelo que produce el eucalipto. La crítica por este lado debería apuntar no sólo a la parte industrial de la producción, sino al proceso general, con énfasis en el modelo forestal. Otro cuestionamiento apunta a lo poco democrática que resulta la toma de este tipo de decisiones. Ante la necesidad de superar momentos recesivos (y a veces no tanto), se atenta contra los mecanismos establecidos. Por ejemplo, al hacer el anuncio, el presidente Vázquez da por sentadas dos cosas: la aprobación de la Dinama, deslegitimando la opinión de –o ejerciendo presión sobre– el órgano de contralor en temas ambientales; y la inversión en infraestructura requerida por Upm, estableciendo que en gran medida será provista por privados y mediante la modalidad de participación público-privada. Tampoco resultan claros cuáles son los resguardos que pueda tener el Estado ante la inversión que se comprometió a hacer, con plazos que lo van a limitar y que debilitarán su capacidad para controlar aspectos fundamentales de las grandes inversiones.

¿Por qué el Gobierno lo celebra? El gobierno recibió esta noticia como una bendición caída del cielo. En un momento de contracción económica, la estrategia es desarrollar mecanismos que atraigan más al capital internacional. ¿Cómo? Garantizando mejoras en infraestructuras logísticas (por eso se anunció un plan de infraestructura quinquenal de 12.700 millones de dólares, que no sufre modificaciones en la actual rendición de cuentas); atacando el déficit fiscal para mantener el acceso a mercados internacionales de financiación, pero sin modificar los incentivos fiscales a las inversiones y resignando potenciales aumentos de los ingresos fiscales. En otro plano, pero con el mismo objetivo, se fijaron para el sector privado pautas salariales que desvalorizan la fuerza de trabajo mediante la reducción del salario real al desindexar los salarios en un momento de inflación creciente –pautas que no varían pese al insistente reclamo del movimiento sindical.

Para salir de la actual desaceleración económica se requieren fuertes shocks de inversiones. Pero esta coyuntura es el resultado de un modelo económico basado en la producción de commodities exportables y en un fuerte flujo de entrada de la inversión extranjera directa (Ied). Por eso, ante una disminución del precio de las materias primas y la retracción de la Ied, la economía uruguaya enlentece su crecimiento y genera un aumento del desempleo en áreas hasta ahora dinámicas, como la construcción, que ocupa entre otros a un porcentaje relativamente grande de trabajadores no calificados y que perdió cerca de 20 mil puestos de trabajo en los dos últimos años.

La apuesta del gobierno para salir de los problemas económicos que han generado las propias limitaciones de este modelo productivo, curiosamente, es su profundización. Vale aclarar que el modelo no es patrimonio del actual gobierno, se arrastra desde los años ochenta y noventa y tiene como hitos simbólicos y jurídicos la aprobación de la ley forestal (15.939, en 1987), la ley 15.921 de zonas francas (en 1987) y la ley número 16.906, de promoción y protección de inversiones, de 1998. Pero también hay que decir que su permanencia no ha sido cuestionada por quienes desde hace más de una década tienen el monopolio de las decisiones económicas en el gobierno (casi en exclusividad el Frente Liber Seregni).

La fundamentación para sostenerlo no pondera si el modelo es bueno en sí y tiene una oferta productiva deseable, sino que pone el foco en la inversión que realiza, la actividad económica que despliega y el empleo que puede dar. El modelo también propicia un proceso de fuerte concentración: del millón de hectáreas que hay forestadas, 200 mil corresponden a Upm y 230 mil a Mdp. Lo que muestra el alto grado de extranjerización y concentración de esta actividad económica.

En síntesis, en un escenario donde la conflictividad crece progresivamente (con la próxima votación de la rendición de cuentas y la continuación de la negociación en los consejos de salarios), se pueden apreciar las consecuencias del modelo al que se quiere seguir apostando por parte del gobierno. No obstante –unificando las diferentes luchas disgregadas–, se debería trabajar para generar condiciones como para que una planta de celulosa no sea la solución para sostener la economía, ni muchos compatriotas precisen de ella para mantener su empleo.

* Economistas. Integrantes de la cooperativa Comuna.

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Basta de joder con el ambiente

Raúl Zibechi

La millonaria inversión de Upm para abrir la tercera pastera profundiza el modelo extractivo, que no es sólo un modelo de economía, sino un modelo de sociedad: una “sociedad extractiva”, no productiva ni innovadora. Una sociedad que se dedica a convertir la naturaleza en mercancías, casi sin transformación, tiene su futuro comprometido.

En las primeras décadas del siglo pasado, cuando el país se encontraba en las puertas de un potente crecimiento industrial por sustitución de importaciones, existían alrededor de 500 “pueblos de ratas”, rémora de un pasado que estaba a punto de ser superado. El crecimiento de la industria fue capaz de absorber a miles de trabajadores que provenían de los barrios populares de la capital, de pequeñas y medianas poblaciones del Interior, y también de aquellos pueblos rurales donde se amontonaba el pobrerío desde el alambramiento de los campos.

Por lo menos tres generaciones se beneficiaron, a través del ascenso social, de aquel desarrollo industrial. Familias enteras llegaron a la capital, donde el varón solía encontrar trabajo en la construcción y la mujer en el empleo doméstico. Con los años, él podía aspirar a ingresar en una fábrica en la que aprendía un oficio y, con aplicación y no poco esfuerzo, alcanzaría el grado de obrero calificado. Ella también podía ingresar en alguna planta, como las textiles, que ocupaban mayoritariamente mujeres. A lo largo de una vida levantaban su vivienda y sus hijos podían elegir, ellos sí, entre el trabajo y los estudios. A menudo los hijos y los nietos de obreros de la generación que irrumpió en los años cuarenta acudieron a la universidad.

Esas performances no fueron, en absoluto, excepcionales. Uruguay tampoco fue un bicho raro en este tipo de desempeño industrial. Duró poco, ciertamente, pero le cambió la cara al país. Junto a ese proceso industrial se erigió un Estado del bienestar, aún imperfecto; una sociedad integrada e integradora anclada en la escuela pública, que nutría una cultura y unos valores compartidos por la inmensa mayoría de la población, más allá de las clases sociales a las que se perteneciera.

No era sólo un modelo económico sino un tipo de sociedad en que las clases medias tenían un papel preponderante y, según Real de Azúa, “amortiguador”. Estaba lejos de ser una sociedad perfecta (las mujeres y los jóvenes pueden dar testimonio de ello), pero era aquel tipo de mundo en el que casi todos podíamos reconocernos en el mismo espejo. Explotados y explotadores debían amoldarse a ciertas reglas de juego que impedían que unos se llevaran casi todo debajo del brazo. Era, en suma, una sociedad regulada. A veces, asfixiantemente regulada. Pero funcionaba y seguía integrando.

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Hoy se nos anuncia una millonaria inversión de Upm para abrir la tercera pastera. Las autoridades dieron el visto bueno porque, dicen, se necesitan inversiones para crecer y crear empleo. La central sindical avala esa decisión, así como los partidos mayoritarios. Ninguno de los actores mencionados, empero, explican los beneficios que tendrá para el país, más allá de esos dos argumentos ciertamente pobres, aunque mediáticamente eficaces. En una larga década tras la crisis de 2001, el Pbi se ha duplicado largamente pero los nuevos problemas sociales no parecen en vías de solución.

Como señaló días atrás Alberto Couriel, los gobiernos del Frente Amplio no se han dotado de una estrategia de desarrollo capaz de promover la innovación y la producción de alta tecnología. Seguimos siendo un país exportador de materias primas sin procesar. Digamos, de paso, que si el Frente renunció a diseñar un modelo de país en el que encuadrar (o rechazar) las inversiones que el mercado propone, ha perdido una oportunidad histórica ya que goza durante tres legislaturas de mayoría absoluta y una larga e inédita década de crecimiento de la economía.La nueva pastera profundiza el modelo extractivo, que no es sólo un modelo de economía, sino un modelo de sociedad: una “sociedad extractiva”, no productiva ni innovadora. Una sociedad que se dedica a convertir la naturaleza en mercancías, casi sin transformación, tiene su futuro comprometido.

Desde el punto de vista económico, en el rubro celulosa somos apenas exportadores de rolos de madera. El segundo o tercer destino de las exportaciones uruguayas, según los meses del año, son las zonas francas, porción de territorio en el que se ha renunciado a ejercer soberanía, donde no se perciben impuestos, salvo los aportes a la seguridad social, y el empleo que se genera es tan pequeño como los impuestos que se pagan.

¿Cuáles son las ventajas de emprendimientos que no generan valor agregado, no pagan impuestos ni crean empleo? Aquí no hay ni modelo de país ni estrategia de desarrollo. La impresión es que se funciona al golpe del balde. Las inversiones vienen porque en los países del Norte decidieron trasladar ciertos tramos de la producción al Sur y recalan en este país porque les ofrece las mejores condiciones para las empresas multinacionales. Pero acarrean consecuencias sociales que no suelen tenerse en cuenta.

La primera es que esta “sociedad extractiva” tiene mucho que ver con la de-sintegración social que sufrimos, con el aumento de la violencia en general y de la violencia machista en particular, con un alarmante crecimiento de la marginalidad, que no es un hecho económico sino social y cultural. No existen, ni pueden existir, modelos económicos que no sean, a la vez, formas de sociedad –que incluyen relaciones sociales y culturales–, salvo en la cabeza de economistas obnubilados por la macroeconomía.

Este modelo genera una enorme bolsa de trabajadores mal pagados. Una parte sustancial de los empleos que se generan se acercan a un salario mínimo. ¿Qué futuro podemos ofrecer a los jóvenes de los sectores populares cuando la mitad de los asalariados ganan menos de 15 mil pesos en empleos con bajísima calificación? ¿Es tan difícil vincular eso que llaman “delincuencia” con que una parte importante de los jóvenes no tiene futuro? Ellos, y a menudo sus padres, están teniendo un desempeño de vida inferior al de sus abuelos, como si la maquinaria que integraba en el siglo XX funcionara ahora al revés, mostrándoles el camino del descenso social.

Además de desintegración, este modelo genera una enorme y brutal insolidaridad e indiferencia ante los que sufren. Nadie se solidariza con los condenados, que sólo merecen piedad o misericordia. La creciente militarización de nuestra sociedad es la otra cara de la desintegración: apelar a la policía para resolver problemas de la vida cotidiana es la cara más amarga del extractivismo.

Esta sociedad extractiva se sostiene, por abajo, con políticas sociales que fueron creadas para atender la emergencia provocada por la crisis de 2002, pero ahora se eternizan porque el trabajo asalariado no asegura la sobrevivencia con dignidad. Y se reproduce, por arriba, con la ininterrumpida acumulación de riqueza por el 1 por ciento. La brecha económica es cada vez mayor, pese a los discursos oficiales, como lo demuestran los estudios que han analizado las declaraciones de la renta.

Mención aparte merece la creciente brecha urbana que ha sido definida como “extractivismo urbano” por algunos urbanistas, que ahonda el apartheid por el cual unos tienen libre acceso a la ciudad y los otros la sufren, ya sea por el pésimo transporte público o porque cierto color de piel resulta sospechoso (y perseguible) en las catedrales del consumo.

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Este modelo de sociedad no funciona sólo en Uruguay. Con particularidades que a veces lo empeoran (como la minería a cielo abierto), es la regla en toda América Latina. Un pequeño país no puede salirse del modelo hegemónico en solitario sin pagar enormes costos. Sin embargo, conviene recordarlo, un pequeño y pobre país del Caribe, llamado Cuba, logró zafar de la dependencia del monocultivo azucarero para convertirse en un exportador de tecnología médica. Para ello fue necesario desafiar las “leyes del mercado”, o sea, a los poderes que desgobiernan el mundo.

Que no sea sencillo salir del modelo no quiere decir que debamos subordinarnos ni cantarle loas. Podría decirse, por ejemplo, que el glifosato que se utiliza en los cultivos de soja es uno de los responsables de que nuestros ríos estén contaminados y nuestra salud en riesgo. Pero lo que no es éticamente aceptable es que se proclame que hay que levantarle un monumento a la soja.

Tampoco es aceptable que se tache de “ambientalistas” a quienes se oponen al modelo, con la misma intención de escurrir el bulto que décadas atrás usaban las derechas, acusando de “comunistas” a los que luchaban contra el pachecato. Es un modo mezquino de evitar el debate sobre el modelo de país que queremos.

Fuente: Semanario Brecha