Argentina - Córdoba: El secretario que promovió desmontes ilegales

Una investigación de Sala de Prensa Ambiental descubrió autorizaciones para desmontar unas 20.000 hectáreas de bosque nativo con la complicidad de autoridades de la Secretaría de Ambiente, quienes autorizaron desmontes ilegales a pedido de un abogado y empresarios del agro.

“Es una granada que tenía que estallar en cualquier momento porque él (Pratto) ofrecía cualquier cosa”, dicen fuentes consultadas en el seno de la misma Secretaría de Ambiente que, además, insinúan que hubo pago de coimas para obtener algunos de estos permisos de desmonte: “Las cifras iban de $150 mil a $500 mil para aprobar pedidos en zona roja, áreas donde la Ley no permite desmontar”, indican y precisan que “hay expedientes que han desaparecido y nadie sabe donde están.”

El 27 de octubre de este año, el Boletín Oficial de la provincia anunciaba que el contador Germán Pratto renunciaba a su cargo de secretario de ambiente por “exclusivas razones personales”, a un mes de cumplimentar su mandato junto al gobernador, en un decreto firmado por el gobernador José Manuel de la Sota. Desde el gobierno, justificaron la apresurada renuncia aduciendo que el funcionario optaba por cumplir su mandato frente a la intendencia de Morteros.

La renuncia pasó desapercibida.

Tal vez, dentro de sus “exclusivas razones personales” se encuentren cuatro expedientes en los que el Cr. Pratto autorizó desmontes ilegales en el interior provincial y el gobierno no habría hecho otra cosa que tapar el mayor escándalo que se haya producido en la historia ambiental de Córdoba.

Pratto, se fue llevándose en secreto más de 20.000 has autorizadas ilegalmente para ser desmontadas, lo que hace crecer las sospechas sobre los verdaderos motivos de su renuncia.

Dos de esos cuatro expedientes están firmados por Raúl Carranza, que se presenta como abogado especializado en temas ambientales. En realidad, Carranza es asesor de empresas agropecuarias, productores y entidades del campo. El abogado, patrocina defensas judiciales de infractores a la Ley de Bosques ante la Policía Ambiental.

Las resoluciones firmadas por Pratto para estos pedidos de desmonte no parecieran tener nada anormal si no fuera porque el Plan de Desmonte está firmado por un abogado, y en dicho expediente faltan los informes del Área de Suelos, de Bosques y el Dictamen Legal de la misma Secretaría.

Especialistas en el tema señalaron a este medio que el Decreto Reglamentario 114 de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo es muy clara: un abogado no puede firmar ningún Plan de Manejo o desmonte. Esa es una primera irregularidad, ya que la Ley explicita que deben ser técnicos relacionados con las ciencias agronómicas o ingenieros forestales los encargados de solicitar desmontes.

El abogado Carranza, representante de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y de la Sociedad Rural de Jesús María, firmó la solicitud de desmontes y el ex -Secretario de Ambiente autorizó la tala de bosques nativos impidiendo que intervinieran muchas de las áreas técnicas correspondientes a su Secretaría.

Los expedientes secretos de Pratto:

Las autorizaciones para estos desmontes no cursaron el camino administrativo que establece la Ley N° 9.814: Área de Asuntos Legales, de Suelos, de Bosque Nativo, de Fiscalización y Control, de Despacho y Directorio de la Secretaría de Ambiente. El visto bueno para estos desmontes esquivó áreas técnicas ya que fueron autorizados directamente por Germán Pratto, sin ningún análisis técnico.

Así figura en el expediente 0517020727 /2015 donde Héctor Bonaldi, referente de la empresa láctea Windy y titular de un campo de 5.169 hectáreas fue autorizado a desmontar con un plan de desmonte sin estudio previo. Algunos sectores de esa superficie contienen zonas rojas con estricta prohibición para realizar desmontes.

El empresario en cuestión, tiene registros de infracciones anteriores labradas por la Policía Ambiental. Un desmontador reincidente.

Otro autorización ilegal concedida directamente por Pratto, se le dispensó a Antonio Pérez, titular de un campo de 2.716 hectáreas, tal como figura en el expediente 0517020630 /2015 de la Secretaría de Ambiente, también con sectores que contienen zonas rojas.

Otras dos autorizaciones dudosas se las concedió a Javier Mazzea, 10.325 hectáreas según figura en el expediente 0517013090/09 y a GATOPA S.A, 1.200 hectáreas que constan en el expediente 0517009684/07. Todas superficies en Áreas Rojas.

La semana pasada, siguiendo con la purga forzada y silenciosa que huele a encubrimiento, el gobierno provincial le pidió la renuncia al Ing. Néstor Cruz, Director de Bosques de la Secretaría de Ambiente quien, a su vez, le había solicitado al responsable del Área de Manejo de Bosques Nativos que se tomara “una licencia” por 30 días. Recordemos que dicha Área es el núcleo encargado de controlar Áreas Rojas y Amarillas –las más frágiles de los ecosistemas provinciales-, allá en el norte de Córdoba, lejos de la capital.

Pratto asumiría una banca en la unicameral por Unión por Córdoba en diciembre próximo.

Fuente e imagen: Ecos Córdoba