Argentina - Mendoza: La ley antiminera es constitucional

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País Argentina

7 a 0: La Corte, en un voto unánime, avaló la vigencia de la norma que prohíbe el uso de sustancias contaminantes.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictaminó que la Ley 7,722 es constitucional. Después de muchos años de discusión, el tribunal confirmó que la norma que prohíbe el uso de sustancias químicas en el desarrollo de la minería metalífera es válida y sigue vigente en la provincia.

Este fallo significa una fuerte derrota para los impulsores de la actividad minera en la provincia y una importante victoria para las agrupaciones ambientalistas que se oponen a la industria acusándola de contaminante. La resolución fue tomada tras el voto de los siete ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte y terminó con un 7 a 0 contundente a favor de considerar constitucional la ley.

Los votos fueron en el siguiente orden: Jorge Nanclares, Herman Salvini, Julio Gómez, Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro y Pedro Llorente. Uno de los ministros de la Corte, sin embargo, presentó una disidencia parcial, pero que no afectó el peso de su voto.

El fallo se hará público este jueves:

Esta historia judicial se inició durante el gobierno de Julio Cobos, cuando el posible desarrollo del proyecto cuprífero San Jorge en Uspallata movilizó a los comités de defensa del agua. Las protestas fueron tales que la administración del ex vicepresidente optó por presentar un proyecto que terminó por transformarse en ley con el número 7.722 y se transformó en una bandera de lucha para los sectores ecologistas.

El máximo tribunal votó con un 7 a 0 contundente a favor de la ley.

De inmediato, una decena de empresas mineras con intenciones de explotar yacimientos en Mendoza, principalmente San Jorge, presentaron el pedido de inconstitucionalidad argumentando -entre otros aspectos- que había discriminación con la industria porque, como ejemplo, se les prohíbe el uso de sustancias que son usadas en otros procesos productivos que se desarrollan en Mendoza.

Desde ese momento los expedientes del caso estuvieron en el Palacio de Justicia, entre avances y frenos, hasta que la discusión por la minería se reactivó en 2014 con el impulso de dos proyectos de exploración en Malargüe.

En todo momento el máximo tribunal evitó entregar un dictamen, esperando que la política se encargara de encaminar la discusión en el ambiente legislativo. Sin embargo, eso no ocurrió y la presión sobre el máximo tribunal fue mayor.

Finalmente, y después de anunciar que no se realizaría una audiencia pública para discutir la inconstitucionalidad, en septiembre de este año llegó el dictamen del procurador de la Corte, Rodolfo González, quien consideró constitucional la norma.

El factor Veladero:

Aunque no se trató de un fallo vinculante, los especialistas consideran que fue tomado en cuenta a la hora del fallo final. Sin embargo, una situación que sí habría impactado en la decisión de los siete magistrados fue el derrame de cianuro en la mina Veladero de San Juan, caso de resonancia nacional que volvió a cuestionar la seguridad de algunas empresas mineras en sus procesos productivos.

Ese episodio se dio casi en paralelo con el inicio de la revisión del expediente por parte de los miembros de la Corte. La oposición social de quienes se oponen al desarrollo de la minería metalífera se hizo sentir.

San Jorge:

Ahora, la norma seguirá vigente y se espera la reacción de las empresas mineras que interpusieron el recurso. Se estima que recurrirán a la Corte Suprema de la Nación.

Por ahora el proyecto San Jorge, en su tercera versión, seguiría adelante, porque no se vería afectado por el fallo de la Corte, ya que considera extraer material en Mendoza y procesar en San Juan. Eso significa que no utilizaría sustancias químicas en suelo mendocino, sino que todo el proceso de lixiviación para obtener cobre se haría en la vecina provincia, donde no está prohibido el uso de sustancias usadas en la minería. Sin embargo, tampoco se descarta que las empresas, después de muchos años, descarten sus inversiones en Mendoza.

Por ahora el panorama es incierto y los abogados se encuentran revisando el fallo y esperando conocer los detalles de los argumentos para ver los pasos a seguir.

Fuente y foto: El Sol

Temas: Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades, Minería

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