Argentina: Necesitamos la prórroga de la Ley 26.160 YA!!!
Desde fines de septiembre organizaciones indígenas de lo ancho y largo del país se manifiestan mediante un acampe frente al Congreso de la Nación para reclamar por la prórroga de la Ley 26.160. La ley recibió media sanción de senadores y aún no fue tratado desde la cámara de diputados.
La prórroga resulta indispensable para que las comunidades puedan disponer de sus territorios comunitarios sin verse amenazados por desalojos que responden al interés extractivista en los bienes comunes (naturales y culturales) que caracterizan a los territorios. Así, la ley dispone la emergencia de la demarcación y suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” (Art.2)
La ley 26.160 es un instrumento legal que se promulgó el 23 de noviembre de 2006 y fue prorrogado en 2009 y en 2013 respectivamente. En los 11 años que van desde la promulgación de la ley sólo se han relevado al 30% de las 1400 comunidades de las que Estado tiene registro; a lo que hay que agregar que las comunidades organizadas plantean que son 1900 a 2000 comunidades, por lo que el porcentaje se achica. Dicho 30% -relativo- atravesó el proceso de relevamiento territorial mediante la conformación de un equipo técnico conformado por equipos legales, georeferenciales y socioantropológicos. Además, hay 400 comunidades que están realizando las carpetas técnicas que contempla la Ley y 800 comunidades que aún esperan comenzar el proceso de demarcación territorial.
En función de lo requerido por la ley y su aplicación incompleta, el contexto de violencia y criminalización de las reivindicaciones territoriales indígenas, sumados a la modificación por decreto presidencial N°820/2016 de la Ley 26.737 que elimina la limitación de posesión de tierra en manos extrajeras, hacen de la prórroga una materia urgente sobre la recaen desconfianzas por la política territorial que ha desarrollado la gestión macrista.
Los acontecimientos de represión vividos en la Lof en Resisencia Cushamen, recrudecidos desde el 11 de enero de 2017 cuando detuvieron a 10 personas, entre ellas tres imputados -incluido Ariel Garci, amigo de Santiago Maldonado-, son ejemplos de lo que puede gestarse si comienzan a desarrollarse desalojos indiscriminados a las comunidades. Vale recordar que, durante la represión de enero, Emilio Jones Huala recibió un balazo de plomo en la mandíbula. Estos fueron los hechos que antecedieron al encarcelamiento sin debido proceso del Lonko Facundo Jones Huala en junio de este año, que derivaron en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Sobre estos hechos se ha comenzado a construir un artefacto discursivo amplificado por medios corporativos, de que el pueblo mapuche reclama una independencia nacional, como si fuesen extranjeros cuando en verdad son preexistentes. El mismo aparato discursivo y estrategia represiva con el resultado de encarcelamientos políticos con causas armadas, ha pasado en otras comunidades. Tal es el caso de Agustín Santillán, referente wichi y preso político desde el 14 de abril hasta el pasado 24 de octubre que fue liberado.
Las medidas represivas y la complicidad mediatica/judicial que acompaña a la estrategia de construcción de un enemigo interno indígena y terrorista ávido de tierras que no le corresponden es una estrategia que se vienen gestando en Chile desde hace años, como continuidad de una política represiva originada en la dictadura militar. Ese mismo modelo se está construyendo en argentina y la finalidad es calcada: reducir a las comunidades para dar paso a proyectos extractivos energéticos y agroindustriales. Contra estos proyectos es que se pronuncian las comunidades representadas desde por el acampe en el Congreso, por ello es importante que prorrogue la Ley 26.160, como mecanismo parcial que protege a las comunidades y abre el espacio para que se discuta una medida legal específica que garantice la libre disposición de sus territorios a las más de 40 identidades preexistentes que conviven dentro de la geografía política argentina.
Para impedir que se instalen proyectos extractivos y especulación en el mercado de tierras, las comunidades indígenas resisten y a la vez proponen una lógica alternativa como modo de producción que incluye al respeto y a la convivencia con la naturaleza, para garantizar su continuidad a través de las generaciones. Es decir, la resistencia de las comunidades que reclaman por la prórroga de la Ley 26.160 contiene, además, planteos de alternativas al desarrollo que son viables y respetuosas con la naturaleza, pues están fundamentadas con siglos de antigüedad y son preexistentes a la conformación del Estado Argentino. Y esto no quiere decir que las cosas no cambian como corolario de una postura esencialista; al contrario, tiene que ver con el reconocimiento y el respeto que merecen culturas inteligentes que tienen la potencialidad de guiar nuevas formas de producción y de vinculación integral con el territorio.
Por todo lo dicho, el retraso del tratamiento de la Ley 26.160 en la cámara de diputados no es inocente, aunque referentes del acampe se muestran optimistas por su virtual tratamiento el día 8 de noviembre, caso contrario, se seguirá sosteniendo el acampe.
Fuente: Huerquen