Argentina: campesinos denuncian desalojos y represión en Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO

Por la tierra, el agua y el monte

Técnicos, campesinos y organizaciones sociales y de derechos humanos de Santiago del Estero denunciaron el estado de "indefensión jurídica" que viven las familias campesinas de la provincia y expresaron su preocupación por "la creciente ola de conflictos por la posesión de las tierras".

En una reunión mantenida con legisladores nacionales Pablo Zancada (Partido Socialista de Santa Fe) y Mariano West (PJ- Frente para la Victoria de Buenos Aires), los dirigentes sociales relataron los detalles de los últimos hechos de violencia sucedidos en Santiago, que generaron el repudio generalizado de organismos de derechos humanos y relacionados con la problemática de tierras en la provincia. Se pidieron básicamente tres puntos: el reconocimiento de los derechos de los campesinos; el veto del Poder Ejecutivo del artículo 182 bis del Código de Procedimiento Criminal y Correccional (conocido como Ley de Desalojos) y la elaboración de un Registro Único de Poseedores y Propietarios de tierras.

"El poder político sigue avasallando al sector campesino. La Cámara de Diputados (provincial) aprobó el proyecto de ley presentado por el diputado Pedro Simón (Partido Justicialista), por el cual se restablece el Artículo 182 bis" denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MO.CA.SE).

El último hecho de violencia registrado en la provincia tuvo lugar en Santos Lugares, Departamento Alberdi, cuando fueron detenidos un grupo de 20 campesinos, entre ellos técnicos de la institución educativa INCUPO, que trabaja en la región. La Justicia ordenó el secuestro de una computadora y materiales educativos (libros, revistas y compactos de audio) de uso diario en las capacitaciones.

Las detenciones se activaron hace unas semanas luego de que la Legislatura provincial reflote el tratamiento del artículo 182 por el cual se habilita a desalojar a las familias, acusadas de ser intrusas, ante el solo pedido del supuesto dueño y con el único requisito de que el derecho invocado sea verosímil, lo que se logra por ejemplo, exhibiendo la escritura pública, es decir, demostrando su carácter registral de dueño.

“Esta disposición simula defender a los propietarios en contra de los intrusos, brindando un instrumento para desalojar y avasallar a muchos campesinos que pese a no tener papeles tienen derechos que otorga la posesión veinteñal” resaltó la presidenta del MO.CA.SE, Nelly Veliz, al mismo tiempo que anunció que su organización se halla en estado de "asamblea permanente, por la inseguridad jurídica y social del sector campesino y el creciente número de casos de conflictos de tierra".

En este sentido, la Mesa Provincial de Tierras exigió que "la tierra se otorgue en propiedad a los campesinos; que se respete el derecho de posesión y a vivir en la tierra que los vio nacer". La mesa está integrada por distintas organizaciones sociales, como el Servicio de Educación Popular y Desarrollo (Sepyd), el Instituto de Cultura Popular (INCUPO); Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), Bienaventurados los Pobres (BePe), PRADE, entre otras organizaciones locales.

"Las condiciones de vida de las familias campesinas ponen de manifiesto la violencia histórica y estructural de la que son objeto, y saca a la luz el hecho insoslayable de que la generalizada situación de pobreza constituye una de las principales causales de privación de la ciudadanía, siendo un caso sintomático de un modelo político de democracia restringida y concentración económica. En este modelo resulta claro que la Justicia no funciona como institución independiente del poder económico, una justicia que no es imparcial, ni es igual para todas y todos los ciudadanos" manifestaron desde BePe.

Los campesinos abrieron en las últimas semanas una ronda de diálogo, que incluye reuniones con diputados provinciales y nacionales, y miembros del gabinete de gobernador radical Gerardo Zamora, quien es el único que tiene la facultad de vetar el polémico artículo.

Los dirigentes campesinos denunciaron también "la existencia de bandas armadas pagadas por los terratenientes para desalojarlos; la falta de formación y disposición de la policía local para tomar denuncias; los desmontes furtivos; los cierres de caminos vecinales" entre otros problemas que afectan al sector.

Para mayor información comunicarse con Sergio Lamberti de la Mesa Provincial de Tierras al (0385) 156096508 o al 4310459

INFOCIVICA, 5 de enero de 2006

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