Argentina: comunidades Mbya Guaraníes reclaman a la Universidad de La Plata más de 6 mil héctareas
Piden la titularidad de las tierras que habitan. Los títulos de propiedad fueron donados por la maderera Celulosa Argentina en 1991 a la UNLP, que a partir de 1996 comenzó a realizar investigaciones científicas en estas tierras. Para las comunidades Mbya Guaraníes, la tierra es mucho más que un medio de producción: es la vida misma. El bosque cumple en la vida cotidiana de los indígenas un lugar central. Estructura sus prácticas y creencias. Y perder esto, significa la desarticulación misma de sus vidas.
El martes pasado se realizó en La Plata un nuevo encuentro entre la Universidad Nacional y representantes de las comunidades Mbya Guaraníes ubicadas en el Valle del Arroyo Cuña Pirú, Misiones. La reunión continuó profundizando el debate comenzado en 2001, cuando los representantes de las comunidades se acercaron a la UNLP para pedir la entrega de los títulos de más de 6 mil hectáreas que actualmente posee la universidad y en las cuales los Mbya Guaraníes habitan hace más de 160 años.
Los títulos de propiedad fueron donados por la maderera Celulosa Argentina en 1991 a la UNLP, que a partir de 1996 comenzó a realizar investigaciones científicas en estas tierras. Cada año llegan diferentes cátedras, sobre todo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, a realizar estudios y prácticas con sus alumnos.
En 1999 la Universidad firmó un convenio -del que no participaron las comunidades- con el Ministerio de Ecología de Misiones. Este acuerdo establece que las tierras se convierten en reserva privada de la universidad por un período de 20 años. A partir de ese momento las comunidades comenzaron a organizarse y a hacer extensivos sus reclamos, pidiendo tomar parte activa en estos tipos de acuerdos y la entrega de los títulos de las tierras.
En ese encuentro en 2001, el rector de la UNLP en ese momento, Dr. Alberto Dibbern, se comprometió a trabajar en la entrega de dicho título, hecho que fue reflejado como un reconocimiento histórico, y publicado en los medios locales. En dicha reunión, además, se aprobó la creación de una comisión para la regularización de las tierras, con participación de las comunidades, que quedaría conformada en los dos meses siguientes. Y se inició un expediente con este objetivo. Se suponía que la idea era convocar a talleres en los que se discutiría el reconocimiento de la titularidad de las tierras a los pueblos indígenas de Cuña Pirú, y las condiciones en que se devolverían las parcelas.
En el año 2002, luego de que la comisión quedara en la nada, las comunidades enviaron una nota a la Subsecretaría de Deporte y Turismo de la Nación, en la cual rechazaron un nuevo convenio que intentaba firmar la universidad con este organismo, para declarar las tierras como Zona Turística en Ambientes Naturales de la UNLP. Entre este año y el 2005, las comunidades siguieron luchando. En abril de 2003 se trasladaron a La Plata donde se reunieron con las autoridades de la UNLP y continuaron con la difusión de sus reivindicaciones.
El 7 de junio de 2005, en Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones, las actuales autoridades de la UNLP hicieron una nueva propuesta. Ésta manifestaba la "cesión o donación" de 700 hectáreas, previa aprobación del Consejo Superior de la UNLP. Y que sería solamente bajo las condiciones de que éstas se usen como reserva natural y cultural. Según la UNLP, los objetivos que persiguen en este acuerdo futuro serían mantener el valor ecológico del lugar y garantizar el destino de las tierras. Por lo tanto en su propuesta, que incluye la "donación" de 700 hectáreas a las comunidades (de las 6000), se establece también la reserva para la UNLP del derecho a seguir observando y calificando el uso que se hace de este espacio, particularmente si es adecuado para la preservación de la biodiversidad.
A fines de octubre del corriente año, una nueva comitiva de la UNLP viajó a Misiones. En esta ocasión llevarían un documento base elaborado por las autoridades para la discusión con las comunidades, donde proponen una zonificación en base a los estudios que hicieron sobre el uso de los espacios que realizan las comunidades. Quedaba por ver cuál sería la respuesta que los pueblos originarios darían en la próxima reunión, prevista en la ciudad de La Plata.
En la reunión del 6 de Diciembre, las comunidades contaron que sólo piden los títulos de las 6500 hectáreas, ya que "es la ley de los blancos quien la requiere". Para ellos son sólo papeles, pero consideran que es una forma de "hacerse respetar frente a las leyes de los blancos". A pesar de que la UNLP asegure que no va a dañar la selva, sino que la quiere proteger, los representantes de las comunidades argumentaron que nadie garantiza que, en un cambio de gobierno, esas tierras no puedan ser vendidas. Y ratificaron la posición de que las tierras son suyas, porque habitan allí hace más de 160 años y por derecho ancestral, al que refiere uno de los artículos que se agregaron en la reforma de la Constitución Nacional en 1994. El encuentro finalizó proyectando una próxima reunión, a realizarse en abril de 2006 en Aristóbulo del Valle.
El caso de las apropiaciones y desalojos de tierras indígenas y campesinas se ha incrementado en los últimos años, a raíz de la devaluación y los beneficios de la exportación, lo que ocasionó un incremento de las hectáreas cultivadas, sobre todo de soja transgénica. El rol que está jugando la UNLP es un ejemplo de la política que se desarrolla también desde otras esferas gubernamentales, como se ha denunciado incluso respecto al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Como muestra, la ex funcionaria del INAI Anna Suárez Smink, decía en julio del 2004 que el gobierno "no tiene un proyecto político que apunte a cambiar estructuralmente la relación del Estado con los Pueblos Originarios". Las duras palabras de la funcionaria fueron efectuadas en el momento de elevar su renuncia al organismo, como "expresión de cansancio y de pérdida de esperanzas de que desde esta Institución se pueda aportar a modificar algo de la realidad actual de los pueblos indígenas". En la misma carta de renuncia, Suárez Smink manifiesta también su preocupación por la "falta de una política clara y comprometida con el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios reconocidos por el Estado Argentino", concluyendo en que "se sigue manejando con políticas asistenciales y compensatorias que lo único que consiguen (y cada vez con menos éxito) es apaciguar el tono de los cada vez más sólidos reclamos de los pueblos indígenas que habitan en nuestro país".
Para las comunidades Mbya Guaraníes, la tierra es mucho más que un medio de producción: es la vida misma. El bosque cumple en la vida cotidiana de los indígenas un lugar central. Estructura sus prácticas y creencias. Y perder esto, significa la desarticulación misma de sus vidas. De ahí el clamor creciente de este y otros pueblos originarios, en lucha por lo que les pertenece.
Fuente: Prensa de Frente