Arica rechaza la Consulta Indígena que busca modificar Ley 19.253

Comunicado Público

En fecha 25 de Mayo del 2019, en la ciudad de Arica, las organizaciones y comunidades aymaras y quechuas de los pueblos precordilleranos y cordilleranos, de los valles y del área urbana, abajo firmantes, en el marco de la Consulta Indígena que busca modificar la Ley Nº 19.253, conocida como “ley indígena”, manifestamos lo siguiente:

Rechazamos la Consulta Indígena en la región de Arica y Parinacota, impulsado por el presidente Sr. Sebastián Piñera, a través del  Ministerio de Desarrollo Social, mediante Resolución Exenta N° 241 de fecha 03 de Abril del 2019, donde ha propuesto 11 medidas que buscan modificar la Ley Indígena, por ser un acto, con un claro fin ideológico, que solo busca instalar y profundizar el modelo neoliberal económico extractivista en nuestras tierras indígenas, beneficiando solo a los grandes sectores económicos transnacionales y nacionales existentes en el país.

Es un acto de mala fe del gobierno, ya que se fundamenta en un “Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo por la Araucanía”, realizado el 24 de Septiembre del 2018, donde el pueblo aymara y quechua no participaron, ni tampoco los demás pueblos, solo participaron órganos públicos, sectores económicos, y un grupo de mapuches afines al gobierno, los cuales acordaron 11 medidas para modificar la Ley Indígena siendo un hecho totalmente espurio y carente de toda legitimidad.

El gobierno ha utilizado este “Acuerdo Nacional” para convocar a una Consulta Indígena, siendo los temas a consultar estas 11 medidas, haciéndole creer a la opinión pública, que estas medidas representan una demanda de todos los pueblos originarios de este país. El Pueblo aymara y quechua nunca ha planteado como demanda la modificación de la ley Indígena al actual gobierno, solo se ha demandado las reformas al Código de Minería, Código de Aguas y Ley de Concesiones Geotérmicas, por lo tanto esta consulta indígena es un acto arbitrario e ilegal.

Asimismo, estas 11 medidas tiene el fin de eliminar la integridad territorial de las tierras indígenas de las comunidades aymaras y quechuas de nuestra región, fomenta la división de las tierras  indígenas para incorporarlas al mercado de bienes inmuebles comunes, dándole una condición de propiedad privada individual y de esta manera facilitar la intervención de proyectos de inversión en tierras indígenas, en materia de minería, monocultivos, geotérmicas, forestales y energía.

Además, las medidas van en contra del reconocimiento y la reivindicación territorial que actualmente demandan las comunidades aymaras y quechuas en la región, donde el actual Gobierno no ha tenido voluntad política para reconocer, ni delimitar y dar protección efectiva a la propiedad y a la posesión de los territorios que tradicionalmente han ocupado, incumpliendo el Convenio 169.

La falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, de los derechos territoriales y ahora esta modificación a la ley indígena solo ratifican la doctrina de la negación que realiza el Gobierno en materia territorial, desconociendo el “dominio por preexistencia o ancestralidad”, con el fin de que las tierras indígenas pierdan la dimensión colectiva y comunitaria que poseen.

Esta modificación a la ley indígena es un retroceso y contraviene el espíritu de la ley indígena en materia de protección de las tierras indígenas, desnaturalizando su esencia, señalados en los artículos 12, 13, 20 y 22, también a lo establecido en el Convenio 169 en materia de tierras y contravienen lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de tierras y territorios indígenas, donde ha sostenido que los estados deben “respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio”.

A la vez ,vulnera la estrecha relación que tienen las comunidades con la tierra y pone en riesgo nuestras culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica, siendo un elemento material y espiritual del que gozan actualmente las comunidades aymaras y quechuas con el fin de preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

Las consultas indígenas se han convertido en meros tramites, donde se ha impuesto unilateralmente la posición del gobierno de turno, excluyendo la posición del pueblo aymara y quechua de esta región, y que solo han significado la disminución de los derechos ya adquiridos en la ley indígena, en Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.