Autoatentados de empresas forestales en Chile - Campaña por Justicia, Verdad y Libertad

Idioma Español
País Chile

Organizaciones sociales, ambientalistas y del Pueblo Mapuche, recientemente han denunciado nuevamente que en Chile existen antecedentes suficientes que comprueban el involucramiento de aparatos de seguridad de las principales empresas forestales en situaciones de auto atentados, montajes e incidencia directa en las acciones represivas por parte del estado chileno en contra de toda persona que se haya involucrado en la protesta social hacia el modelo forestal, su industria y su des-legitimidad en la ocupación de territorios ancestrales Mapuche

URGENTE CAMPAÑA: AUTO-ATENTADOS EMPRESAS FORESTALES. PETICIÓN DE JUSTICIA, VERDAD Y LIBERTAD

INDICE

1.- Presentación

2.- Carta Tipo

3.- Contactos envío de cartas (Presidencia, subsecretaría Interior, Min. Justicia, Link listado senadores-as, Diputados-as, Embajadas y consulados en el exterior).

4.- Generación de Opinión.

5.- Comunicado y declaraciones Organizaciones.-

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1) PRESENTACIÓN

Organizaciones sociales, ambientalistas y del Pueblo Mapuche, recientemente han denunciado nuevamente que en Chile existen antecedentes suficientes que comprueban el involucramiento de aparatos de seguridad de las principales empresas forestales, como Mininco-CMPC (más de 700.000 hectáreas), Arauco-Celco (más de 1.000.000 de hectáreas), en situaciones de auto atentados, montajes e incidencia directa en las acciones represivas por parte del estado chileno en contra de toda persona que se haya involucrado en la protesta social hacia el modelo forestal, su industria y su des-legitimidad en la ocupación de territorios ancestrales Mapuche.

En este contexto, varias personas, principalmente mapuche, han sido víctimas de la criminalización, judicialización y persecución política, con condenas que incluso van más allá de 10 años de cárcel, todo esto en el marco de acusaciones de auto atentados al interior de las propias empresas forestales, lo que incluso fue denunciado en su oportunidad por algunos parlamentarios.

Como consecuencia del conflicto forestal en Chile existen decenas de personas de organizaciones y comunidades mapuche en la clandestinidad ante la persecución política y judicial del estado chileno; varios encarcelados, entre ellos(a), quienes hace algunos meses sostuvieron una huelga de hambre por más de 60 días exigiendo su libertad; un joven mapuche pidiendo asilo político en Argentina (Pascual Pichún); y el cobarde asesinato de un joven mapuche de 17 años, muerto por carabineros en noviembre del 2002, hecho que quedó en la absoluta impunidad, entre otras fatalidades.

Asimismo, principalmente desde la administración anterior (Ricardo Lagos) fue habitual la aplicación de leyes especiales como la de seguridad del estado, la Ley antiterrorista y una operación de inteligencia denominado "Paciencia", usados como instrumentos represivos y de persecución en contra de la protesta social mapuche tendiente a amparar a los poderes fácticos del estado como son las empresas forestales, principalmente las pertenecientes a los grupos económicos Matte (Mininco/CMPC) y Angelini (Arauco-Celco), los más poderosos en Chile y que se expanden en diversos Países de Sudamérica.

Ante esta crítica situación, urge reaccionar desde diversos frentes exigiendo justicia y libertad de manera inmediata y descentralizada. Urge activar esta campaña que desnude la verdad.

Solo significará unos momentos de su tiempo para una noble causa. Para este fin, el seguir extendiendo estos mensajes a sus contactos, el enviar una carta protesta a las autoridades chilenas o bien, pronunciarse públicamente por lo ocurrido, es fundamental para revertir las actuales condiciones.

POR FAVOR: HAGA SUYA ESTA CAMPAÑA DE JUSTICIA, VERDAD Y LIBERTAD.-

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2) CARTA TIPO A ENVIAR (Seleccionar)

SRA. MICHELLE BACHELET

PRESIDENTA GO BIERNO DE CHILE

PRESENTE

C.C : Subsecretario del Interior / Ministro de Justicia / Parlamentarios

De nuestra consideración :

Estamos al tanto de las reiteradas denuncias que diversas organizaciones en este último tiempo vienen haciendo, exigiendo a la vez que se investigue a cabalidad, sin importar a que grupos de poder político y económico involucre, las denuncias de auto-atentados que dirigidos a aparatos de seguridad de empresas forestales de poderosos grupos económicos en Chile, tales como: Arauco-Celco (Angelini); y Mininco-CMPC (Grupo Matte)

Sobre esto, existen numerosos antecedentes que no han sido investigados y que han quedado en la más absoluta impunidad, para más, han existido antecedentes sobre montajes e incidencia directa de las empresas en las acciones represivas por parte del estado chileno en contra de toda persona que se haya involucrado en la protesta social hacia el modelo forestal, su industria y su des-legitimidad en la ocupación de territorios ancestrales Mapuche.

Algunos casos:

- Las denuncias realizadas por la familia del ex guardia forestal Leonardo Espinoza Fonseca, quienes, con posterioridad al suicidio de éste en Santiago, reconocieron a la prensa a principios del año 2000, que el fallecido se había involucrado en auto-atentados por órdenes de sus superiores, que incluiría el de la casa patronal del Fundo Rucañanco, una de las principales causas por las cuales se aplicó posteriormente la Ley de seguridad del estado y una fuerte represión y militarización en la zona de Collipulli. Los hechos fueron confirmados por el propio hermano, quien también había sido guardia forestal, como también, por el diputado de Chile Eugenio Tuma.

- Las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuentes, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra, ha sido otro hecho que quedó en el aire. Se publicaba en el diario local de Temuco lo siguiente: "La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa"…. "Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales"… "… Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches". Cifuentes involucraba a funcionarios de la empresa Forestal Mininco y presentó un recurso de amparo por temor por su vida.

- Los relatos de guardias forestales de auto atentados a la prensa radial de Temuco durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios (diputado Tuma y el actual Senador Guido Girardi); más los antecedentes judiciales que existen en la VIII Región del año 2001, con informes periciales, a una empresa de vigilancia predial de diferentes empresas forestales tales como Mininco, Arauco, Celco, Bio Bio, entre otros que mencionara recientemente el Senador Alejandro Navarro, son antecedentes suficientes que nos hacen suponer y cuestionar los procesos y acciones ejecutadas por autoridades y agentes del estado en perjuicio de personas Mapuche, en el marco de la "operación paciencia" impulsada por el ex subsecretario del interior Jorge Correa Sutil, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.

Ante estos gravísimos hechos, hacemos eco de las exigencias:

- El cese a la represión y persecución de personas en el marco de la protesta social en contra de las empresas forestales como CMPC (Mininco) y Forestal Arauco – Celco, tal como ha ocurrido en zonas rurales de la IX Región o en el marco de la defensa del mar en la zona de Mehuín, donde recientemente la Marina de guerra disparó en contra de pescadores quienes impiden los estudios para la instalación de un ducto (Arauco-Celco) que contaminaría gravemente el litoral, como ya ocurrió en el río cruces.

- La urgente designación de un Ministro en Visita, para investigar a fondo, con resultados concretos, sobre la base de las acusaciones de auto-atentados y montajes que involucran a empresas forestales. Casos ocurridos entre los años 1999 y 2001 deben ser urgentemente revisados, sin importar a quien o quienes involucre, por mucho poder político o económico que estos tengan.

- La revisión y nulidad de todas las causas judiciales y la revocación de la Ley Anti terrorista que involucra acusaciones contra personas Mapuche en supuestos atentados incendiarios a plantaciones industriales de monocultivos de exóticos e instalaciones. Cabe consignar, que varios se encuentran condenados hasta más de 10 años de cárcel (caso fundo poluco pidenco, forestal Mininco) por estos supuestos atentados ocurridos en el marco de tiempo donde también existen acusaciones de auto atentados de empresas forestales.

- El fin a los subsidios, privilegios y proteccionismos que el Estado ha venido sosteniendo en favor de estas cuestionadas grandes compañías forestales a costa de las arcas del fisco, tales como el involucramiento con recursos de órganos públicos en campañas como Bosques para Chile; la creación artificial de una certificadora "sustentable" – Certfort – Chile, todas estas destinadas a lavar la imagen de estas empresas. El término a la dotación especial policial y de armada de guerra para el cuidado de estas entidades privadas. La supresión de órganos públicos destinados exclusivamente a la investigación en favor de los intereses de estas grandes compañías, que involucra, incluso, estudios sobre transgénicos en plantaciones industriales.

De este modo, pedimos al Gobierno de Chile que Ud. Preside, atender estas peticiones y hacerse cargo de la palabra empeñada por su administración en relación a la Libertad de los prisioneros Políticos Mapuche; a la derogación de la Ley anti terrorista y la modificación de la legislación militar como es la competencia de tribunales militares en causas que involucra a civiles, instituciones e instrumentos que no obedecen a un estado democrático.

Esperamos muy sinceramente su gestión y empeño en lo que antecede y cambiar de una vez, con señales concretas, la imagen que ha venido sosteniendo el estado de Chile en los últimos años en materia de Violación a los Derechos del Pueblo Mapuche.

Firman…

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3) ENVÍO A LOS SIGUIENTES DIRECCIONES DE AUTORIDADES (CONTACTOS O LINKS)

SRA. MICHELLE BACHELET
PRESIDENTA DE CHILE.
Fax 6904138
E-Mail lc.aicnediserp@nesnahm
Portal Presidencia
E-mail : lc.aicnediserp@noinipo

SR. ISIDRO SOLIS
MINISTRO DE JUSTICIA
Ministerio de Justicia • Morandé 107. Santiago Chile
Teléfono: (56-2) 674 31 00 • Fax: (56-2) 698 70 98
lc.aicitsujnim@silosi / lc.aicitsujnim@dirdamr

SR. Felipe Harboe Bascuñán
SUBSECRETARIO DEL INTERIOR
Teléfono 6904068
Fax 6992165
E-Mail lc.vog.roiretni@pnamzugl / lc.vog.roiretni@eobrahf

Ministerio del Interior. Palacio de la Moneda s/n, Santiago de Chile

LISTADO SENADORES(AS) CHILE Y SUS CONTACTOS

LISTADO DIPUTADOS(AS) CHILE Y SUS CONTACTOS

EMBAJADAS DE CHILE EN EL EXTERIOR

América del Norte

América Central

América del Sur

Europa

Medio Oriente y Africa

Asia

Oceanía

Enviar copia del envío a:

moc.liamg@ehcupamnoicanidrooc / se.oohay@ehcupamnoicanidrooc

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4) GENERAR OPINIÓN

Además de esta campaña de envío de cartas a autoridades chilenas, urge generar opinión sobre estos hechos denunciados anteriormente, por ello, se pide, encarecidamente a las diferentes personas y organizaciones, dar opinión ante los diversos medios de prensa comerciales e independientes, local e Internacional, por ello, pedimos la gestión suya al respecto.

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5) DECLARACIONES PÚBLICAS

a) Declaración I:

DECLARACIÓN PÚBLICA: ORGANIZACIONES EXIGEN QUE SE INVESTIGUEN AUTOANTENTADOS DE EMPRESAS FORESTALES.

- 20 organizaciones señalan que personas Mapuche acusadas de atentados incendiarios a empresas forestales y que están encarcelados podrían ser inocentes.

- Exigen que se investiguen sucesos ocurridos durante 1999 al 2001 y piden el fin a los privilegios estatales en favor de las compañías.

Que, desde hace varios años existen antecedentes que podrían demostrar que personas Mapuche acusadas de ataques incendiarios en contra de plantaciones e instalaciones de empresas forestales son inocentes y que se tratarían de montajes perpetuados a lo menos, por entidades de seguridad vinculadas a las empresas forestales, hechos que requieren ser investigados a la brevedad.

Al respecto, existen personas condenadas incluso a más de 10 años de cárcel, de manera absolutamente desproporcionada y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentados incendiarios a los que se le ha dado la categoría de "terrorismo", en tiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por auto-atentados.

Sobre esto, existen numerosos antecedentes que no han sido investigados y que han quedado en la más absoluta impunidad. Algunos de ellos:

- Las denuncias realizadas por la familia del ex guardia forestal Leonardo Espinoza Fonseca, quienes, con posterioridad al suicidio de éste en Santiago, reconocieron a la prensa a principios del año 2000, que el fallecido se había involucrado en auto-atentados por órdenes de sus superiores, que incluiría el de la casa patronal del Fundo Rucañanco, una de las principales causas por las cuales se aplicó posteriormente la Ley de seguridad del estado y una fuerte represión y militarización en la zona de Collipulli. Los hechos fueron confirmados por el propio hermano, quien también había sido guardia forestal.

- Las denuncias realizadas por el obrero Pedro Cifuentes, el 26 de agosto de 1999 a la prensa y el recurso judicial que se presentó para su protección ante el temor de represalias en su contra, ha sido otro hecho que quedó en el aire. Se publicaba en el diario local de Temuco lo siguiente: "La forestal me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa"…. "Me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales"… "… Me amenazó que tenía que trabajar para ellos y meterme dentro de las comunidades, darle información de todo lo que pasaba dentro de la comunidad. Ellos, en muchas otras partes, han pagado a gente para que se infiltre en las comunidades mapuches". Cifuentes involucraba a funcionarios de la empresa Forestal Mininco.

- Los relatos de guardias forestales de auto atentados a la prensa radial de Temuco durante el año 2000 y que fuese replicado como denuncia por algunos parlamentarios; más los antecedentes judiciales que existen en la VIII Región del año 2001, con informes periciales, a una empresa de vigilancia predial de diferentes empresas forestales tales como Mininco, Arauco, Celco, Bio Bio, entre otros, son antecedentes suficientes que nos hacen suponer y cuestionar los procesos y acciones ejecutadas por autoridades y agentes del estado en perjuicio de personas Mapuche, en el marco de la "operación paciencia" impulsada por el ex subsecretario del interior Jorge Correa Sutil, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.

En relación a esto, consideramos que es absolutamente irracional y fuera de toda lógica pensar que personas Mapuche vinculadas a comunidades rurales en sus justas reivindicaciones territoriales se hayan expuesto a acusaciones de atentados incendiarios en contra de plantaciones o maquinarias, cuando estas no significaban un mayor perjuicio a las compañías por cuanto mantienen una amplia cobertura de seguros y lo único que se aseguraba era la militarización, persecución y represión de amplias zonas rurales. Para más, solo justificaron el violento accionar en contra de la protesta social Mapuche que cuestiona a estas compañías y su modelo forestal. Por otro lado, esto sólo permitió que las grandes compañías aseguraran sus nutridas ganancias en exportaciones, las que nunca han mermado.

Entendemos que, la protesta social Mapuche en contra de las empresas forestales, su industria y su expansión, en el marco de conflictos territoriales, se ha convertido para estos grupos económicos, con la operatividad del estado chileno, en el blanco de la represión, criminalización y judicialización, cuyas reivindicaciones han sido perseguidas bajo las absurdas acusaciones de ser consideradas un amenaza a la estabilidad política y social del País.

Decenas de personas Mapuche han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en zonas urbanas y rurales. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones. Más de diez ministros especiales y cinco Fiscalías Militares se han encargado de investigar "hechos de violencia" -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros Mapuche se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y que fueron aplicadas de manera activa y vigente en el gobierno de Ricardo Lagos, como forma de control social a las protestas sociales Mapuche. A esta aplicación, se agrega que numerosas personas mapuche han debido enfrentar estos últimos años el nuevo Sistema Procesal Penal, que entró en vigencia desde el año 2000 en la IX Región y hoy en todo el País.

Las consecuencias de esta política económica que ampara y expande el actual modelo forestal, agudiza aún más el arrinconamiento de las comunidades Mapuche en los retazos menos aptos para la agricultura y, en definitiva, se rompe con los mínimos necesarios para la subsistencia y en el entendido de una cultura basada en las relaciones sociales producidas por la economía de sobrevivencia y solidaria, viene a destruir también la sociedad que vive bajo estos parámetros. Asimismo, la actual presión que hacen organismos públicos y privados para introducir especies exóticas a pequeñas propiedades de campesinos y comunidades Mapuche, lo único que pretende es anexar estos patrimonios al poderío de estas grandes compañías.

Exigimos al Estado a través del gobierno que encabeza Michelle Bachelet:

- El cese a la represión y persecución de personas en el marco de la protesta social en contra de las empresas forestales como CMPC (Mininco) y Forestal Arauco – Celco, tal como ha ocurrido en zonas rurales de la IX Región o en el marco de la defensa del mar en la zona de Mehuín, donde recientemente la Marina de guerra disparó en contra de pescadores quienes impiden los estudios para la instalación de un ducto (Arauco-Celco) que contaminaría gravemente el litoral, como ya ocurrió en el río cruces.

- La urgente designación de un Ministro en Visita, para investigar a fondo, con resultados concretos, sobre la base de las acusaciones de auto-atentados y montajes que involucran a empresas forestales. Casos ocurridos entre los años 1999 y 2001 deben ser urgentemente revisados, sin importar a quien o quienes involucre, por mucho poder político o económico que estos tengan.

- La revisión y nulidad de todas las causas judiciales y la revocación de la Ley Anti terrorista que involucra acusaciones contra personas Mapuche en supuestos atentados incendiarios a plantaciones industriales de monocultivos de exóticos e instalaciones. Cabe consignar, que varios se encuentran condenados hasta más de 10 años de cárcel (caso fundo poluco pidenco, forestal Mininco) por estos supuestos atentados ocurridos en el marco de tiempo donde también existen acusaciones de auto atentados de empresas forestales.

- El fin a los subsidios, privilegios y proteccionismos que el Estado ha venido sosteniendo en favor de estas cuestionadas grandes compañías forestales a costa de las arcas del fisco, tales como el involucramiento con recursos de órganos públicos en campañas como Bosques para Chile; la creación artificial de una certificadora "sustentable" – Certfort – Chile, todas estas destinadas a lavar la imagen de estas empresas. El término a la dotación especial policial y de armada de guerra para el cuidado de estas entidades privadas. La supresión de órganos públicos destinados exclusivamente a la investigación en favor de los intereses de estas grandes compañías, que involucra, incluso, estudios sobre transgénicos en plantaciones industriales.

Exigimos esto, para que se repare y se restablezca los derechos vulnerados a personas y comunidades mapuche, de pescadores y de campesinos, que hoy son víctimas del modelo y la expansión de grandes compañías como Arauco y Mininco (CMPC).

Firman,

- Corporación de mujeres Mapuche Aukinko Zomo
- Meli Wixan Mapu (Región Metropolitana)
- Centro de Comunicación Mapuche JVFKEN MAPU. (RM)
- Equipo CITEM
- Asociación ambientalista Koyam Newen (Temuco)
- Asociación Ñankuchew (territorio nagche)
- Federación Williche de Chiloé
- Asociación Newen Pu Lafkenche (Carahue)
- Fundación Folil – Holanda
- Gvbam Logko Pikunwijimapu -Consejo de Lonko- (territorio williche del norte)
- Corporación Mapuche Xeg Xeg (IX Región)
- Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales (OLCA)
- Agrupación Mapuche Konapewman
- Coordinación de comunidades en conflictos socio ambientales, IX Región.
- Casa de arte Mapuche, Temuco.
- Codepu – Valdivia
- Wajontu Coj Coj Mapu (Chol Chol)
- Mapuche Documentation Center, Ñuke Mapu (Suecia)
- Consejería Indígena Urbana (Santiago)
- Agenda Regional de La Araucanía, AGRA

b) Declaración II:

ORGANIZACIONES PIDEN A PARLAMENTARIOS QUE REVELN ANTECEDENTES SOBRE AUTOATENTADOS FORESTALES

La petición incluye al Senador Alejandro Navarro quien, recientemente en su visita a Temuco adelantó que existen antecedentes que obran en su poder respecto de peritajes efectuados en algunos incendios producidos en predios de distintas empresas forestales y que permiten concluir que éstos fueron producidos por personal de seguridad de las propias empresas forestales. Asimismo, recurren a parlamentarios como el actual Senador Guido Girardi y el diputado Eugenio Tuma quienes entre 1999 y el 2000 fueron activos denunciantes de montajes y acusaciones que involucraban a las forestales.

Organizaciones que recientemente participaron de un comunicado para que se investiguen sucesos ocurridos durante 1999 al 2001 y que involucra acusaciones contra empresas de seguridad de las forestales por autoatentados, pidieron a los parlamentarios Eugenio Tuma, diputado; al senador Guido Girardi y el Senador Alejandro Navarro que revelen todos los antecedentes que obran en su poder con respecto a estos temas y les solicitan involucrarse más en las investigaciones, para que estas no queden en simples denuncias.

En relación a esto, las organizaciones sostienen que Alejandro Navarro, en su reciente visita a Temuco, en el marco de una acción legal que presentó en Temuco por la muerte de un comunero Mapuche a fines de agosto, adelantó que entregaría informes elaborados por la Sección Forestal y Ecológica de Concepción en procesos seguidos en el Juzgado de Yumbel, donde queda establecido tanto por peritajes de la Sección Forestal Ecológica de Carabineros, como por peritajes realizados por privados, por peritos judiciales, de que son autoatentados hechos por los guardias forestales, señalaron.

Para las organizaciones, esa información es de suma relevancia conocer, a la brevedad, por cuanto permitiría establecer que en el marco de los llamados "atentados incendiarios" y que involucró a la causa mapuche, perfectamente podría involucrar otro tipo de responsabilidades que han quedado en la absoluta impunidad, como también, que personas mapuche condenadas a muchos años de cárcel, podrían ser perfectamente inocentes y se encontrarían privados de libertad injustamente, agregaron.

Del mismo modo, las organizaciones señalan al senador Guido Girardi y al diputado Eugenio Tuma como conocedores de diversos detalles entre 1999 y el año 2000 que involucran denuncias sobre autoatentados. El propio Tuma, señalan las organizaciones, dio a conocer las denuncias hechas por guardias forestales, incluida, la del joven suicida Leonardo Espinoza, quien habría dejado una carta señalando estos hechos en enero del año 2000, entre otros.

Cabe mencionar, que el diputado Tuma, también conoció el caso del obrero Forestal Pedro Cifuentes, donde ratificó las acusaciones contra la empresa Forestal Mininco en agosto de 1999. Para estos referentes, esos hechos no pueden quedar en el aire y deben ser investigados a fondo.

Fuente: moc.liamg@ehcupamnoicanidrooc

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