Bolivia aprueba Ley de Alimentación Escolar, un paso importante hacia el cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada
Como parte de su estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria con soberanía, el gobierno de Bolivia aprueba una nueva ley que regula la alimentación complementaria escolar y fomenta la economía social por medio de compra de alimentos de proveedores locales.
La ley Nº 622 de Alimentación Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene el propósito de contribuir al rendimiento escolar y promover la permanencia de las y los estudiantes de las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional, mediante una alimentación sana, oportuna y culturalmente apropiada. Clementina Garnica, senadora de la gestión 2014 e impulsora de la aprobación de la ley 622, señaló que “esta ley se destaca porque promueve y fomenta la producción y consumo de alimentos locales; considerando las características productivas y alimentarias de nuestras comunidades, lo que fortalece a nuestros territorios”.
En 2007, en medio de un debate sobre la necesidad de contar con un marco normativo que universalice y cualifique la alimentación complementaria escolar, el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CONAN), instancia responsable del fortalecimiento de programas de alimentación y nutrición, conformó una mesa de Alimentación Complementaria Escolar (ACE). En esta mesa nació lo que sería el primer anteproyecto de la ley de alimentación escolar, el cual fue entregado al Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria Vivir Bien de Bolivia, para su gestión y desarrollo posterior. El grupo de parlamentarios, creado en 2012 a partir de senadores y diputados comprometidos a acabar con el hambre y la malnutrición, trabajó en el desarrollo de los anteproyectos que derivaron en la actual ley, e impulsó su discusión y socialización, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
La FAO ha cooperado con la Bolivia y otros países en la discusión y el apoyo técnico en materia de alimentación escolar, por medio del Programa de Cooperación Internacional con el apoyo del Gobierno de Brasil, para el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en la región. Además, en el desarrollo de esta ley fue clave la labor de los proyectos de FAO “ Integrar el Derecho a la Alimentación Adecuada y la Buena Gobernanza en las Políticas, Legislación e Instituciones Nacionales” y “Apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre”, financiados por Noruega y la Cooperación Española, respectivamente. Además, se contó con la ayuda de la Universidad Mayor de San Andrés, la cual desarrolló un estudio sobre la alimentación complementaria escolar en el marco de las autonomías y entregó propuestas para abordar este asunto en el proyecto de ley.
Fuente: Reliefweb