Brasil: la inversión del BM y la CFI en la compañía Aracruz Celulose S.A.

Carta al Presidente del Banco Mundial Sr. James D. Wolfensohn

cc a:
- Directores Ejecutivos y Alternos
- Gerencia del Grupo del Banco
- Vice Presidentes del Banco, CFO y MIGA

4 de abril de 2005

Sr. Presidente Wolfensohn:

En noviembre de 2004, el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI) otorgó un préstamo de US$ 50 millones a la compañía Aracruz Celulose S.A. en Brasil. Es inadmisible que el Banco Mundial, después de efectuar un análisis ambiental y social completo de la compañía, llegara a la conclusión de que Aracruz Celulose S.A. está resolviendo los temas ambientales y sociales en forma correcta y cumpliendo con la Directriz Operativa (DO) 4.20 del Banco sobre Pueblos Indígenas.

Resulta sorprendente que en ninguna parte del texto la CFI cite y/o evalúe el tema de la disputa de tierras que protagonizan Aracruz y los pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní en la municipalidad de Aracruz (Espirito Santo), ni otras disputas de tierras existentes con otras comunidades que se han visto afectadas por Aracruz Celulose. Un ejemplo lo constituyen las 34 comunidades quilombolas (1) de São Mateus y Conceição do Barra que están luchando por reclamar tierras a las que tienen derecho y que están bajo el control de Aracruz Celulose desde la década de 1970. Al analizar la Directriz Operativa 4.20 del Banco Mundial sobre Pueblos Indígenas y minorías similares, se comprueba que no se ha cumplido totalmente con lo establecido en esa directiva al momento de preparar y analizar el proyecto de Aracruz. Esta directiva define que: "Se requiere una acción especial en aquellos lugares donde las inversiones del Banco afecten a pueblos indígenas, tribus, minorías étnicas u otros grupos, cuya situación social y económica restrinja su capacidad de proteger sus intereses y derechos sobre la tierra y otros recursos productivos". (DO 4.20, apartado 2). Otra cláusula afirma que:
"En proyectos que involucran los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, el Banco deberá trabajar con el prestatario para aclarar los pasos necesarios y sanear la tenencia de la tierra (titulación, demarcación) lo más temprano posible, ya que las disputas de tierras frecuentemente atrasan aquellas medidas de ejecución que dependen de la existencia de títulos de tierra adecuados". (OD 4.20, apartado 17). Por lo tanto consideramos que la afirmación que se expresa en los documentos del proyecto presentados a la Junta Directiva del Banco Mundial, de que Aracruz y el proyecto "cumplen con los requisitos de (...) la Directriz Operativa 4.20 del Banco Mundial sobre Pueblos indígenas" es inaceptable.

La única conclusión a la que podemos llegar es que el análisis del Banco Mundial no ha respetado temas de máxima importancia para las comunidades que habitan y resisten en los alrededores de las plantaciones de eucalipto de Aracruz Celulose, entre las que se incluyen los pueblos Tupinikim y Guaraní, comunidades quilombolas, comunidades de pescadores, pequeños agricultores y pobladores sin tierra. La invasión perpetrada por Aracruz a las tierras pertenecientes a pueblos indígenas y agricultores ha sido la razón principal de la resistencia desplegada por estas comunidades.

Desde 1979, los pueblos Tupinikim y Guaraní han luchado por la recuperación de sus tierras, un derecho garantizado por la Constitución brasileña. En 1981, los pueblos Tupinikim y Guaraní obtuvieron el derecho a 4.491 hectáreas de tierras indígenas. En 1997, el Grupo de trabajo N° 783 identificó un área de 18.070 hectáreas para su demarcación. La FUNAI estableció en su asesoramiento para esta identificación que "confirma todos los términos del informe del Grupo de trabajo instalado por el Decreto N° 783/94, que sostiene la demarcación de las tierras indígenas", y decidió, en relación a la petición presentada por Aracruz, que "la petición presentada no es pertinente".

A pesar de ello, en 1998 Aracruz Celulose presionó al Gobierno Federal para actuar contra sus atribuciones legales al decidir, a través del Ministerio de Justicia, reducir el área indígena a solo 7.061 hectáreas del total de 18.070 hectáreas a las que legalmente tenían derecho los pueblos indígenas. Resistiendo esa decisión, los indígenas iniciaron por sus propios medios la demarcación de las 18.070 hectáreas, pero una intervención de la policía federal el 18 de marzo de 1998, en una verdadera operación de guerra, cerró el acceso a los poblados. El gobierno federal obligó a los líderes indígenas a ir a Brasilia donde se los presionó para que firmaran un acuerdo con Aracruz Celulose. Ese acuerdo establecía que las comunidades indígenas aceptaban que Aracruz continuara explotando 11.009 hectáreas de tierras Tupinikim y Guaraní a cambio de la creación de proyectos sociales con ambos grupos durante los siguientes 20 años. El carácter ilegal del intercambio de tierras indígenas por dinero fue confirmado por el servicio de la fiscalía pública federal de Brasil que retiró su firma del acuerdo/ En la CARTA PÚBLICA adjunta a la presente, los líderes indígenas establecen claramente su insatisfacción con ese acuerdo, afirmando que lucharán por sus derechos constitucionales sobre sus tierras.

Por lo tanto, resulta de vital importancia que el Banco Mundial también evalúe la real contribución a la población brasileña de una compañía que ocupa 375.000 hectáreas de tierras en cuatro estados. Actualmente, Aracruz Celulose es el mayor propietario de tierras de Espirito Santo, un estado en el que, según la información del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), existen más de 70.000 familias sin tierra. La reforma agraria en el norte de Espírito Santo y el extremo sur de Bahía, regiones en las que Aracruz concentra sus tierras, está prácticamente paralizada. Una estrategia utilizada por Aracruz Celulose ha sido comprar o "arrendar" la mayoría de las tierras agrícolas fértiles, tomando posesión de establecimientos agrícolas que se podrían utilizar para la reforma agraria, provocando a la vez un aumento en el precio de la tierra que ha sido confirmado en forma sistemática por los representantes regionales del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).

En relación a la creación de puestos de trabajo, los hechos indican que Aracruz Celulose generó solo 2.031 trabajos directos en 2004. Además, los supuestos 6.776 trabajos indirectos incluyen, en gran medida, a los trabajadores de las plantaciones que ganan aproximadamente US$ 100 por mes y no tienen los mismos derechos o condiciones de trabajo que la mano de obra directa. Los puestos de trabajo generados por Aracruz son absolutamente insignificantes en comparación con los pobladores indígenas, comunidades quilombolas, agricultores y personas sin tierra que podrían vivir de la agricultura en pequeña escala en las tierras que actualmente ocupa la compañía. Las tierras de Aracruz Celulose podrían producir alimentos en un país donde millones de personas padecen hambre, y podrían generar trabajo e ingresos para personas que no tienen acceso a la tierra por causa de la expansión de la compañía. Cada uno de los 173 puestos de trabajo directos e indirectos generados por la tercera planta de celulosa de Aracruz Celulose en 2002, cuesta el equivalente a US$ 3.323.699, mientras que la generación de un puesto de trabajo en un asentamiento rural cuesta solo 2.900 dólares, según un estudio de la Universidad Rural de Río de Janeiro.

La CFI afirma que Aracruz cumple una función macroeconómica importante como compañía de exportación. Pero desde el punto de vista de las comunidades afectadas, la presencia de Aracruz ha sido un desastre. A continuación se citan algunos ejemplos de las acciones perjudiciales de la compañía:

-destrucción de 50.000 hectáreas de bosque tropical atlántico (mata atlántica) en las décadas de 1960 y 1970; además continúa con la deforestación en forma indirecta en tierras de agricultores que venden sus tierras a Aracruz; esta situación corresponde al sur de Bahía, según lo establece el organismo de control ambiental IBAMA;
-implantación de extensas áreas de monocultivo de eucalipto sin respetar la legislación ambiental; en marzo de 2005, la Federación de Órganos para la Asistencia Social y Educacional (FASE) presentó una acción civil ante la Justicia Federal de Vitoria, Espírito Santo, donde denuncia el incumplimiento por parte de Aracruz Celulose del requisito legal de efectuar evaluaciones de impacto ambiental;
- aplicación de agroquímicos que contaminan las fuentes de agua de las comunidades que resisten;
-crecimiento explosivo de la población y problemas de la comunidad de pescadores de Barra do Riacho (Espírito Santo), antes y después de la implementación de las plantas de celulosa de Aracruz;
- promoción de la persecución policial de las poblaciones vecinas que solo tienen los restos de eucalipto como fuente de supervivencia;
- contaminación y desviación ilegal -Aracruz también enfrenta una demanda por esto - de ríos que suministran agua a comunidades, solo para garantizar suficiente agua para abastecer sus plantas de celulosa en Barra do Riacho, cuyo consumo actual es equivalente al de una ciudad de 2.5 millones de habitantes;
- financiación de campañas electorales a cambio de favores;
- manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación;
- co-optación de líderes comunitarios y sindicales, además de ONG ambientalistas.

En base a la explotación que realiza de los recursos naturales, unida a la falta de respeto hacia las comunidades locales que dependen de esos recursos, Aracruz ha logrado convertirse en una compañía "eficiente" y lucrativa para el mundo de los negocios. Además, promueve un consumo excesivo de papel desechable (el 55% de la producción se destina a papel higiénico y papel tisú), sobre todo en Europa y América del Norte. Pero es necesario agregar que las violaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de Aracruz Celulose ya habían sido comunicadas y denunciadas a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en la ciudad de Washington en 2002.

Afirmamos que las comunidades afectadas solo reclaman dignidad, y desean utilizar la tierra para generar vida, y no la muerte que ha generado Aracruz con su "desierto verde". Por lo tanto, exigimos que el Banco Mundial revoque el préstamo concedido por la CFI a Aracruz Celulose. Y también que el Banco Mundial cuestione y presione a Aracruz Celulose y al Gobierno Federal de Brasil para lograr que se respeten los derechos de las poblaciones afectadas, sobre todo el derecho constitucional a sus tierras.

Solicitamos que la respuesta a esta carta se envíe a las direcciones electrónicas de los 64 firmantes de la presente.

Saludan atentamente, [siguen firmas]. Por detalles de l@s firmantes, ver la versión electrónica de la publicación impresa aquí y en www.forestpeoples.org.

(1) Los "quilombolas" son los descendientes de esclavos africanos que huyeron de las zonas de las plantaciones durante la época colonial y fundaron comunidades "libres" y autónomas (llamadas "quilombos"), a menudo en áreas de bosques.

Movimiento Mundial por los Bosques
B O L E T I N 93
Abril 2005