CIDH considera de “urgencia” situación de comunidades en cuatro cuencas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como «una situación de urgencia que se debe atender hoy» el estado crítico de salud y ambiente que atraviesan las comunidades en cuatro cuencas de Perú.
Ello se produjo tras una audiencia donde los representantes de las federaciones de cuatro cuencas que integran la plataforma Puinamudt hicieron las denuncias respectivas.
La audiencia, que también contó con la participación de representantes del Estado peruano, abordó la contaminación petrolera y la precariedad de servicios públicos, problemas que aquejan hace cinco décadas a las comunidades del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón.
El llamado de atención de la CIDH llegó luego de que autoridades como Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la cuenca del Corrientes, denunciara la incompetencia del Estado en garantizar sus derechos básicos de manera efectiva.
«El Estado nos vulnera desde hace cinco décadas. En pleno siglo XXI, nos siguen contaminando, nos siguen matando. Los acuerdos que se están materializando son por exigencia de las federaciones y de los pueblos. No hay voluntad política del Estado para atender, esperan que las poblaciones se movilicen para que recién las escuchen», expresó el dirigente.
Quien también alzó su voz de protesta fue el vicepresidente de la Organización de los Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), Igler Sandi, quien expuso la precariedad de los centros de salud y los niveles de mortandad en la cuenca del Tigre.
«La gente se está muriendo ahí, cuántas personas se están muriendo por falta de medicamentos. Lo que queremos es que se instale un programa de atención a metales pesados […]», sostuvo Sandi.
A su turno, la CIDH expresó su postura mediante la Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Esmeralda Arosemena, quien además presidía la mesa del encuentro.
«[…] ¿Qué estrategias tenemos para la identificación de estos obstáculos que están impidiendo la efectividad en respuesta [del Estado]», preguntó Arosemena y añadió que el caso debía ser visto como una «situación de urgencia que se debe atender hoy».
De tal manera, los representantes de la CIDH que participaron de la audiencia, acogieron el pedido de las federaciones y se comprometieron a llevar un seguimiento del caso y visitar las zonas contaminadas.
Los pueblos indígenas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón esperan reunirse con la CIDH cada seis meses y así poder evaluar las acciones desplegadas por el Estado peruano para la solución de sus problemas.
Fuente: Servindi