Comunidad internacional observa juicio a 7 defensores ambientalistas presos en Guatemala
Hoy viernes 22 de julio, el Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala determinará la sentencia final que podría dejar en libertad a siete defensores ambientalistas presos desde febrero y marzo de 2015.
El Tribunal es presidido por la jueza Yasmín Barrios, la misma que conoció el caso de genocidio y que enjuició a Ríos Mont recientemente.
Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Juan Pablo, Ermitaño López, Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez y Mynor López fueron detenidos de manera arbitraria en distintos momentos entre febrero y marzo de 2015. Desde ese entonces se encuentran encarcelados en prisión preventiva acusados de detenciones ilegales, coacción, obstaculización de la acción penal e instigación a delinquir.
La organización internacional AcoGuate considera que el encarcelamiento de los líderes comunitarios está vinculado a su labor en defensa de su territorio y recursos naturales, específicamente por su oposición a la explotación minera y proyectos hidroeléctricos en el norte de Huehuetenango.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala en dicho departamento existen 30 licencias de explotación minera vigentes y 5 autorizaciones a la industria hidroeléctrica para proyectos mayores a 5MGW a los cuales los defensores comunitarios y sus comunidades han manifestado su oposición.
A la fecha el juicio en su contra había sido postergado en diversas ocasiones “de 34 audiencias que estaban previstas, 16 fueron anuladas por razón de incomparecencia”.
El juicio histórico contra los defensores inició el pasado 6 de julio y es observado por organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, AcoGuate, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, entre otras, dichas organizaciones junto con la comunidad internacional de defensoras y defensores de derechos humanos han hecho un llamado a las autoridades de Guatemala para que la sentencia se dicte respetando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, “independencia e imparcialidad, sobre la base de pruebas fiables y en el respeto del marco previsto por la ley”.
Al juicio han acudido autoridades indígenas de distintas partes de Guatemala, como Cobán, Región Ixil, San Marcos, Solola, Quetzaletenango.
Cabe destacar que desde el 2006, por iniciativa de la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango se han realizado consultas comunitarias sobre la explotación de los recursos naturales. A la fecha, 29 de los 32 municipios del departamento de Huehuetenango rechazan la explotación de los bienes naturales de su territorio.
A pesar de la colusión de las autoridades con empresas nacionales e internacionales que buscan concretar a toda costa proyectos de explotación minera y producción eléctrica, los movimientos de resistencia comunitaria se han fortalecido a pesar de la detención arbitraria de algunos de sus líderes, la defensa de sus territorios ancestrales, la preservación de sus ríos, de la riqueza del subsuelo y sus bosques es la apuesta común que hace frente a la criminalización, agresiones con armas de fuego, amenazas e intimidaciones que buscan dividir y quebrantar el movimiento en defensa de la tierra.
A familiares, esposas, hijas e hijos, se han unido comunidades enteras y voces de diversas partes del mundo que estarán atentas de la decisión del Tribunal que tiene en sus manos la libertad o condena de los ambientalistas presos.
Fuente y foto: Desinformémonos