Costa Rica: tratan de revivir minería en San Carlos al compás de los TLC
La empresa minera Industrias Infinito S.A. insiste con proyecto de minería a cielo abierto, a pesar de resolución de Sala Constitucional que anuló la concesión de explotación minera, por considerarla violatoria de la Constitución
Mediante una solicitud de "reconsideración oficiosa", que fue apoyada por el MINAE, la empresa minera Industrias Infinito S.A. trata de lograr que la Sala Constitucional dé marcha atrás con su reciente resolución sobre el proyecto de minería a cielo abierto Las Crucitas en San Carlos, que anuló la concesión de explotación minera, por considerarla violatoria del artículo 50 de nuestra Constitución Política. (VOTO No. 2004-13414)
La compañía minera, otra vez con ayuda del MINAE, insiste en sus pretensiones a pesar de que la Ley de la Jurisdicción Constitucional es muy clara en el sentido de que contra las resoluciones de la Sala IV no cabrá recurso alguno y el voto que anuló la concesión minera fue contundente en concluir que es inconstitucional otorgar este tipo de derechos sin contar con la aprobación PREVIA de un estudio de impacto ambiental, tal y como ocurrió en este caso.
Esta situación es muy preocupante, si se toma en cuenta que en el pasado reciente la empresa ha utilizado como arma de presión la amenaza de invocar el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones” negociado paralelamente al TLC con Canadá y ratificado por la Asamblea Legislativa en mayo de 1999.
En efecto, ya en abril 2003 la compañía Canadiense Vannessa Ventures, propietaria de Industrias Infinito S.A. invocó este acuerdo y llamó a una “consulta” que es un requisito previo para demandar país ante un arbitraje internacional. A raíz de esta gestión, la empresa "convenció" al MINAE de que debería revocar la decisión de SETENA N° 272-2003, que rechazó la viabilidad ambiental del proyecto en noviembre del 2003.
Este tipo de acuerdos de inversión han generado gran controversia en países como México, Canadá y Bolivia, pues le otorgan privilegios a las empresas trasnacionales que exceden los derechos de los demás ciudadanos y les permiten sustraer de la esfera de los tribunales locales la discusión de asuntos de evidente interés público, como la explotación de los recursos naturales y la prestación de servicios públicos esenciales.
En este sentido, en FECON expresamos nuestra esperanza de que las autoridades administrativas y judiciales de Costa Rica no sucumban ante las presiones de utilizar las acuerdos de inversiones contenidos en los tratados de libre comercio para impugnar sus decisiones ante tribunales arbítrales internacionales de carácter privado, en los que la población no tiene ningún derecho de participación. Asimismo, rechazamos cualquier eventual intento de influenciar las decisiones de nuestras autoridades encargadas de velar por el derecho de las y los costarricenses a contar con un ambiente sano, mediante este tipo de insinuaciones o amenazas; y hacemos un llamado a la población para que tome nota sobre los peligros que se ciernen para nuestra soberanía y democracia a partir de este tipo de cláusulas, contenidas también en el TLC con los Estados Unidos.
Informes: Mauricio Álvarez - FECON
Tel.: 283-6046/283-6128