Denuncian desalojo violento de campesinos en tierras en disputa en Paraguay

Por EFE
Idioma Español
País Paraguay

Senadores del partido del expresidente paraguayo Fernando Lugo, el Frente Guasú, denunciaron hoy el desalojo violento de un centenar de familias campesinas de unas tierras en el interior del país que aseguran que una empresa brasileña de biocombustible ocupa ilegalmente.

El Frente Guasú (FG) manifestó su rechazo a la expulsión por parte de laPolicía de unas 180 familias campesinas que vivían y cultivaban desde hace unos 20 años unas tierras situadas en el departamento de Caaguazú, a unos 200 kilómetros al este de Asunción.

 

"Este es un caso emblemático, entre los muchos problemas de tierras en Paraguay, significa la pérdida de la soberanía nacional del territorio en favor de una empresa extranjera", explicó a Efe el senador del FG Sixto Pereira.

 

Paraguay es el país con la segunda mayor concentración de tierras en elmundo, ya que el 2,6 % de los propietarios detentan el 85,5 % de la superficie agraria, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 

El senador Pereira recordó que de los aproximadamente 400.000 kilómetros cuadrados del territorio de Paraguay, al menos unos 100.00 kilómetros "se expropiaron y usaron indebidamente para sostener al régimen con el reparto de títulos entre funcionarios del Estado y afines a (Alfredo) Stroessner", en referencia al dictador que gobernó Paraguay de 1954 a 1989.

 

Este es la situación de las 3.000 hectáreas en disputa en este caso, conocidas como Laterza Cué (las tierras de Laterza, en idioma guaraní), que pertenecían a la familia de Mario Laterza desde 1913, según el FG.

 

Durante la dictadura de Stroessner el terreno fue expropiado y cedido a un terrateniente cercano al régimen, que después lo vendió a la empresa brasileña Bioenergy, dedicada a la producción de soja, de acuerdo con el senador.

 

Según Pereira, la Justicia posteriormente expropió las tierras en favor de los campesinos, pero la decisión fue recurrida y aún no hay una sentencia firme al respecto, por lo que el desalojo policial ocurrido el pasado 10 de octubre fue improcedente, en su opinión.

 

Los labriegos, organizados bajo el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), denunciaron que unos 300 agentes de la Policía quemaron algunas de sus casas, dispararon gases lacrimógenos y detuvieron a varias personas, después de mantenerlos rodeados durante meses, dificultando su trabajo con "atropellos y amedrentamientos"

 

"Queremos mostrar la artimaña del fraude de la superposición de títulos: es una trama entre empresarios, el Poder Judicial y la Policía en favor de las empresas trasnacionales", aseveró el legislador.

 

En una audiencia pública celebrada en el Congreso el miércoles sobre el caso, Lugo y Pereira denunciaron que este conflicto es "un claro ejemplo del problema más grave que afecta al Paraguay: el de la injusta distribución de la tierra".

 

El propietario histórico de las tierras, Mario Laterza, dijo ante los senadores que el empresario griego Euthimio Ioniddis despojó a su padre de las tierras, que acabaron en manos de la trasnacional Bioenergy.

 

Laterza, que apoya que los campesinos permanezcan en el territorio, denunció "el proceso de desmonte y atropello medioambiental" que han sufrido las tierras por el cultivo de soja para producir biocombustible por parte de Bioenergy.

 

El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, dijo tras la audiencia que el Gobierno "tiene la voluntad política de solucionar este problema emblemático e histórico que viene arrastrando la sociedad rural por más de 40 años".

 

Indicó que el Ejecutivo ya depositó un cheque, cuya cantidad no definió, para "garantizar la compra de las tierras denominadas Laterza Cué".

 

El conflicto más candente por la propiedad de tierras en Paraguay se produjo en junio del año pasado cuando 11 campesinos y 6 policías murieron en un enfrentamiento durante un desalojo de campesinos que ocupaban las tierras conocidas como Marina Cué,

 

El choque, que provocó la destitución del presidente Lugo, tuvo lugar en unas tierras cuya propiedad está en disputa entre el Estado y la familia del ya fallecido terrateniente y destacada figura del gobernante Partido Colorado Blas N. Riquelme.

 

(Agencia EFE)

 

Fuente: La Información

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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