Ecuador: paro amazónico: presas autoridades y dirigentes; se viola libertad de expresión

INFORME DE ÚLTIMA HORA:

DETENIDOS ALCALDE DE LAGO AGRIO Y PREFECTO PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS. LOS ÁNIMOS SE ENARDECEN. SE PIDE LEVANTAMIENTO DE ESTADO DE SITIO Y RETORNO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. AMENAZAN A RADIO SUCUMBÍOS. NIEGAN VÍNCULOS CON LUCIO GUTIÉRREZ. TRANSNACIONALES PETROLERAS DICEN QUE PARO TIENE TINTE POLÍTICO. CONAIE, ORGANIZACIONES SOCIALES, PERSONALIDADES, SE SOLIDARIZAN CON DEMANDAS Y EXIGEN CEDER POSICIONES.

PRESIDENTE DESPIDE A MINISTRO DE DEFENSA GRAL. SOLÓN ESPINOZA Y NOMBRA A GRAL. OSWALDO JARRÍN. APDH LO CUESTIONA EN COMUNICADO PÚBLICO Y RECUERDA CONCEPTOS DE CNEL. JORGE BRITO..

CEDHU: «ESTADO DE EMERGENCIA» ES ILEGAL Y VIOLA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

ACCIÓN ECOLÓGICA DICE QUE DERRAMES SON UNA MENTIRA OFICIAL Y DESATA PREGUNTAS CLAVES A GOBIERNO QUE ACUSA DE PÉRDIDAS ENORMES A AMAZÓNICOS.

A las 10:45 de la mañana la casa del Alcalde de Nueva Loja fue allanada con el objetivo de detener a Máximo Abad Jaramillo, principal autoridad local: «han detenido al Alcalde de Lago Agrio, en su domicilio, fue acorralado y nos encontramos secuestrados por las fuerzas militares, quienes andan en jeeps donados por EEUU, armados hasta los dientes, con gases, amedrentando a la población y asfixiándonos, inclusive a quienes somos dirigentes de organizaciones populares, sociales, derechos humanos. Estamos siendo perseguidos, sólo por reclamar mejores días para nuestros hijos y la Provincia», dice una nota enviada a nuestra redacción desde una organización de DDHH local.

Luego, unos minutos antes de la 5 de la tarde (17h00 local) fue detenido el Prefecto de Sucumbíos Guillermo Muñoz, en momentos en que se encontraba reunido con una veintena de dirigentes de organizaciones sociales y autoridades seccionales, también apresados, discutiendo la invitación hecha por el gobierno central a un diálogo urgente. Inmediatamente sectores sociales de Orellana y Sucumbíos han hecho llegar sus notas de rechazo ante la medida que «en realidad lo que hace es impedir cualquier diálogo», dijo un dirigente de la Asamblea de los Pueblos, quien denunció que también Radio Sucumbíos ha sido amenazada con la clausura si sigue defendiendo a las dos provincias.

«Denunciamos también que una intensa búsqueda militar, pretende capturar a estas horas a la Prefecta de Orellana y a la Alcaldesa de Coca (Fco. de Orellana)» dijo el dirigente popular, advirtiendo que el Ministro de Gobierno, a quien habíamos estimado por sus posiciones patrióticas contra la intervención estadounidense en Ecuador y contra el involucramiento del país en el Plan Colombia, está provocando un resentimiento en las poblaciones amazónicas», «Él, mejor que nadie sabe que no somos gutierristas, a los que combatimos por antipatrias, y sabe que ni los prefectos de las 2 provincias, ni los alcaldes de las 2 capitales, son del PSP (partido de Lucio)», expresó.

«No somos terroristas ni banqueros ladrones, no hemos asaltado los fondos públicos, no hemos entregado el territorio nacional, no hemos robado ni matado, no hemos atentado contra los oleoductos, y nadie tiene derecho a perseguirnos como delincuentes vulgares». «Esperamos que el gobierno recupere el sentido común, dialogue, defienda los intereses patrios y no a la OXY que si ha violado las leyes más de 30 veces», concluyó el informante, mientras pide la libertad de los detenidos y detenidas y el restablecimiento de los derechos humanos.

Esta mañana marcharon vestidas de blanco las mujeres de Sucumbíos en su capital Nueva Loja, más conocida como Lago Agrio. Sus bocas tapadas y el silencio fueron la garantía para no ser reprimidas por el Ejército y la Policía Nacional. Es la única movilización que permitieron las fuerzas del orden.

Ante esta situación, distintas organizaciones de mujeres de la Provincia de Sucumbíos acaban de emitir un boletín de prensa en el que manifiestan que «el incumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno Nacional y Asamblea Biprovincial y la escasa compensación social por parte de las transnacionales que operan en la zona, obligaron a los habitantes de estas dos provincias a asumir una medida de hecho, que dura ya cinco días y que ha sido brutalmente reprimida» a la vez rechazan el incumplimiento de la palabra, por parte del gobierno nacional, para restablecer el diálogo el pasado miércoles cuando sus máximas autoridades desistieron de asistir a la ciudad de Nueva Loja.

«Es preciso que ustedes sepan hermanas y hermanos ecuatorianos, que las necesidades en nuestras provincias son innumerables y las empresas petroleras no han compensado el grave impacto social y ambiental ocasionado durante los treinta años de explotación petrolera. A esto se une la marginación que sufrimos por parte de los gobiernos de turno, quienes sólo han respondido a medias y sobretodo cuando se producen medidas de hecho», añade el boletín.

Así mismo, puntualizan la inconveniencia del contrato con la compañía Occidental, al anotar que éste perjudica al Estado Ecuatoriano y exigen su caducidad así como la renegociación de todos los contratos petroleros a fin de que se obtengan mayores ingresos en beneficio de todos los ecuatorianos. De igual manera rechazan el manejo informativo sesgado y desorientador que varios medios de comunicación están haciendo del conflicto; al estado de emergencia, por inconstitucional e inhumano, y expresan su respaldo a las autoridades locales.

«Responsabilizamos de la falta de diálogo y de las consecuencias negativas de este Paro al Gobierno del Dr. Alfredo Palacio. El poco interés y la despreocupación de los Ministros de Estado, por atender las aspiraciones de las dos provincias hermanas provoca fuertes reacciones en todos quienes vivimos en Orellana y Sucumbíos» termina el boletín, haciendo un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos, de mujeres, ambientalistas y por la defensa de los derechos de la Infancia para que expresen sus solidaridad con la justa causa de las provincias amazónicas por sus derechos, porque la política petrolera el Ecuador debe ser de interés de todos los ecuatorianos.

Tanto el vocero de las transnacionales petroleras (Oxy, Encana, Texaco, etc.), René Ortiz, como el secretario estatal de la Producción, han repetido que «el Paro tiene tinte político», pero no responden a las demandas de empleo y remediación ambiental de la población amazónica.

En la noche de ayer, durante la comparecencia de los ex ministros de Economía y Producción, una ciudadana amazónica se levantó y pidió que los presentes suscriban una carta a Alfredo Palacio, en la que le recuerdan que asumió la Presidencia gracias a la protesta del pueblo ante las actitudes dictatoriales y antipatrióticas del Cnel. Gutiérrez, y que se comprometió a «REFUNDAR» el País, basándose en la defensa de la soberanía, la redistribución de la riqueza, la lucha contra la corrupción y en el compromiso del fortalecimiento del sistema democrático.

La carta dice que «No es posible que la miopía y petulancia impida ver la justeza de los reclamos de los habitantes de la frontera quienes viven situaciones de extrema pobreza, desempleo y violencia» y que en los últimos 40 años Son casi 40 años de explotación petrolera, los pueblos amazónicos no han recibido atención, recursos y respeto. «Lo único que ha llegado a la Amazonía es pobreza, abandono, contaminación, saqueo, destrucción del hábitat».

«El principio de autoridad no debería ser el pretexto para la incomunicación y la represión. Refundar al país desde el diálogo, la búsqueda de objetivos comunes y elevados, del respeto por igual a todos sus habitantes, es la expectativa que teníamos cuando aceptamos que sea usted nuestro Presidente. De lo contrario, sin ánimo de amenaza, pensamos que el conflicto de Sucumbíos y Orellana se extenderá al resto del país. Los ecuatorianos no vamos a ver indolentes las escenas de represión que viven los habitantes amazónicos, por la única razón de defender la ley, la dignidad y la soberanía de nuestra Patria», dice la misiva, que fue suscrita por numerosos presentes, entre los que estuvieron los ex ministros, diputados, intelectuales, dirigentes indígenas, petroleros y sindicales.

Desde otras fuentes informativas tenemos conocimiento que las acciones de fuerza implementadas desde el gobierno, entre ellos la captura del Alcalde, lejos de amedrentar a la población, ha exacerbado los ánimos de la mayoría de sus habitantes.

Las últimas acciónes ponen dudas sobre la posibilidad del diálogo entre las autoridades locales y el gobierno central, que se tenía previsto para horas de la tarde en las instalaciones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en la ciudad de Quito o en el Ministerio de Gobierno.

(Altercom-19/08/05)
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Quito, agosto 19 de 2005

Asamblea Permanente de Derechos Humanos:
PRESIDENTE PALACIO DA SEÑAL PÉSIMA AL NOMBRAR A GRAL. OSWALDO JARRÍN NUEVO MINISTRO DE LA DEFENSA

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, al conocer que este día el Presidente Alfredo Palacio le pidió la renuncia al ministro de Defensa Nacional, Gral. (r) Solón Espinoza, por su presunta «debilidad para afrontar el paro en Sucumbíos y Orellana», y que designó en ese cargo al Gral. (r) Oswaldo Jarrín, calificó de «pésima señal del Presidente de la República» dicho nombramiento, por los antecedentes y las posturas del citado oficial en materia de seguridad, defensa y geopolítica, evidenciadas en sus editoriales semanales en un diario nacional, y a que lidera tanto la tendencia pro-norteamericana y derechista entre altos oficiales en retiro, cuanto la línea de «mano dura» en la resolución de los conflictos.

Cuando Oswaldo Jarrín presidía el COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) fue entrevistado en el año 2000 por dos altos dirigentes del movimiento de Derechos Humanos del país que le anunciaron la creación en ese entonces del Grupo Civil de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia en Ecuador, plan que en ese año recién empezaba su ejecución y que ha tenido saldos negativos para nuestro país. Jarrín, muy irritado por la información de que en Ecuador grupos de la sociedad civil se organizaron para monitorear el Plan Colombia, ante el asombro de los defensores, concluyó la cita espetándoles: «La sociedad civil y los defensores de DDHH no tienen que monitorear ni el Plan Colombia ni a los militares, sino a los terroristas y subversivos».

EL CORONEL BRITO

El Coronel (r) Jorge Brito, reconocido estratega militar, denunció públicamente en el año 2001 a Oswaldo Jarrín, cuando éste lideraba el Comando Conjunto de las FFAA, de «ser el autor intelectual del desplazamiento del Centro de Gravedad Estratégico» de las Fuerzas Armadas, desde la frontera sur con el Perú a la frontera norte con Colombia, «donde alentó el crecimiento del pie de fuerza militar más numeroso de la historia militar ecuatoriana, hasta 12 mil soldados, mientras que en el peor momento de la guerra con Perú, en febrero de 1995, manteníamos 5 mil soldados como techo máximo»,

Posteriormente, el mismo Coronel Brito, en su papel de analista del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia, cuestionó a Jarrín mientras jefeaba las tropas del nuevo centro de gravedad estratégico en el norte de la Amazonia ecuatoriana, citando que «Jarrín era artífice de la Estrategia de Líneas Exteriores», mecanismo con el cual se preparó al país como «El Yunque» del «Martillo» militar colombiano en el Plan Colombia.

Oswaldo Jarrín, en su papel de catedrático y académico de la FLACSO, ha sido severamente cuestionado por varios analistas debido a su papel en la elaboración del llamado «Libro Blanco», así como por su «línea dura» en sus análisis sobre el tema fronterizo, el conflicto colombiano, la seguridad nacional y continental, y su crítica a la integración sudamericana.

VI CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE AMÉRICA

En noviembre de 2004 la APDH cuestionó los pronunciamientos de Jarrín contrarios a la postura latinoamericanista que sostuvieron los militares del Continente en la VI Conferencia Hemisférica de Ministros de Defensa realizada en la capital ecuatoriana, donde por vez primera derrotaron por 16 votos a 2 las posturas de EEUU y Colombia que pedían una «fuerza multinacional para Colombia» y «confeccionar una lista de organizaciones terroristas en el continente», propuestas que fueron derrotadas por los ministros de defensa de América Latina y que provocaron la crítica de Jarrín, que desde sus tiempos de jefe militar y de académico de la FLACSO, era proclive a la visión estadounidense de la seguridad continental.

Así que el Presidente Palacio, con su nombramiento, da al país y a la comunidad militar latinoamericanista una pésima señal, demostrando que «la línea dura» se impondrá a partir de hoy en adelante y que su derechización avanza rápidamente.

¿Cómo va a conjugar el Presidente Palacio en el interior de su régimen posturas soberanas y latinoamericanistas como las del canciller Parra, con las posturas de su nuevo ministro de Defensa?, se preguntó la APDH, al tiempo de lanzar otra interrogante: «Cómo va a conjugar el Presidente Palacio la postura de mano dura y pro-estadounidense de Oswaldo Jarrín, con las posturas nacionalistas que aún subsisten en las Fuerzas Armadas del Ecuador?».

Un militar que puede mirar en toda protesta social «subversión», en toda manifestación fronteriza «insurgencia» y en el afán latinoamericanista de integración «contrariedad a los EEUU», augura días negativos para el propio Gobierno, el Presidente y el país.

APDH del Ecuador
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(Enviado por el Comité de Prensa del Paro)

Para Ripley:

(SIC) O LAS ÓRDENES DEL GENERAL

«Por lo anteriormente expuesto, el Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta número 4, General Gonzalo Meza Hernández, en uso de las atribuciones extraordinarias conferida en el decreto antes mencionada, asumo las responsabilidades como máxima autoridad en las jurisdicciones precitadas, para hacer cumplir la constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico legalmente constituido. La leyes y el ordenamiento jurídico legalmente constituido, dando estricto cumplimiento por todos los medios las facultades extraordinarias conferidas por el Sr. Presidente de la República.

En la declaratoria del estado de emergencia, dispongo:

El toque de queda en las provincias de Sucumbíos y Orellana a partir de las 22.00 h hasta las 5.30 h.

1. La prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas durante la vigencia del estado de emergencia.

2. La prohibición de portar armas, municiones y explosivos.

3. No incurrir en los delitos relacionados al medio ambiente.

4. SUSPENDER EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN DEL
PENSAMIENTO EN TODAS SUS FORMAS a través de cualquier medio de comunicación.

5. Suspender la inviolabilidad del domicilio.

6. Suspender el derecho a transitar libremente por las provincias de Sucumbíos y Orellana.

7. Suspender la libertad de asociación y reunión, CON FINES PACÍFICOS.

8. Las autoridades de los gobiernos seccionales de las provincias de Sucumbíos y Orellana, incorporen de forma inmediata al personal a las labores normales en sus respectivas dependencias.

Fco. de Orellana a 17 de Agosto de 2005

GONZALO MEZA HERNÁNDEZ
GRAB.
COMANDANTE DE LA IV- DE 'AMAZONAS'»
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GOBIERNOS ALTERNATIVOS DEL ECUADOR SE SOLIDARIZAN CON PARO AMAZÓNICO

Julio Alfaro, Alcalde de Salitre y Presidente de la Coordinadora de Gobiernos Locales Alternativos (CGLA), cuestionó el decreto de emergencia y el control militar impuesto por el presidente Palacio en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Enfatizó que «esta medida arbitraria del presidente Palacio impulsará a que las organizaciones sociales de estos sectores radicalicen sus demandas, las cuales deben ser analizadas por el Gobierno central y no anuladas por la fuerza»

«El presidente Palacio debe pronunciarse inmediatamente sobre la caducidad del contrato de la empresa Oxy para demostrar que vela por los intereses del país. La represión que ha emprendido en Sucumbíos y Orellana es la peor estrategia para mantenerse en el poder».

Alfaro demandó de Palacio «voluntad política para negociar de manera seria con las organizaciones y autoridades políticas de las dos provincias amazónicas. Este paro no es político, las demandas se refieren a recuperar la soberanía del país y a mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones».

«Nos solidarizamos con la Alcaldesa de Coca, Anita Rivas, y la Prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, quienes han sido injustamente apresadas por los militares como único mecanismo para detener el reclamo de miles de ciudadanos. Responsabilizamos al Ejecutivo de su integridad física y sicológica«», manifestó Alfaro.

CGLA
Lugo E13-04 y pasaje A, diagonal a los Chasquis (La Floresta)
Telefax: (593-2) 3227-054. QUITO. ECUADOR..
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COMISIÓN ECUMÉNICA DE DERECHOS HUMANOS:

IMPUGNACIÓN LEGAL DEL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO CONTRA POBLACIONES DE SUCUMBÍOS Y ORELLANA

La Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la Convención), en su artículo 27, contempla un procedimiento, características y condiciones para dictar un estado de emergencia, dentro del Sistema de la Organización de Estados Americanos.

Dentro del mencionado artículo se contemplan los derechos que son susceptibles de suspensión en estado de emergencia. Dicha suspensión deberá ser «en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación», es decir la suspensión de derechos no puede ser arbitraria, aunque el derecho sea susceptible de suspensión en estado de emergencia.

La jurisprudencia internacional establece parámetros para el análisis de la legitimidad de una limitación o suspensión de un derecho humano. Dichos parámetros son: fin legítimo, medio idóneo, necesidad y proporcionalidad.

El presente estado de emergencia decretado en las provincias de Orellana y Sucumbíos, dispone «la censura previa de los medios de comunicación social que funcionan en la zona de seguridad». Dicha disposición no cumple con los estándares internacionales que hemos mencionado:

1. Carece de fin legítimo (tema que trataremos más adelante). El fin planteado es el restablecimiento de la «seguridad nacional», el «orden público» y «garantizar la seguridad e integridad ciudadana»

2. No se encuentra fundamentado en dicho decreto como puede ser un medio idóneo el realizar censura previa, la censura previa es aplicable cuando la información que difunden los medios podrían provocar pánico en la población, lo cual la pondría en mayor peligro del que ya se encuentra (como es el caso de evacuaciones y desastres naturales). La censura previa, en el presente caso, solo busca ocultar los abusos de la fuerza pública contra los manifestantes. Por lo que la censura previa no es un medio idóneo.

3. La censura previa no una medida necesaria, ya que no existen otros medios por los cuales alcanzar los fines propuestos, como son la negociación con la población manifestante, respuesta que queda pendiente y que no implica limitación ni suspensión de derechos humanos.

4. Por todo lo anterior observamos que la censura previa es una medida que no cumple con el requisito de proporcionalidad ya que desborda el fin propuesto.

En casos como el presente la libertad de prensa se constituye en una garantía a los derechos fundamentales de los manifestantes, ya que los medios de comunicación serán mecanismos de denuncia de los atropellos que podrían darse.

Por tanto la disposición carece de legitimidad, es inconstitucional y violatoria a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual acarrea responsabilidad internacional al Estado, y responsabilidades civiles, administrativas y penales a los funcionarios que acaten esta resolución y causen perjuicios a la población en general y a los medios de comunicación en específico.

DEL FIN DEL ESTADO DE EMERGENCIA

La única forma de limitar el goce y ejercicio de un derecho humano es la posibilidad del goce y ejercicio de otro derecho de la misma clase. No se han reportado agresiones de los manifestantes a particulares. Conceptos como el «orden público», la «economía nacional», la «seguridad nacional», entre otros que utiliza el Presidente en su decreto de Estado de Emergencia, pueden ser utilizados en contra posición a derechos humanos de personas específicas cuando se aplican a un grupo determinado de personas. De no hacerlo así carecen de fundamento y siempre estarán por encima los derechos humanos de los particulares.

Sí bien es cierto que es obligación de la fuerza pública proteger las instalaciones públicas y privadas, esto no justifica la represión a la que están siendo sometidos los manifestantes y peor aún tratar de ocultar esta mediante la censura a los medios de comunicación.

Proteger la economía nacional puede ser un fin legítimo para políticas estatales, pero no suspender derechos humanos, como lo es la libertad de prensa y la prohibición expresa de la censura previa. Recordemos que aún en estado de emergencia los derechos a la vida y a la integridad personal no son suspendibles, el Estado y sus funcionarios deberán responder por la agresión que están cometiendo contra las personas de las Provincias de
Orellana y Sucumbíos.

Debemos señalar que las Fuerzas Armadas tienen como atribución constitucional la defensa de la Seguridad Nacional, sus miembros son entrenados para el enfrentamiento con grupos beligerantes armados, dicho enfrentamiento termina con el asesinato de uno de los combatientes, personal entrenado para matar y no tener consideración alguna al respecto no puede controlar manifestaciones civiles, ya que ante la posible agresión de los manifestantes ellos responderán de la manera en que fueron entrenados para hacerlo.

El Estado que utiliza militares para controlar a grupos civiles desarmados esta poniendo en peligro la vida de dichos civiles y por tanto está incumpliendo su obligación constitucional e internacional de respetar y garantizar los derechos humanos de la población.

De la misma manera es ilegitimo el sometimiento de civiles al fuero militar, mediante la vigencia de la ley de defensa nacional. El derecho a ser sometido ante el juez natural esta consagrado en la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos, someter a civiles a la jurisdicción militar es inconstitucional y generará responsabilidad internacional del Estado, como ya lo ha expresado en reiteradas ocasiones tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

David A. Cordero Heredia
ÁREA LEGAL DE LA CEDHU

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19 de Agosto, 2005

ACCIÓN ECOLÓGICA DE ECUADOR: ¿CUÁNTO ES QUE HEMOS PERDIDO?

Revisando las cifras de la prensa sobre las perdidas económicas que según el gobierno los pueblos de Orellana y Sucumbíos han provocado, unos periódicos dicen que en total se han perdido 443 millones de dólares.

Ésto significaría que en 1 año estas provincias producen 32.339 millones de dólares. Esto también significaría que el nororiente amazónico produce en un año 2,6 veces la deuda externa del país. De ser así habría que investigar donde está el resto de la plata?

Serán así de productivas estas provincias amazónicas?

Y si así son las cifras, ¿por que entonces la población esta viviendo sin agua potable, sin hospitales, sin centros educativos, sin seguridad social pero con los mas altos niveles de pobreza del país, altas tasas de desnutrición y mortalidad infantil, alto porcentaje de analfabetismo y violencia social. y en algunos sitios frecuencias de muertes por cáncer solo comparable con Chernobyl.

Nuevamente nos preguntamos. ¿Donde está todo ese dinero que sale desde la Amazonía?

ACCIÓN ECOLÓGICA
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Hablan los que saben:
UN DERRAME CUBIERTO DE MENTIRAS

Con el mayor descaro las empresas petroleras transnacionales han venido contaminando y destruyendo la Amazonía ecuatoriana, hogar de culturas indígenas y corazón de la biodiversidad en el planeta.

Cuando los afectados directos, por la contaminación causada por las petroleras se levantan para exigir mejores condiciones de vida, en seguida, los planes de desinformación muy familiares para las transnacionales entran en acción.

El día de ayer, los lacayos de las petroleras aparecieron en diferentes medios de comunicación afirmando que los manifestantes habían roto una tubería de la transnacional canadiense ENCANA, para provocar un atentado.

Nos preguntamos en que momento se les ha nombrado jueces a las petroleras y a los ministros, y dónde esta la investigación requerida que demuestre las causas del hecho para que afirmen que se trato de un atentado y quienes fueron sus autores. La empresa ENCANA, que en su diaria operación destruye la vida en la Amazonía, ahora se pone a acusar a terceros de provocar contaminación ambiental ¿Qué condición moral tienen para hacer este tipo de acusaciones? Ahora resulta que a la empresa ENCANA le preocupa el estado del río Aguarico, cuando todos los derrames que ha provocado en el bloque Tarapoa han ido a contaminar precisamente ese río.

La prensa que acudió hasta el lugar del supuesto desastre no encontró ningún derrame, únicamente un pequeño agujero que desenterraba el tubo.

Pero el efecto de esta mentira ya trascendió a la prensa nacional e internacional.

¿Será que el gobierno actuará con la misma mano dura que ha impuesto en Orellana y Sucumbíos, contra quienes emitieron esta mentira para engañar a todo el pueblo ecuatoriano y a la opinión publica?

Volvemos a exigir al gobierno de Alfredo Palacios que maneje con transparencia y honestidad la información oficial, es decir que en vez de escuchar únicamente a las transnacionales, que también escuche al pueblo que le confió el mandato.

José Proaño
ACCIÓN ECOLÓGICA