Guatemala: El pueblo de Sipakapa ya dijo no a la minera canadiense Goldcorp

Los pobladores del pueblo de Sikapaka se oponen a que la municipalidad realice una nueva consulta sobre las actividades de la minera canadiense Goldcorp en su territorio–desconociendo a la que los habitantes realizaron en 2005-porque “responde a los intereses de la empresa”.

La “reconsulta” es otra estrategia de ruptura del tejido comunitario que se suma a las agresiones y difamación contra los líderes mayas que defienden su territorio. La población, sin embargo, no deja de movilizarse frente a las pretensiones empresariales y del gobierno local.

Desde el año 2005, la compañía Montana Exploradora de Guatemala SA -entonces subsidiaria de Glamis Gold Co. y hoy subsidiaria de Goldcorp- explota los

recursos naturales, especialmente el oro, en territorio de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en el departamento de San Marcos. Desde entonces, la población de estos dos municipios ha sido afectada de diferentes maneras. Por un lado se deslegitimaron sus decisiones y su voluntad expresadas en la Consulta Comunitaria de Buena Fe, realizada el 18 de junio de 2005; por el otro, se causaron profundos e irreparables daños a la estructura social, pues se generó división comunitaria.

El veredicto del Tribunal Popular de Salud en el caso de comunidades afectadas por la minería en contra de Goldcorp concluyó en 2012 que: “hay una polarización y fragmentación de la vida comunitaria, poniendo vecino contra vecino[1]“, además de criminalización, persecución y diferentes formas de amenazas.

También existen serios daños a la salud de la población, que fueron documentadas y denunciadas en el mencionado tribunal: “Observamos que los hechos indican que la empresa no muestra interés en la calidad de vida de la población afectada y que las afecciones a la salud forman uno de los efectos sociales más visibles de esa falta de interés; todo esto causó afecciones tales como: enfermedades de la piel, de los ojos, caída de pelo, picazón en el cuerpo, abortos, infertilidad, partos prematuros, defectos congénitos y muerte de recién nacidos, daños auditivos, problemas gastro-intestinales, dolores de articulaciones, problemas nerviosos, y casos de intoxicación que han llevado a la muerte[2]”.

La Consulta Comunitaria de Buena Fe, en la que el 98 por ciento de la población consultada dijo “No” a la exploración y la explotación minera[3], fue la segunda realizada en el país. La primera se realizó en marzo de 2005 en Comitancillo. Sin embargo, la de Sipacapa fue la más conocida, pues abrió en el país y en el imaginario de la población la posibilidad de una nueva forma de lucha inscrita en lo que tanto se ha insistido: la democracia participativa. Las consultas no hacen otra cosa que profundizarla, y están amparadas tanto en la legislación nacional como internacional.

La falta de respeto a la libre determinación de los pueblos ha sido indudable y constante. Tanto la empresa como el gobierno utilizan diferentes formas de imponer intereses económicos que sólo beneficiarán a la empresa, todo ello sin consultar a la población, pasando por encima de ella, desinformando mediante campañas negras, entorpeciendo y realizando acciones como la presentación de un amparo contra la consulta. También pretendieron su suspensión de manera unilateral a través de la municipalidad, pero esto fue revocado por la Corte de Constitucionalidad, que proporcionó “respaldo al COMUDE para efectuar la consulta[4]”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor de 18 comunidades mayas en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa el 20 de mayo de 2010, las cuales han sido incumplidas por el gobierno. Entre otros aspectos, se solicitó suspender las operaciones del proyecto minero denominado Marlin I.

La problemática “reconsulta” municipal

En las comunidades del municipio de Sipacapa existe una gran polémica generada por la empresa Montana Exploradora y la mina Marlin, quienes durante ocho años profundizaron el divisionismo entre pueblos y familias por la extracción de oro a cielo abierto.

La institución municipal actual está conformada por Alejandro Mazariegos Sánchez, alcalde municipal electo perteneciente al Partido Patriota (PP)[6]; y los síndicos y concejales Juan Ambrocio Rafael, Bernardo Constanza López, Pablo Bámaca Pérez, Santos Ambrocio Vásquez, Mario Perfecto Tema Bautista y Dionisio Ambrocio Bámaca.

Las acciones irresponsables de esta institución favorecen a la empresa Montana Exploradora y permiten la impunidad con la que la mina Marlin sigue trabajando; representan la permanente violación de los derechos colectivos de los pueblos -especialmente el sipakapense-, vulneran los derechos de los habitantes y legitiman las prácticas de manipulación (compra de liderazgos, campañas de difamación y engaño) desarrolladas por la empresa canadiense para buscar la confrontación comunitaria e imponer su proyecto de muerte.

Contra la voluntad de la población

El 30 de mayo del 2012, las comunidades, organizaciones y líderes que luchan por el territorio en Sipacapa interpusieron una oposición contra la resolución administrativa número 14, con fecha 30 de abril 2012, lanzada por el ministerio de Energía y Minas. Por medio de la resolución, se otorgó licencia de exploración del derecho minero en el proyecto “Chocoyos” por un plazo de tres años a favor de la empresa minera Entre Mares de Guatemala SA.[10]

Después, el alcalde de Sipacapa presentó un documento a la dirección de Energía y Minas en el que la corporación municipal retiraba esa oposición contra la minería, asegurando que el pueblo acepta dicha actividad. Pero no fue así: en actas comunitarias se exigió la derogación del acuerdo municipal del 17 de julio del 2012, en el que se autoriza el retiro de la oposición planteada el 30 de mayo y se exige que expliquen por qué actuaron a espaldas del pueblo.

A raíz de esa petición realizada sin consultar -que pretender retirar la oposición- y frente a las agresiones de la municipalidad y Montana Exploradora, el Consejo de Pueblos de Sipakapa presentó una serie de exigencias el 16 de agosto del 2012 en las que rechazaron rotundamente la exploración y explotación minera. El 11 de abril de 2013 realizaron un plantón para pedir a la corporación municipal una explicación de las gestiones que realizó ante Energía y Minas.

La oposición manifestó: “El actual gobierno municipal ha violado el derecho de propiedad colectiva del territorio, entre ella, la vida, la seguridad, la salud, y compromete el futuro de las generaciones venideras, ¿por qué? Porque en el 2012 se opuso a una oposición y retira la oposición sin el consentimiento del pueblo sipakapense, y por lo tanto nosotros como pueblos queremos que se respete la Consulta Comunitaria de Buena Fe, que fue realizada por el pueblo el 18 de junio del año 2005, en donde la mayoría dijimos No a la exploración y explotación minera en nuestro territorio”.[5]

Regalías o impuestos

La Mina Marlin se encuentra en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos. Su área de operaciones está en 85 por ciento en el territorio miguelense y en 15 por ciento en territorio sipakapense. En el caso de la municipalidad de Sipacapa, el alcalde recibe un porcentaje por las regalías que entrega la empresa minera. La población denuncia que no es una regalía si no que son solamente impuestos, y a partir de este dinero la corporación municipal en reiteradas ocasiones demanda que la población apoye a la mina por el dinero que está recibiendo.

El 23 de enero del 2013, el director ejecutivo de Goldcorp Gautemala, Mario Marroquín Rivera, anunció la supuesta entrega voluntaria de regalías de la mina por 30.8 millones de quetzales para la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán.[8]
La nueva consulta, una trampa

El 25 de abril de 2013, la corporación municipal desconoció las exigencias de la población, y tomó la decisión de que se haga una nueva consulta en la que -según ellos- se decidirá si la población acepta o no a la empresa. Con esta acción pretende desconocer y deslegitimar la Consulta Comunitaria de Buena Fe ya realizada, amparada en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y los Derechos Constitucionales de este país.

Realizar una nueva consulta o reconsulta fue el acuerdo que las autoridades promovieron en una reunión con alcaldes comunitarios, cocodes y comunidades. Frente a esta propuesta existió desacuerdo de muchas de las personas representantes y se generó un fuerte conflicto; aun así, el alcalde sostuvo dicho acuerdo.

Una lideresa comunitaria denunció que “eso es un delito porque él no está respetando la consulta que fue realizada en el 2005. Por lo tanto, mañana vamos a ir a exigirle que se respete la consulta porque hoy en la población del casco urbano, se llevó a cabo la reconsulta y eso generó un gran conflicto entre los que trabajan con la mina y los que defienden los derechos colectivos, entre gritos y señalamientos. La empresa minera da el día libre a los trabajadores para que lleguen a decir y a votar por el sí a favor de ellos”.[7]

La misma mujer manifestó que los lugares en donde el alcalde realizó las primeras “reconsultas”, los resultados siguen siendo No a la minería. Sin embargo, este proceso de reconsulta falta el respeto a la consulta Comunitaria de Buena Fe.

La lideresa maya declaró a Prensa Comunitaria que “Van a juntar las actas en donde dice sí y no, pero este señor alcalde dijo que va a priorizar las actas donde dice el ‘sí’, y en donde está el ‘no’ las va a ignorar. Por eso nos vamos a movilizar; independientemente de que gane la mayoría el ‘no’ o el ‘sí’, la posición como pueblo sipakapense es que no nos tengan como objetos: somos personas que tenemos sentimientos y dignidad. Vamos a exigir que se respete la Consulta Comunitaria de Buena Fe que se hizo en el 2005”. [9]

Para la población de Sipacapa es inconcebible la falta de respeto de la corporación municipal a la consulta realizada en el 2005, pues fue un proceso de consenso y organización comunitaria en la que participaron todas. Por eso es que la población señala que la imposición de una “reconsulta” responde a los intereses de la empresa canadiense.

Criminalización

Personas de éste municipio denunciaron que el alcalde constantemente atenta contra la integridad física y moral de las personas que se oponen a la minera; especialmente agrede a líderes maya sipakapenses que forman parte de las organizaciones locales: “Él nos ha tratado de muchas maneras, que somos basuras, que somos un grupo pepenado de la basura, ignorantes, terroristas y bochincheros, así no as ha tratado de mil maneras”, denunció una lideresa comunitaria.

Las comunidades y los pueblos en Sipacapa son testigos de acciones de propaganda de Montana Exploradora; es obvia la inversión millonaria que realiza en grandes campañas a nivel nacional e internacional que buscan tergiversar la realidad que viven los pueblos en Sipacapa y San Miguel Ixtahuacan y esconder las innumerables y constantes violaciones de los derechos humanos.

Llamado a la movilización

El consejo de los pueblos sipakapenses convocó a una fuerte movilización el jueves 16 de mayo porque, considera, es urgente la lucha porque la empresa y el gobierno están destruyendo el tejido comunitario.

_________________________________________________________

Principales demandas del pueblo sipakapense:

• Derogar el acuerdo municipal de fecha 17 de julio de 2012 que autoriza el retiro de la oposición planteada el 30 de mayo de contra la resolución administrativa de la Dirección General de Minería, identificado con el número 014 de fecha 30 de abril del año 2012.
• Respetar la propiedad colectiva del pueblo sipakapense sobre su territorio y que no es competencia exclusiva de los integrantes de la actual corporación y el grupo de personas de las comunidades que manipulan constantemente, como lo son los integrantes de los órganos de coordinación de los “Consejos Comunitarios de Desarrollo y Auxiliares”. Estas personas ya no responden a los intereses y voluntad de los habitantes de las comunidades sino que se han corrompido y ahora obedecen a intereses propios alimentados por los funcionarios públicos y la empresa minera.
• Respetar la voluntad colectiva del pueblo sipakapense tomada en la Consulta Comunitaria de Buena Fe realizada el 18 de junio de 2005, donde el pueblo decidió rechazar rotundamente la exploración y explotación minera en nuestro territorio.
• Demandar que las instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, así como a los pueblos hermanos a acompañar al pueblo sipakapense en su lucha por hacer valer su derecho de denuncia, información y decisión sobre la vida y el territorio.
• Respetar la integridad física y moral de las personas, líderes y lideresas que conformamos el Consejo del Pueblo Sikapakense en nuestra lucha por la defensa de la vida, la integridad del territorio, los bienes naturales y la dignidad de nuestro pueblo.[11]

Notas

[1] Veredicto del Tribunal de Salud en el caso de comunidades afectadas por la minería en contra de Goldcorp. 14 y 15 de julio del 2012 en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

[2] Contextualización y testimonios en el Tribunal de Salud.

[3] Los resultados fueron de el N0 2,455, 35 dijeron SI y 3 nulos. Según un texto de Leonor Hurtado, el alcalde Municipal de ese entonces fue electo con 1200 votos.

[4] Hurtado, Leonor. ¡NO! Rotundo en Sipacapa. 20 de junio de 2005. Albedrío.

[5] Entrevista a lideresa comunitaria de Sipakapa. Equipo de investigación de Prensa Comunitaria. Guatemala 15 de mayo 2013.

[6] Prensa Libre. Ganadores del poder local. Guatemala 13 de septiembre 2011.

[7] Entrevista a lideresa comunitaria de Sipakapa. Equipo de investigación de Prensa Comunitaria. Guatemala 15 de mayo 2013.

[8] Siglo21. Mina entrega regalías por Q30.8 millones. 23 de enero 2013.

[9] Entrevista a lideresa comunitaria de Sipakapa. Equipo de investigación de Prensa Comunitaria. Guatemala 15 de mayo 2013.

[10] Denuncia pública del Consejo del Pueblo Sipakapense. Sipacapa, San Marcos 11 de abril 2013.

[11] Denuncia pública del Consejo del Pueblo Sipakapense. Sipacapa, San Marcos 11 de abril 2013.

Publicado el 27 de mayo de 2013

Fuente: Desinformémonos