Guatemala: Preocupa situación de vulnerabilidad de los defensores y las defensoras del territorio de las Comunidades en Resistencia Pacífica de La Puya
"Expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos los defensores y las defensoras que, desde el 3 de marzo, se han plantado en la sede del MEM para pedir que se suspendan las operaciones en la mina El Tambor".
Las organizaciones integrantes de la “Campaña Defender la Vida es un Derecho: Somos Defensoras y Defensores” en Guatemala lamentamos el incidente ocurrido en la noche del viernes 29 de abril que causó heridas graves a dos vecinos de la Resistencia Pacífica de La Puya cuando un vehículo arrasó el campamento donde se encontraban, frente al edificio del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Expresamos nuestra más profunda preocupación por la situación de vulnerabilidad a la que están expuestos los defensores y las defensoras que, desde el 3 de marzo, se han plantado en la sede del MEM para exigir al ministro de Energía y Minas que acate el amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le obliga a suspender las operaciones en la mina El Tambor por parte de Exploraciones Mineras de Guatemala S.A., subsidiaria de la estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA) por violentar el derecho a la consulta.
La Campaña Defender la Vida es un Derecho confía en que los entes gubernamentales cumplan la orden de la CSJ y asuman el reciente compromiso adquirido con los manifestantes pacíficos de La Puya de cerrar las operaciones de la mina y retirar del lugar la maquinaria. No cumplir esta resolución no sólo cuestiona el papel del Estado en la defensa de los intereses de sus ciudadanos sino que, como ha ocurrido el viernes, lesiona la integridad física y emocional de quienes se exponen para exigir la implementación de esta histórica resolución judicial. Confiamos que el Ministerio Público pueda esclarecer lo antes posible el incidente ocurrido para detener el círculo de impunidad que ocurre en este tipo de hechos.
Es necesario garantizar la protección de los defensores y las defensoras que, en beneficio de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, lideran demandas legítimas de las comunidades por la defensa de la madre tierra, el derecho humano al agua y el territorio. El Estado de Guatemala debe, asimismo, cumplir las recomendaciones de los recientes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el impacto de las industrias extractivas en relación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada.
Mostramos nuestra solidaridad a las Comunidades en Resistencia Pacífica de La Puya, de las poblaciones de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, así como a todas aquellas comunidades que han sufrido sucesos violentos en la defensa de sus derechos y que aún continúan impunes.
Fuente: Movimiento Mesoaméricano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)