Honduras: Corte Interamericana de Derechos Humanos certifica "in situ" violaciones de derechos contra el pueblo garífuna
Son por lo menos 28 violaciones a los derechos comunitarios contra el pueblo garífuna de Honduras, grupo étnico zambo descendiente de africanos, caribeños y arahuacos, registradas en la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
La última semana, en el marco del 53º período extraordinario de sesiones de la CIDH, magistrados de esta instancia de la Justicia internacional fueron hasta los lugares de las violaciones. Lo que encontraron fue decenas de comunidades y miles de personas resistiendo la invasión de los intereses de empresas privadas, la violencia del narcotráfico, además de no existir ninguna garantía de protección por parte del Estado hondureño.
La comunidad Triunfo de la Cruz, por ejemplo, ha sufrido violaciones al ejercicio del derecho a la propiedad comunitaria, causadas por proyectos turísticos de interés del gran capital.
Además, la construcción de lujosas mansiones ha destruido localidades que antes albergaban plantaciones de mandioca de las mujeres ancianas de la comunidad, reunidas en la cooperativa "El esfuerzo”. Fueron adquiridas sin diálogo con las habitantes de la comunidad y sin fundamentación legal por parte del Poder Público.
En Punta Piedra, el caso se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que, dos décadas después, exista interés alguno de parte del Estado para devolver las tierras en litigio a sus propietarios tradicionales locales. Las dos comunidades, ubicadas en la zona norte de los departamentos de Atlántida y Colón, respectivamente, vienen confrontando a autoridades públicas hace cerca de 20 años. La respuesta, sin embargo, se ha resumido a todavía más peligros para las comunidades y múltiples violaciones de derechos humanos.
El vicepresidente de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Alfredo López, relata que hace 10 años llevó su caso a la Corte IDH y alcanzó la sentencia que anhelaba. Estuvo preso injustamente por seis años, criminalizado por luchar contra el proyecto turístico Marbella, que desalojó a la comunidad Triunfo de la Cruz de parte de sus tierras. "El conflicto ha escalado hasta niveles muy peligrosos de manera que la preocupación fundamental es que se ha contratado a vigilantes armados garífunas para que ocurra violencia entre garífunas, una situación que no habíamos visto antes”, denuncia López.
La población resiste la usurpación practicada en sus tierras hace más de 200 años, con casos siendo llevados a la Justicia Internacional para responsabilizar al Estado por las violaciones. Inés García, mujer garífuna integrante de la cooperativa "El esfuerzo”, afirma que la comunidad siente su propia supervivencia amenazada, sin tierras para el cultivo.
"No es posible que vivamos hace 218 años en la comunidad sin derechos. No es posible que los que tengan dinero nos quieran sacar de aquí como que no somos personas. Los que tienen dinero creen que tienen derecho a vivir a la orilla de la playa pero por herencia nos toca a los garífunas”, argumenta.
Fuente: Adital