La tragedia de los abortos involuntarios por el glifosato llega a la Comisión de la Verdad de Colombia
Yaneth Valderrama tenía cuatro meses de embarazo cuando tres avionetas y cuatro helicópteros de la Policía de Colombia fumigaron con glifosato en su vereda, Solitá en Caquetá, sur del país. El 28 de septiembre de 1998, cuando la mujer lavaba ropa en un riachuelo ubicado a 200 metros de su casa, resultó bañada con el herbicida y tuvo que ser trasladada al hospital de Florencia con manchas en la piel, dificultad para respirar y un intenso dolor en el cuerpo. Tras la aspersión aérea, sufrió un aborto incompleto y tuvieron que practicarle un legrado. La familia no solo perdió a su bebé, sino que meses después murió ella por una falla orgánica multisistémica y dificultades respiratorias.
Otra colombiana, Doris Alape, sufrió algo similar. En 1999, una fumigación masiva por parte de la Policía Antinarcóticos en el municipio de Chaparral (Tolima) contaminó los cultivos y la fuente del acueducto, enfermando a 26 personas. “Tras varios signos de intoxicación, dio a luz con solo 28 semanas de gestación; su hijo murió el 1 de junio de 1999. Doris experimentó otros impactos en su salud física que le impiden trabajar”, dice el informe Salud Reproductiva y Glifosato en el contexto del conflicto armado.
Ambos casos fueron admitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos de los que se han presentado formalmente ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, la instancia creada tras los acuerdos de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno, que es la encargada de esclarecer el conflicto armado.
El Centro de Derechos Reproductivos y el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad del Valle (GESP) documentaron estos casos en un informe sobre cómo la guerra ha afectado la salud de las mujeres y, concretamente, sobre los efectos nocivos del glifosato en la vida reproductiva. “Encontramos que sí existe una clara consistencia de los efectos del glifosato en la salud reproductiva, con efectos negativos que se traducen en abortos involuntarios, efectos perinatales y transgeneracionales (es decir, efectos nocivos en segundas generaciones)”, dijo Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.
La importancia del “principio de precaución”
Además de reunir estos casos, los investigadores hicieron una revisión sistemática de 79 investigaciones y verificación de estudios in vitro, en animales y en humanos. Encontraron que aunque las investigaciones en humanos siguen siendo controvertidas, “los hallazgos son evidencia fuerte para que bajo el principio de precaución se tomen decisiones que prevengan la exposición al glifosato de las mujeres en edad reproductiva, sus hijos y sus parejas”.
El concepto de principio de precaución cobra vigencia pues el Gobierno de Iván Duque propone volver a las fumigaciones con glifosato, en línea con la política antidroga de Donald Trump. Recientemente, la Casa Blanca certificó a Bogotá en su lucha antinarcóticos, pero expresó preocupación por lo que llamó “niveles inaceptablemente altos” de narcocultivos. De acuerdo con Naciones Unidas, al cierre de 2019, Colombia tenía una superficie total de cultivos de coca de 154.000 hectáreas. La insistencia de la administración Trump por reducir esta cifra a la mitad ha llevado al Ejecutivo colombiano a insistir en la vía de la aspersión aérea.
La fumigación con glifosato comenzó a usarse en Colombia desde 1992 y recién en 2015, cuando la International Agency for Research on Cancer lo clasificó como una sustancia “probablemente cancerígena”, su uso fue interrumpido por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Actualmente, se encuentra suspendido por un fallo del Constitucional, pero el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que “cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, la aspersión aérea hoy es más necesaria que nunca para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos”. También aseguró que la fumigación “tendría un impacto positivo” en la reducción de las masacres, que ya suman 60 en lo que va de 2020.
Informes del Centro de Derechos Reproductivos y el GESP advierten también sobre los posibles efectos del glifosato en los ecosistemas y en la salud humana, y recomiendan no volver a las fumigaciones. Además de los abortos involuntarios, recopilaron estudios sobre los efectos sobre la fertilidad de las mujeres que estuvieron expuestas al glifosato, los riesgos de nacimientos prematuros y la duración de la gestación, entre otros.
“Los hallazgos de este informe concuerdan, además, con la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), que en 2009 manifestó que existe evidencia para respaldar el efecto de las exposiciones químicas sobre la salud, especialmente en las tasas de cáncer, los trastornos del desarrollo neurológico, los resultados del embarazo o posibles futuras discapacidades. Por lo tanto", señalan, "basándose en el principio de precaución, recomendó que la exposición al glifosato en las poblaciones termine con una eliminación global completa”.
Fuente: El País