La vigencia de una denuncia en la ONU: continúa la violación al derecho de alimentación en Argentina

UNA INICIATIVA DE VARIAS ORGANIZACIONES URBANAS Y CAMPESINAS

Uno de los ejes de la actual campaña electoral tiene que ver con los altos índices de pobreza, indigencia, los planes sociales, el trabajo infantil. La mayoría de los candidatos se rasgan las vestiduras -sólo lo harán hasta el 23 de octubre, desde luego- en lo formal y no por el problema de fondo, como enfatizan desde siempre las organizaciones sociales urbanas y rurales autónomas.

En ese contexto, es interesante rescatar una acción internacional en la que se denunció que Argentina violaba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pese a los anuncios oficiales, esas violaciones siguen a la orden del día.

En mayo del 2003, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para el Derecho a la Alimentación, el suizo Jean Ziegler, elevó una interpelación al gobierno argentino, luego de recibir denuncias de FIAN (Food First Information y Action Network) y EED (Servicios de las Iglesias Evangélicas en Alemania para el Desarrollo). Estas ONGs, junto con un delegado de Vía Campesina (movimiento internacional que coordina organizaciones de pequeños y medianos agricultores, trabajadores campesinos y comunidades indígenas en más de 65 países de América, Asia, África y Europa), recorrieron diferentes zonas del país. La misión comprobó casos puntuales en Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán y Jujuy.

En esa oportunidad fueron acompañados por el MTD Aníbal Verón (hoy en el Frente Popular Darío Santillán), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Asociación de Productores del Norte de Córdoba (APENOC) y la COBA de Tucumán, entre otras organizaciones, y el diputado nacional José Roselli.

El informe destacaba las violaciones corroboradas: que “el Estado argentino está en la obligación de demostrar que no ha violado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales”, del cual el Estado es parte desde 1994 cuando fue incorporado a la Constitución Nacional. En los artículos 1 y 2 de dicho Pacto, queda constancia de que los Estados adheridos al mismo “tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho a la alimentación”, así como reconocen “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre”.

Recomiendan que “los planes sociales cubran a todos los grupos en situación de vulnerabilidad alimentaria. En el caso puntual del Programa de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, debería reabrirse la inscripción y extenderse su ámbito de aplicación a los sectores que aún no reciben las prestaciones”.

Cabe acotar que antes de la partida de la misión, Vilmar Schneider de FIAN, y Ramiro Tellez de Vía Campesina, dejaron en la Casa Rosada un pedido de entrevista para interiorizar a los inquilinos transitorios del primer piso de Balcarce 50 de la centralidad del informe a partir de las constataciones in situ. Nunca obtuvieron respuesta, lo mismo que los reclamos de los sectores más desprotegidos, dado que estos problemas tienden a acentuarse.

En este contexto suena tragicómica, más allá de las intenciones de los organizadores, la maratón que se realizará el 16 de este mes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conmemoración al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Fuente: Prensa de Frente - Boletín quincenal nº24