Paraguay: La lucha por la tierra una vez más pinta de sangre el territorio guaraní

El hecho se dio en el departamento de Canindeyú al noreste del país, en un latifundio perteneciente a Blas N. Riquelme, un antiguo dirigente del partido colorado (de derecha) que se ha desempeñado varios periodos como senador nacional. Los campesinos sin tierras estaban reclamando dicho inmueble por ser una tierra fiscal, según datos de la comisión Verdad y Justicia, que durante la dictadura el ex senador se apropió de ella. Además de los dieciocho muertos, hay centenares de campesinos heridos y muchos desaparecidos que hasta el momento se desconoce su paradero y su condición de salud por el cerco policial y militar establecido en el terreno. El procedimiento policial se desarrolló con 200 efectivos policiales reforzado con un helicóptero y con armas de guerra, mientras que ellos alegan que se destinaban al lugar para dialogar y que las armas solo contenían balines de goma. Paradójicamente el diálogo y la bala de goma arrojaron otros resultados. Cabe mencionar que gran parte de estos efectivos policiales fueron adiestrados por oficiales colombianos, especialistas en asesinatos de campesinos.

Es lamentable el papel que cumplen los policías, en su mayoría hijos de campesinos, la de garantizar que la propiedad de la tierra siga en manos de quienes la poseen hoy, y que esas tierras ayer fueron de los verdaderos sujetos de la reforma agraria, pero esa sangre derramada de los campesinos no será en vano, será para que mañana todas esas tierras malhabidas regresen genuinamente a las manos de quienes las trabajan, de quienes la cuidan, a la manos de los campesinos y campesinas.

Desde el 2000 en Paraguay se ha enjuiciado a mas de dos mil campesinos y mas de 100 asesinados tanto por policías como también por sicarios pagados por terratenientes. Ubicando lo ocurrido dentro de ese contexto, los campesinos para garantizar su seguridad se organizan y se arman para defenderse tanto de los sicarios como también de los policías, teniendo en cuenta que el Estado, al contrario de garantizar la seguridad, ofrece cárcel y muerte a los campesinos.

Este lamentable hecho no es un simple hecho de violencia o un conflicto común, sino es producto de una acumulada deuda histórica que el Estado Paraguayo ha venido sumando hacia los campesinos, que hace décadas han venido reclamando la reforma agraria y la equitativa distribución de la tierra a los sujetos agrarios.
Además de no dar respuestas a los reclamos de las familias campesinas, los terratenientes, empotrados y amparados por el Estado burgués, han desarrollado una serie de mecanismos de represión y persecución hacia las luchas sociales. En ese sentido, el Estado ha sido un fiel defensor de los terratenientes la mayoría brasileños y corporaciones multinacionales para garantizar la producción de soya en el país dejando huellas ecológicas irreparables y secuelas profundas en las comunidades campesinas. Lo ocurrido es un fiel reflejo de la crueldad y mezquindad de la clase dominante que todavía vive en algunos países de nuestra América, en donde las corporaciones del agronegocio con el afán de acaparar tierras para acumular capital a costa de cualquier precio han venido sometiendo, encarcelando, asesinando a los campesinos, históricos defensores de la naturaleza y del territorio.

Este hecho ocurrido en el distrito de Curuguaty en la estancia Murumbi es producto, en lo inmediato, de la mala distribución de la riqueza, y por supuesto los asesinatos y persecuciones de campesinos obedecen estrictamente al plan de seguridad que el gobierno paraguayo de Fernando Lugo ha firmado en el 2009 con el gobierno colombiano y con la embajada norte americana en el país.

Es importante también colocar el papel de los medios de comunicación privada frente a los hechos, que casualmente coincide en su discurso con los empresarios y dirigentes de la derecha al colocar una mirada con intenciones políticas mezquinas jugando maniobras sensacionalista por un lado, al condenar la muerte de los policías con mucha amplitud, por otro lado justificando la muerte de los campesinos sin tierras alegando que los primeros tenían familias y sueños, los segundos armas y antecedentes penales, unos eran los buenos y los otros los malos, policías muertos los héroes, los campesinos muertos terroristas.

Queda claro que mientras no se soluciona el problema de la tierra, mientras no se implementa la reforma agraria en el país seguirán los conflictos, seguirán los combates en donde lastimosamente pierde el campesinado porque los terratenientes con sus sicarios, el Estados con sus tres poderes no deja ninguna posibilidad para que los campesinos logren su bienestar. Pero esta relación asimétrica nunca ha sido un limitante para que los campesinos sigan reivindicando sus derechos. Las organizaciones sociales especialmente los movimientos campesinos están en pie de lucha y se ha decretado en movilización permanente. La Vía Campesina Paraguay, las organizaciones afines y las organizaciones de derechos Humanos se desplazaron al lugar del hecho para garantizar la vida, el respeto a la integridad física y moral de campesinos heridos y detenidos.

Adriano Muñoz Pérez

Organización Campesina del Norte (OCN) – Paraguay

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Fuente: ALAI