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Autor BASE Investigaciones Sociales Idioma Español Pais Paraguay Publicado 13 abril 2018 13:03

Paraguay: Nulo avance en recuperación de tierras mal habidas durante el gobierno de Cartes

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"Está terminando un periodo más de gobierno, sin avances en la búsqueda de reparar aunque sea mínimamente el daño que causó la dictadura de Stroessner a la sociedad paraguaya, y en específico, en lo relativo a la recuperación de las tierras mal habidas".

En agosto próximo concluirá el periodo presidencial encabezado por el Presidente Horacio Cartes. Durante su mandato de cinco años el Estado paraguayo prácticamente no avanzó en la recuperación de las tierras otorgadas irregularmente a los jerarcas de la dictadura stronista. Se suman además cerca de un millón de hectáreas que fueron usurpadas irregularmente por latifundistas y empresas durante los últimos años y que tampoco son reclamadas firmemente por el Estado.

Según el informe de la CVJ (Comisión Verdad y Justicia), las tierras otorgadas por la dictadura de Alfredo Stroessner a personas cercanas a su gobierno suman 1.507.535 hectáreas en la región Oriental y 6.298.834 hectáreas en la región Occidental (ver aquí).

En marzo de 2014, Alfredo Moreno, entonces Procurador General de la República se había referido al tema, informando de la realización de un trabajo interinstitucional sobre el informe de la CVJ, “para la recuperación de tierras mal habidas”. Sin embargo señaló que ese mismo año se perderían demandas planteadas por el Estado para la recuperación de tierras y que esto tendría un costo muy alto para el Estado debido a la regulación de honorarios profesionales que debe abonarse a los abogados y anunció que una de sus preocupaciones era “que el remedio no sea peor que la enfermedad” refiriéndose al costo de los juicios que enfrenta el Estado.

Desde entonces la Procuraduría prácticamente no reporta avances ni información respecto a la recuperación de las tierras entregadas por la dictadura stronista a jerarcas del régimen. La PGR tampoco cumplió con la promesa de impulsar una Ley especial que contemple cuestiones procesales y de fondo que permitan al Estado ganar las demandas, cerrando así otro camino posible para la recuperación de estos inmuebles.

Nuevas tierras malhabidas:

Según el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) en los últimos años cerca de un millón de hectáreas que formaron parte de asentamientos campesinos fueron usurpadas ilegalmente por personas no sujetas a la reforma agraria. Abandonando el intento de recuperar las tierras mal entregadas por el stronismo, en enero de 2015 el INDERT planteó un nuevo mecanismo para la recuperación de estas “nuevas tierras mal habidas” el Sistema de Información de Recurso de la Tierra (SIRT), sin embargo éste tampoco resultó ser un mecanismo eficiente para lograr el objetivo.

Solo un tiempo después de su implementación, el responsable del SIRT y asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el Lic. Hugo Jiménez, señalaba “los lotes que ya tienen título definitivo, aún los conseguidos con informes falsos, no serán cambiados”. “Si el beneficiario ya canceló la deuda con el INDERT, ya hay título finiquitado, con número de finca en el Registro de la Propiedad, ya no hay nada que hacer. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el Estatuto. Es injusto. Pero si se pretende recuperarlos pasarán 50 años en una demanda”. Con lo expresado por Jiménez, prácticamente el gobierno renunció a la promoción de cualquier acción legal para recuperar las tierras mal habidas, y por ende, a los derechos del Estado de recuperar bienes inmuebles que ilegítimamente salieron de su patrimonio y que constituyen valiosos recursos que podían ser destinados para implementar políticas públicas de Reforma Agraria, o por lo menos, para su redistribución a familias campesinas Sin Tierra.

El Poder Judicial:

En setiembre de 2015, la OLT (Organización de Lucha Por la Tierra), impulsó una Audiencia Pública que se llevó a cabo en la sala Bicameral del Congreso Nacional, actividad donde participaron varios referentes de organizaciones campesinas y sociales, y también autoridades de instituciones públicas. En dicha audiencia, el representante de la Procuraduría General de la República, Abog. Enzo Cristaldo, sostuvo que en ese momento existían 32 demandas planteadas por parte de la Procuraduría para la recuperación de las tierras malhabidas, y que de esa cantidad, solo una tuvo sentencia favorable por parte de la justicia, y se trata de un inmueble urbano, de lo que era la mansión de Stroessner, ubicada en Asunción. En esta audiencia, se responsabilizó al Poder Judicial de las trabas para la recuperación de las tierras, e incluso se acusó a dicho Poder de estar blanqueando o legalizando las adjudicaciones ilegales documentadas por la CVJ.

“Nadie hizo más por la recuperación de tierras que este gobierno”

“Desde 1811, este gobierno es el único que ha encarado con seriedad y responsabilidad la recuperación de las tierras mal habidas” decía el presidente del INDERT, Justo Cárdenas durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en mayo de 2017. Sin embargo los resultados presentados por el INDERT distan mucho de ser satisfactorios.

Según el último informe publicado por el INDERT, durante el presente gobierno apenas pudieron restituirse unas 11 mil hectáreas de tierras públicas que fueron usurpadas ilegalmente por personas no sujetas de la reforma agraria (ver aquí).

El proceso de recuperación que se anunciaba con mucho éxito inicialmente, progresivamente se fue disminuyendo y para el año 2017 el Presidente del INDERT ya no tenía nada para informar al respecto.

En estos últimos tiempos, la propaganda más fuerte del INDERT se basa en la “regularización de tierra”, consistente básicamente en la entrega del “Certificado de Adjudicación” a los que reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la Reforma Agraria. Desde el punto de vista del abogado e investigador Abel Areco considerando el marco legal actual vigente, los “Certificados de Adjudicación” no pueden ser considerados como documentos de “regularización”, ya que ni siquiera existe esa figura en las leyes agrarias y el código civil. Según señala, las transferencias de los inmuebles deben ser realizadas con escritura pública e inscribirse en la Dirección General de los Registro Públicos para surtir efectos contra terceros.

“Lo que está haciendo el gobierno actual es documentar las tierras que fueron entregadas por otros gobiernos más que nada, porque en términos reales de recuperación y redistribución de tierra a los labriegos, eso es irrelevante ante la necesidad de acceso a la tierra del campesinado.” indicó Areco.

Consultado sobre las posibilidades reales de recuperar las tierras mal habidas en un futuro próximo, el investigador mencionó que “hoy, con posibilidades de que llegue a la presidencia para el próximo periodo un heredero directo de quien fuera brazo derecho de la dictadura stronista, Mario Abdo Benítez, se aleja cada vez más la consolidación de la democracia en el país y por ende la reparación de los daños que ha ocasionado la dictadura, entre ellos la recuperación de las tierras”.

Así está terminando un periodo más de gobierno, sin avances en la búsqueda de reparar aunque sea mínimamente el daño que causó la dictadura de Stroessner a la sociedad paraguaya, y en específico, en lo relativo a la recuperación de las tierras mal habidas.

Fuente y foto: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)


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