Paraguay: “Parte de la ofensiva para hacer desaparecer al campesinado”
Un no al subsidio puede significar la pérdida de tierras para muchas familias agricultoras, y con ello, el avance del modelo de los agronegocios.
Desde la década de 1990, a partir de la instauración del modelo de los agronegocios, se viene implementando silenciosamente una política de aniquilación a la agricultura campesina. El veto de Horacio Cartes a la ley “Que declara en emergencia nacional la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional” y “De rehabilitación financiera de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina cuyas fincas no excedan las 30 hectáreas, es sólo un eslabón de esa estrategia.
Estigmatizar al campesinado organizado como “haragán” es una de las dimensiones, tarea a cargo de los medios empresariales de comunicación, voceros directos -en la mayoría de los casos- de los gremios empresariales. Parte de este discurso -profundamente ideológico- es que los productores son los sojeros, negando que la producción que realmente beneficia al país, la de alimentos sólo se da en fincas campesinas.
Todos los sectores sociales tienen derecho a exigir al gobierno políticas para su sector. El empresariado ejerce este derecho y con él consiguió, sólo por citar algunos beneficios, un subsidio de USD 30.000 dólares por unidades para la renovación de la flota de transportes público, Gs. 15.000 millones de guaraníes para la Azúcarera Iturbe, además de la reducción del impuesto inmobiliario para latifundistas, para ellos por lo general es suficiente el “lobby”. Sin embargo, los reclamos del campesinado, de trabajadores, pobladores barriales o estudiantes sólo son atendidos con fuertes medidas de presión, por lo que las movilizaciones y las complicaciones que las mismas generan a la población asuncena, son responsabilidad del gobierno.
Esta estrategia de estigmatización al campesinado y a sus formas y símbolos de lucha, pretende construir una opinión pública disciplinada a los intereses empresariales e intentar romper la solidaridad urbana, de manera a tener el camino libre para continuar expulsándolos de sus tierras.
La población paraguaya en el año 1992 era 50% urbana y 50% rural, al 2012 la población rural disminuyó a 40%, en números concretos se estiman que en 10 años 900 mil personas pasaron a vivir del campo a las ciudades. La consecuencia de este proceso de expulsión es que en un periodo de 12 años hubo una reducción del 51% tierras destinadas a la agricultura campesina, mientras que el agronegocio se expandió en 130%.
Se llegó a esta situación, con la implementación de diferentes estrategias, una de ellas fue promoviendo programas que supuestamente beneficiarían a productores y productoras campesinas, quienes se endeudaron -poniendo sus tierras como garantía- con la esperanza y expectativa de que el rubro promovido por el gobierno los beneficiaría. Sin embargo, cayeron en la trampa y lo que está en juego hoy, no es el dinero que deben al sistema financiero, sino sus tierras y con ellas la posibilidad de continuar siendo campesinos y campesinas.
El veto de Cartes, no sólo es un golpe al campesinado paraguayo, sino a toda la población paraguaya dado que lo que está en juego es la producción de alimentos. Si en la actualidad importamos el 50%[1] de los productos frutihoritícolas que se comercializan en el país, con la destrucción de la agricultura campesina será aún mucho mayor. Si actualmente la pobreza rural es 39,72%[2], sin la aprobación de estas leyes la misma se profundizará.
La aprobación de estas dos leyes no solucionará los problemas de la agricultura campesina, resultado de un sistemático abandono, lo que está en juego en Paraguay es la conservación de las tierras campesinas y la posibilidad de alimentos en un futuro inmediato.
Notas
[1] Imás, Víctor (2016). Alimentos: importación y dependencia alimentaria. En: http://www.baseis.org.py/
Fuente: BASE - IS