República Dominicana: Foro Ciudadano "el proyecto de privatización de semillas no garantiza derechos a productores"
El Foro Ciudadano (FC) hace un llamado a la Cámara de Diputados, al Presidente de la República, Danilo Medina, y a la sociedad en general a examinar el llamado proyecto de “Ley Nacional de Semillas” aprobado de prisa en el Senado en primera y segunda lectura los días 23 y 30 de abril respectivamente.
FC señala que el proyecto de ley desprotege los derechos de los agricultores, campesinos y productores agrícolas ya que promueve la privatización y centralización del comercio de alimentos a través de la creación de una “Oficina Nacional de Semillas (ONASE)” que contempla el referido proyecto, y que actuaría como rector absoluto de la certificación de semillas.
Para el Foro este proyecto va en contra de la soberanía alimentaria y de la práctica de la economía social y solidaria, más que nunca necesaria para el desarrollo rural y el bienestar de las familias campesinas, ya que el proyecto de ley fomenta el monopolio en provecho de las empresas nacionales y extranjeras que se dedican a vender semillas certificadas.
El Foro advierte también sobre las modificaciones que contempla el proyecto “Ley de Semillas” a la Ley 450-06, de fecha 6 de diciembre de 2006, relativo al uso de semillas certificadas, que de ser ratificado por la Cámara de Diputados, ocasionaría graves daños a la agricultura dominicana y por ende, a nuestra economía.
En el artículo 4, numeral 7 del referido proyecto, se habla de los transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados (OGM) cuyo uso podría acarrear graves daños a la economía agrícola dominicana, puesto que los países integrantes de la Unión Europea (UE), principales importadores de nuestro cacao y guineo orgánico, se resisten a adquirir alimentos en los que se permite el uso indiscriminado de semillas transgénicas.
Resulta oportuno recordar que el artículo 74 de la Ley 358-05 que crea el Instituto Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios (PROCONSUMIDOR), establece el principio precautorio para proteger a la población de la entrada de alimentos transgénicos no autorizados, de medicamentos y otras sustancias que no hayan superado el análisis de riesgo y cuyo uso pueda afectar la salud de los humanos y el medio ambiente.
La inclusión del uso de semillas transgénicas en el proyecto de ley viola el artículo 53 de la Constitución de la República, el cual dice que toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidos por la ley.
Queda obvio para las organizaciones que conforman el Foro que este proyecto de ley crearía mecanismos de expropriación de las semillas que los campesinos cultivan de generación en generación, desamparándoles de sus tradiciones y patrimonio cultural.
Asimismo las transnacionales y el Estado se apoderarían de la genética de los alimentos, despojando a la población dominicana de seguridad alimentaria en razón de los intereses privados de afianzamiento de capital. FC considera que la base de la “Ley de Semillas” es lucrar a aquellas instituciones interesadas más por el dinero que por el desarrollo integral del sector agropecuario, promocionando así la mercantilización de la vida.
En efecto, el referido proyecto de ley establece en su artículo 56, que ninguna institución crediticia del Estado, como el Banco Agrícola de la República Dominicana y el Banco Nacional de la Vivienda y la Producción (BNV), podrá financiar proyectos agrícolas en los que no se usen semillas patentizadas, lo cual viola el artículo 50 de la Constitución de la República, el cual dice que solo se pueden constituir monopolios en provecho del Estado cuando provecha a las pocas empresas certificadoras de semillas.
En la parte que trata de los integrantes del Consejo Directivo, resulta notorio que no se incluye en el mismo al Instituto Nacional de Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios (PROCONSUMIDOR), ni a las asociaciones campesinas, ni al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI).
Foro Ciudadano considera que el solo hecho de limitar el crédito agrícola para aquellos agricultores que usen semillas certificadas, constituye una desigualdad que sanciona el artículo 39 de la Constitución de la República y podría significar el principio del fin de la micro, pequeña y mediana agricultura, con resultados catastróficos para las mujeres y hombres del área rural.
FC espera que la Cámara de Diputados y el poder ejecutivo pondere en forma debida nuestras observaciones que buscan evitar mayores daños a nuestra agricultura, que requiere, el fomento de la asistencia técnica, el crédito agrícola, la extensión agrícola y otras medidas de carácter técnico que vayan en busca de incrementar la productividad del sector.
Fuente: El Nuevo Diario