Respuesta de Silvia Ribeiro al embajador de Ecuador en México, sobre Acción Ecológica

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El acoso contra Acción Ecológica por su denuncia de violaciones a derechos indígenas e impactos ambientales de la minería motivó que cinco relatores de la ONU exhortaran en diciembre al gobierno de Ecuador a revocar el proceso de clausura y reformar la legislación que usa para disolver grupos de la sociedad civil (ambientales, derechos humanos y sindicales).

Fueron los relatores sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; sobre situación de los defensores de derechos humanos; sobre obligaciones en derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible, y sobre derechos de los pueblos indígenas. Comunicado de ONU: goo.gl/EsXZTD

El gobierno de Ecuador debe explicar por qué no ha realizado las consultas libres, previas e informadas con las comunidades Shuar, a las que está obligado por leyes nacionales y tratados internacionales, y en su lugar procedió al desalojo violento militar y policiaco, causando la reacción del pueblo Shuar y los graves conflictos acontecidos.

Acción Ecológica es independiente de todo partido político y en ningún caso se desvió de sus objetivos –los honra y reafirma al igual que a la Constitución de Ecuador en la defensa de los derechos de la naturaleza. Tampoco apoyó ni incitó actos violentos, lo cual se muestra incluso en las pruebas del gobierno. Por el contrario, llamó a crear una Comisión de Paz y Verdad ante los conflictos en la región; el gobierno respondió pidiendo el cierre de la organización.

Cada acusación del gobierno contra AE ha sido refutada con hechos y documentos, todo presentado al Ministerio del Ambiente el 6 de enero, que pueden ser valorados por los lectores en: goo.gl/mo20N2

Atentamente

Silvia Ribeiro

- Artículo original: Gobierno ecuatoriano contra indígenas y ecologistas

- Respuesta del embajador de Ecuador en México

Fuente: La Jornada

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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